El retrato del comercio minorista argentino atraviesa un momento de turbulencia que ha llevado a los grandes actores del sector a golpear puertas gubernamentales. A lo largo de los últimos meses, la confluencia de una demanda en caída libre y la persistencia de prácticas comerciales informales ha generado una presión creciente sobre las autoridades para que intervengan con herramientas de control más sofisticadas. Lo que comenzó como un reclamo sectorial en conversaciones administrativas se perfila ahora como una iniciativa de fiscalización que promete transformar el panorama de los comercios de proximidad mediante tecnología de inteligencia artificial y estrategias de rastreo de operaciones. El fenómeno merece atención no solo por sus implicancias tributarias inmediatas, sino porque cuestiona equilibrios de mercado que se han mantenido durante décadas en la economía doméstica.

Durante un encuentro sostenido en las primeras semanas de julio, referentes de la distribución minorista se reunieron con los máximos responsables de la política económica nacional. En esa ocasión, Luis Caputo, ministro de Economía, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, escucharon de primera mano las preocupaciones de una industria que observa cómo su participación en el mercado se contrae significativamente. Los números que trajeron a la mesa revelan una realidad incómoda: hace apenas tres décadas, durante el esplendor previo a la crisis de 2001, las grandes cadenas de supermercados controlaban la mitad de todas las compras de consumo básico en el país. Esa cifra ha colapsado hasta apenas un tercio en la actualidad. Mientras tanto, en otros territorios latinoamericanos, la tendencia ha sido diametralmente opuesta: las grandes superficies comerciales han ampliado su dominio de mercado, escalando desde porcentajes inferiores al 50% hace un cuarto de siglo hasta casi el 65% en la contemporaneidad.

El dilema de la competencia desigual

La brecha que separa estos dos escenarios —el argentino y el latinoamericano— no responde únicamente a cambios en las preferencias de consumo o a mutaciones en las costumbres de compra. Según los análisis presentados por el sector, existe un factor determinante que explica esta divergencia: la deficiencia crónica en los mecanismos de vigilancia tributaria y laboral aplicados a comercios que operan fuera del marco regulatorio. Los responsables de las grandes cadenas argumentan que enfrentan una competencia que no se desarrolla en igualdad de condiciones. Mientras ellos cargan con estructuras de costos complejas —donde la nómina salarial absorbe más de la mitad de todos sus gastos operativos—, sus competidores informales esquivan esas obligaciones mediante prácticas de subdeclaración, empleo no registrado y transacciones en efectivo que no dejan rastro institucional.

El Estado, por su parte, reconoce que existe una problemática de ingresos que requiere atención urgente. En junio, la recaudación tributaria registró una contracción real del 7,4% en comparación con igual período del año anterior, según análisis especializados del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Paralelamente, el consumo de los hogares acumula siete meses consecutivos de retracción, con caídas que alcanzaron casi el 3% en junio. Aunque ciertos rubros obtuvieron beneficios puntuales vinculados a eventos deportivos internacionales, el sector supermercadista no logró escapar a la tendencia general: sus ventas cayeron un 2,6% en comparación con junio del año anterior, prolongando una secuencia de contrataciones que comenzó meses atrás.

La tecnología como respuesta: un piloto de precisión tributaria

En respuesta a estas confluencias de presiones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra en fases avanzadas de preparación de una prueba piloto que representa un salto cualitativo respecto de iniciativas similares del pasado. La propuesta que ahora se materializa toma inspiración en un proyecto formulado hace seis años por la administración municipal porteña, cuando Andrés Bellota encabezaba el organismo tributario local. En aquella oportunidad, la iniciativa no logró prosperar, pero sus fundamentos teóricos permanecieron en los archivos institucionales. Ahora, equipada con capacidades computacionales y algoritmos de aprendizaje automático que eran impensables en 2019, la estrategia se presenta renovada. La mecánica central gira en torno a una fórmula polinómica sofisticada que permitirá estimar con mayor precisión las ventas reales a través de toda la cadena de distribución, desde los productores hasta el consumidor final.

Los objetivos de esta vigilancia remota incluyen tanto el aspecto tributario como el laboral. El sistema busca identificar inconsistencias en las declaraciones impositivas, pero también detectar irregularidades en el cumplimiento de normas de empleo. Esto resulta particularmente relevante en comercios que operan tradicionalmente con efectivo, que no expiden comprobantes, que realizan subdeclaraciones de ingresos, y donde los trabajadores carecen de formalización o figuran con cargas horarias menores a las efectivamente cumplidas. Para lograrlo, se implementará una trazabilidad que permita seguir la mercadería desde su ingreso hasta su venta, triangulando información entre múltiples puntos de la cadena comercial. Un operativo piloto ejecutado hace poco más de una semana proporciona señales sobre el potencial de esta metodología: en 92 establecimientos chinos distribuidos en el interior del país, donde participaron 18 direcciones regionales de la agencia, se hallaron irregularidades de facturación en el 39% de los casos, vinculadas a la no emisión de comprobantes, rechazo de medios de pago electrónicos, imposibilidad de justificar la tenencia de stock y ausencia de controladores fiscales de reporte de ventas.

Más elocuente aún resulta el panorama laboral revelado en ese mismo operativo: el 75% de los negocios inspeccionados presentaba trabajadores con distintas categorías de irregularidad. No se trataba únicamente de empleados no declarados, sino de casos complejos donde figuraban altas tardías, trabajadores sin números de identificación tributaria, remuneraciones con montos inconsistentes, fechas de ingreso contradictorias, y compensaciones entregadas sin documentación de respaldo. Este hallazgo sugiere que la informalidad no es un fenómeno de baja intensidad sino una práctica sistémica en ciertos segmentos del comercio minorista. Las provincias también son convocadas a intensificar controles en sus respectivos territorios, considerando que la evasión en comercios de proximidad representa uno de los focos de mayor sangría fiscal en términos porcentuales.

Estrategias segmentadas y focos de control

Las autoridades tributarias provinciales, particularmente en Buenos Aires, han adoptado un enfoque estratégico que evita dispersar esfuerzos en controles indiscriminados. La lógica subyacente es concentrar vigilancia en sectores que presentan mayor capacidad económica para cumplir con sus obligaciones y donde existen mayores volúmenes de operaciones. Esta racionalidad persigue ampliar la base de contribuyentes formales en rubros de comercio de proximidad, históricamente asociados con altos índices de evasión. Durante el primer semestre del año, el comercio mayorista y minorista concentró el 42,5% de toda la recaudación generada mediante procedimientos de fiscalización remota en la provincia bonaerense, el porcentaje más elevado entre todos los sectores económicos monitoreados. Estos mecanismos combinan análisis remotos con inspecciones físicas, integrando datos de diversas fuentes para segmentar a los contribuyentes y monitorear su inscripción tributaria, sus declaraciones juradas, el respaldo documental de sus compras y la coherencia entre adquisiciones, ventas e ingresos percibidos. En paralelo, se relevaron 27.601 movimientos de carga, de los cuales el 53,6% resultaba vinculado a actividades comerciales e industriales, permitiendo rastrear la circulación de mercancías por el territorio provincial.

Lo que se pone en juego en esta transformación de los mecanismos de control trasciende el mero aspecto recaudatorio. Las consecuencias potenciales de una ofensiva tributaria de esta magnitud se ramifican en múltiples direcciones: por un lado, si la fiscalización logra sus objetivos, los comercios informales enfrentarían presiones para formalizarse, lo que incrementaría costos operativos inmediatos pero también garantizaría mayor estabilidad institucional. Por otro lado, una menor competencia desleal podría beneficiar a las grandes cadenas, pero esto no necesariamente se traduciría en menores precios para el consumidor, considerando que las presiones inflacionarias persisten independientemente de la estructura competitiva del mercado. Adicionalmente, existe la posibilidad de que pequeños emprendimientos comerciales, incapaces de absorber nuevas cargas tributarias y laborales, se vean forzados a cerrar, reduciendo la diversidad comercial en barrios y zonas periféricas. Finalmente, debe contemplarse que la recaudación adicional que podría generarse desde estos segmentos representa una oportunidad para mejorar ingresos fiscales, aunque también existe el riesgo de que comerciantes recurran a nuevas estrategias de evasión si perciben que los controles son aplicados selectivamente o que los márgenes de ganancia resultan insostenibles bajo formalización completa.