La batalla por quedarse con la mayor tajada posible de la riqueza que generan los recursos naturales ya no es un asunto que se resuelva únicamente en las mesas de negociación entre empresas transnacionales y funcionarios nacionales. Desde hace tiempo, los gobiernos provinciales han tomado las riendas del juego y están escribiendo sus propias reglas del negocio. Lo que está sucediendo en territorios como Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y las provincias mineras del noroeste representa un cambio significativo en cómo se distribuyen los beneficios de la explotación energética y mineral en la Argentina. Se trata de un fenómeno que modifica el equilibrio tradicional del federalismo argentino y que promete reconfigurar las relaciones entre los estados provinciales, el gobierno nacional y los grandes capitales internacionales que invierten en estos sectores.

El juego de poder territorial: quién decide cómo se explota la riqueza

Las provincias tienen un argumento de peso en sus negociaciones: son propietarias de los recursos que yacen en sus territorios. Esa premisa constitucional las coloca en una posición de poder que durante décadas fue subestimada. Ahora, con perspectivas de exportaciones que rondan los 11.000 millones de dólares anuales en petróleo y gas, y aproximadamente 9.000 millones en minerales, los gobiernos locales se han percatado de que pueden imponer condiciones bastante más exigentes que las que enfrentaban hace una década. No se trata solamente de cobrar cánones o royalties, los mecanismos tradicionales. Los estados provinciales están inventando nuevos instrumentos tributarios y regulatorios que funcionan como barreras aduaneras internas, diseñadas para asegurar que una porción sustancial de esos beneficios quede circulando dentro de sus propias jurisdicciones.

El caso de Río Negro ilustra con claridad esta estrategia. Cuando se definió el destino del oleoducto Vaca Muerta Sur —el proyecto que promete transportar 550 mil barriles diarios desde Neuquén hacia la costa— la provincia patagónica logró desplazar a Buenos Aires de la puja por la radicación del puerto de embarque. Punta Colorada, en territorio rionegrino, terminó siendo elegido frente a Bahía Blanca, la alternativa que inicialmente parecía más viable. Esa victoria abrió el camino para negociar una serie de pagos extraordinarios que no existían antes. La legislatura provincial aprobó un acuerdo con YPF y sus socios productores —Pluspetrol, Pan American Energy, Chevron, Shell, Tecpetrol y otras empresas— que instituye formalmente varios tributos innovadores. El primero es un "Aporte al Desarrollo Territorial" de 60 millones de dólares único. Luego viene un "Aporte Comunitario" de 40 millones anuales durante trece años. Se suman tasas de fiscalización por 3 millones de dólares anuales y finalmente gravámenes por el uso del dominio público portuario, hídrico y costero por 14 millones más. En total, Río Negro estima recaudar alrededor de 600 millones de dólares en la próxima década solamente por este proyecto.

La creatividad tributaria de las provincias no se detiene allí. Apenas treinta días después, la misma legislatura rionegrina ratificó otro acuerdo, esta vez con Southern Energy y San Matías Pipeline SA, responsables de construir la primera planta de licuefacción de gas natural del país. Este proyecto, que incluye infraestructura portuaria e instalaciones de procesamiento, promete aportar 490 millones de dólares adicionales en las próximas dos décadas. Lo interesante es que a cambio de estos "aportes", las empresas quedan exentas de pagar Impuesto a los Sellos, el gravamen tradicional que normalmente se cobra en operaciones de esta envergadura. Se trata de una negociación donde ambas partes intercambian beneficios: las compañías obtienen certidumbre fiscal y menor carga tributaria clásica; la provincia accede a ingresos extraordinarios y dedicados específicamente a financiar el desarrollo territorial.

Neuquén: cuando la provincia se vuelve empresaria y reguladora simultaneamente

Neuquén, el epicentro histórico del boom petrolero argentino, ha llevado esta estrategia a un nivel de sofisticación mayor. Su gobernador logró negociar un bono de 100 millones de dólares cuando Exxon vendió sus activos de Vaca Muerta a Pluspetrol por 1.600 millones. El argumento fue ingenioso: la empresa estatal provincial G y P, que tenía derechos sobre esos activos, debió resignar su derecho de preferencia —el "first refusal" que la habría priorizado en la transacción. Esa renuncia, aunque legal, tuvo un costo económico que la provincia decidió trasladar a quien se beneficiaba con ella. De facto, Neuquén instituyó un gravamen del aproximadamente 6% sobre este tipo de transacciones de activos petroleros, sentando un precedente que probablemente moldee futuras operaciones similares.

Pero la creatividad neuquina no termina ahí. La provincia mantiene desde hace años una ley de "compre neuquino" que obliga a que el 60% de todas las contrataciones que realicen las empresas de hidrocarburos sean con proveedores locales. Esa obligación ha generado un ecosistema de aproximadamente 800 empresas certificadas para cumplir con esa exigencia. Sin embargo, el sistema presenta grietas interesantes: algunas de esas firmas que tienen certificación neuquina no son originarias de la provincia. Un ejemplo notable es Coviaq, una empresa bonaerense con base en La Plata que logró inscribirse como proveedora neuquina. Esa permeabilidad, aunque abre espacios, también ha consolidado un núcleo de nombres que dominan el mercado local, limitando la competencia y generando presión alcista en los precios. Según testimonios de empresas que operan en el territorio, una estructura metálica para un galpón puede costar 180% más en un taller neuquino que en uno santafesino. Ese diferencial es el precio que las petroleras pagan por mantener la paz con la administración provincial y asegurar la continuidad operativa de sus proyectos.

El dilema de la mano de obra: calificación versus localismo

Las exigencias sobre contratación de trabajadores locales enfrentan a las provincias con un dilema que nadie mencionaba hace unos años. Santa Cruz, la principal productora de oro y plata del país bajo el liderazgo del gobernador Claudio Vidal, impuso mediante ley que el 90% de los trabajadores en la actividad minera sean santacruceños. Salta, Jujuy, Catamarca y San Juan implementan exigencias similares, aunque con variaciones. El propósito es loable: retener empleo y riqueza en territorios que históricamente han sido periféricos en la economía nacional. No obstante, la realidad operativa es más compleja. Megaproyectos mineros y petroleros requieren personal con altísima especialización: ingenieros, técnicos, operadores de equipos sofisticados. No siempre existe esa oferta de mano de obra calificada dentro de las fronteras provinciales.

Las empresas e inclusive los voceros del sector minero reconocen esto de manera diplomática. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, ha sugerido públicamente que "las leyes de compre tendrían que ser superadas por una prioridad local", una formulación que busca suavizar la rigidez de las obligaciones sin rechazarlas frontalmente. Los mineros aceptan cumplir con altos porcentajes de ocupación local —manifiestan que pueden llegar al 90% en Santa Cruz—, pero solicitan flexibilidad para los puestos que exigen mayor calificación técnica. Como respuesta a este desafío, empresas y gobiernos provinciales han comenzado a desarrollar programas conjuntos de capacitación de mano de obra. La idea es crear la oferta local que actualmente falta, anticipándose a los requerimientos que generarán los megaproyectos en ejecución. Aun así, existen precedentes incómodos: durante la construcción del gasoducto Perito Moreno, fue necesario importar veintiocho soldadores desde Turquía porque no había personal calificado disponible localmente. Ese tipo de episodios refuerza tanto el argumento empresario a favor de mayor flexibilidad como la determinación provincial de invertir en formación local.

La expansión del modelo: provincias sin recursos quieren entrar en el juego

Lo que comenzó como una estrategia de las provincias productoras de energía y minerales ha empezado a contagiarse hacia territorios que carecen de esos recursos pero aspiran a participar en las cadenas de valor asociadas. Córdoba y Santa Fe, gobiernos con presencia territorial y capacidad industrial, han comenzado a gestionar su inserción en estos negocios. El gobernador de Córdoba y su par santafesino se sumaron a los debates de la Mesa de la Minería, constituida recientemente en San Juan como espacio de articulación federal. Esa mesa contó con la participación de Karina Milei, funcionaria nacional, lo que sugiere que el tema está adquiriendo relevancia en la agenda estatal centralizada. El interés de provincias no productoras es comprensible: si Neuquén logra capturar una parte significativa de la riqueza petrolera mediante leyes de compre local, ¿por qué no podrían Córdoba y Santa Fe posicionarse como proveedoras de bienes y servicios sofisticados para esos megaproyectos?

Esa lógica, aunque económicamente sensata, plantea un riesgo de fragmentación. Si cada provincia donde se desarrolla un proyecto energético o minero establece requisitos de contratación local, y al mismo tiempo provincias vecinas pretenden acceder a esos mercados, se podría generar un sistema de cercos concéntricos que entorpezca el funcionamiento fluido de las cadenas de valor. Ya existen ejemplos de esa tensión: una empresa proveedora de Santa Fe podría encontrarse con regulaciones neuquinas que la desventajen; inversores de Buenos Aires podrían ver restringidas sus oportunidades de negocio en Río Negro. El federalismo, que en teoría permite que cada provincia persiga sus intereses locales, podría transformarse en un laberinto de regulaciones que complejice las operaciones industriales de gran escala que el país necesita realizar.

Las implicancias: un cambio de paradigma en las relaciones entre estados y mercados

Lo que está sucediendo representa un reposicionamiento político de las provincias en el arquitectura del federalismo argentino. Históricamente, Buenos Aires y la administración nacional dominaron las negociaciones con grandes capitales inversores. Las provincias eran actores secundarios, aceptando los términos que se les imponían a cambio de algún ingreso tributario marginal. Hoy ese balance se ha invertido parcialmente. Los gobiernos locales, conscientes de que poseen un recurso escaso —los yacimientos petroleros y mineros—, están ejerciendo poder de mercado de manera más agresiva. La creación de nuevos tributos, las exigencias de contratación local, los requisitos de compre provincial, son expresiones de esa nueva correlación de fuerzas.

Para los inversores multinacionales, esta situación presenta costos de transacción más altos. Cada provincia establece un régimen diferente; cada proyecto requiere negociaciones específicas. Algunos aceptan esas condiciones porque los márgenes de ganancia siguen siendo atractivos incluso después de pagar los "aportes" territoriales y comunitarios que demandan. Otros podrían replantearse sus planes de inversión si consideran que la suma de exigencias locales, nacionales y tributarias clásicas erosiona demasiado sus perspectivas de retorno. El contexto global de competencia por inversión en energías fósiles añade presión: si Argentina se vuelve demasiado exigente en términos regulatorios y tributarios, el capital podría dirigirse hacia otros países productores que ofrezcan marcos más previsibles o gravámenes menores.

Para las provincias no productoras, la expansión de este modelo genera tanto oportunidades como riesgos. Si logran posicionarse como proveedoras especializadas, podrían capturar una parte de la riqueza generada en territorios vecinos. Pero si los cercos locales se endurecen, podrían quedar afuera de mercados que potencialmente ofrecerían negocios rentables. Para el gobierno nacional, el desafío es equilibrar el interés legítimo de las provincias en beneficiarse de sus recursos con la necesidad de mantener la predictibilidad regulatoria que atraiga inversiones de magnitud. La posibilidad de que Vaca Muerta y el desarrollo minero se consoliden como políticas de Estado dependerá, en buena medida, de si se logra un consenso federal que impida que los cercos internos terminen sofocando el dinamismo de estos sectores.