El termómetro de la vulnerabilidad social volvió a marcar en rojo durante julio. Los cálculos oficiales que determinan cuánto dinero precisa un hogar para evitar caer en la trampa de la pobreza arrojaron resultados que contradicen la narrativa de estabilización económica: una familia de cuatro personas necesitó desembolsar 1.564.716 pesos para mantenerse por encima del umbral de indigencia, mientras que la inflación mensual apenas rozó el 2,1%. Este desfase entre lo que sube el costo de vida y lo que aumentan las necesidades básicas configura un escenario donde la recuperación aparente de meses anteriores comienza a resquebrajarse. El dato importa porque revela una realidad que trasciende los números macroeconómicos: millones de argentinos se encuentran en una carrera contrarreloj donde sus ingresos pierden terreno frente a los gastos indispensables para sobrevivir.
Los guarismos divulgados en las últimas horas por el organismo oficial pintan un cuadro de preocupación que se intensifica cuando se analiza con detalle. Mientras el índice de precios generales se ubicó en 2,1% mensual, la canasta de alimentos básicos creció 2,6% y la canasta total —que incluye servicios e insumos esenciales más allá de la alimentación— avanzó 2,2%. Esa brecha, aunque parezca marginal, se multiplica cuando se proyecta a lo largo de meses y tiene consecuencias devastadoras en los presupuestos domésticos. Para una persona que vive sola, el umbral de pobreza se estableció en 506.381 pesos, mientras que quien no accede ni a eso cae en indigencia, categoría que comienza en 229.131 pesos mensuales. Las magnitudes escalan conforme crece el tamaño familiar: una familia de tres integrantes necesitó 1.245.696 pesos para no ser considerada pobre, mientras que los de cinco miembros requirieron 1.645.737 pesos.
El retorno de una tendencia que parecía controlada
Durante los primeros meses del año en curso, la pobreza había comenzado a ceder terreno. Después de haber alcanzado máximos históricos cercanos al 53% en el primer semestre de 2024 —cuando convergieron la devaluación inicial, el salto inflacionario y la contracción económica—, los indicadores iniciaron una trayectoria descendente que llegó a tocar 28,2%, la cifra más baja en siete años. Este aparente alivio se sustentó en tres pilares específicos: primero, la desaceleración sostenida de la inflación que permitió que los precios se anclen en expectativas más realistas; segundo, el comportamiento excepcional de los precios de alimentos, que pasaron de aumentar 253% durante 2023 —catástrofes que superó la inflación general de ese año— a crecer apenas 32% el año pasado, apenas rozando el incremento de precios generales. El tercer factor fue la política de preservación de ingresos focalizados: la Asignación Universal por Hijo, única partida de gasto social que no fue desmantelada, registró un crecimiento real de 63% entre 2023 y 2025, operando como colchón para familias con menores recursos.
Sin embargo, los indicios de quiebre comenzaron a vislumbrarse hacia el cierre del año anterior. La inflación, que había descendido hasta 1,5% en mayo, resurgió con vigor llegando a 2,8% en diciembre. Los alimentos nuevamente protagonizaron la escalada, impulsados fundamentalmente por los precios de la carne, que quebraron la tendencia moderada que venía consolidándose. Aunque todavía no existen mediciones oficiales de pobreza para el primer semestre —el organismo responsable promete difundirlas en septiembre—, los datos preliminares extraídos de la encuesta permanente de hogares sugieren un cambio de dirección inquietante: 6,5% de indigencia y 30% de pobreza en el primer trimestre. La divergencia entre estos números y los que se esperaría ver si la mejora continuara marca un punto de inflexión que los datos de julio confirman y profundizan.
La brecha que ensancha: cuándo los ingresos no alcanzan
Lo que hace particularmente preocupante la situación de julio es que las canastas básicas crecieron por encima de la inflación general. Este fenómeno, que podría parecer técnico, tiene implicancias concretas en hogares reales: significa que los bienes y servicios más esenciales —alimentos, servicios básicos, transporte— aumentan más rápidamente que otros rubros, concentrando la presión inflacionaria precisamente en los gastos que no pueden posponerse ni eliminarse. Una familia no puede dejar de comer porque la carne subió, ni puede prescindir de servicios como electricidad o gas. En cambio, sí puede reducir el consumo de otros bienes, lo que explicaría por qué la canasta total creció menos que la canasta alimentaria. Para los trabajadores informales, los jubilados con haberes congelados o quienes dependen de programas sociales, esta estructura de precios se convierte en una cuestión de supervivencia económica inmediata. El recupero del empleo informal que contribuyó a bajar la pobreza en los últimos meses enfrenta ahora un desafío: ese empleo genera ingresos que no siempre logran mantener el ritmo con un costo de vida que aceleraba su marcha.
Los números interanuales completan el panorama sombrío. Comparando julio de este año con julio del anterior, la canasta de alimentos básicos aumentó 37,4% mientras que la canasta total trepó 36,1%. La inflación general interanual fue de 33,8%, lo que confirma que año tras año, los costos de supervivencia se distancian cada vez más de la inflación promedio. Esto significa que alguien que percibió un aumento salarial del 33,8% en los últimos doce meses en realidad perdió poder adquisitivo si sus gastos se concentran en alimentos y servicios básicos. Para trabajadores cuya negociación salarial se ata a la inflación general, este desfase es particularmente perjudicial. Muchas paritarias se cierran alrededor de números cercanos al IPC, condenando a quienes viven del salario a una pérdida neta de ingresos reales cuando los alimentos avanzan más rápido.
El contexto macroeconómico en el que ocurren estas mediciones ayuda a entender por qué la tendencia de recuperación de meses pasados muestra signos de agotamiento. La economía argentina enfrenta desafíos simultaneados: la actividad económica sigue siendo débil, lo que limita la creación de empleos formales; la inflación, aunque controlada respecto a años anteriores, persiste en tasas que duplican las de economías desarrolladas; y los precios de ciertos alimentos, particularmente la carne, que representa un porcentaje significativo del gasto alimentario promedio, han experimentado volatilidad. La combinación de actividad económica reducida con presiones de precios en rubros esenciales genera un escenario donde los ingresos de los trabajadores, principalmente los de menores recursos, quedan cada vez más rezagados frente a necesidades que no pueden esperar.
¿Qué significa esto hacia adelante?
Los datos de julio plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la baja de pobreza alcanzada en los meses previos. Si la tendencia de precios de alimentos por encima de la inflación general continúa, si la actividad económica no genera nuevos empleos formales en cantidad significativa, y si los programas de transferencia de ingresos no acompañan la aceleración de costos, las estadísticas de vulnerabilidad podrían volver a mostrar una trayectoria ascendente en los relevamientos que se conocerán en los próximos meses. Por el contrario, si la inflación en alimentos se modera nuevamente, si hay una recuperación más robusta de la actividad económica que impulse empleo de mejor calidad, y si los salarios logran negociaciones que superen el índice de precios de bienes básicos, podría consolidarse un escenario donde los ingresos familiares recuperan terreno. Lo que suceda en los mercados agrícolas internacionales, en las políticas monetarias y fiscales domésticas, y en la capacidad de negociación de trabajadores, será decisivo para determinar si los números de julio representan un punto de quiebre hacia el deterioro o una volatilidad dentro de un proceso más amplio de estabilización.
