El panorama de las grandes obras de infraestructura en Vaca Muerta experimenta un giro radical. La licitación para construir dos ductos fundamentales del proyecto Argentina LNG acaba de resolverse mediante un mecanismo nunca antes utilizado en la región: una subasta inversa electrónica donde los participantes no conocen la oferta del competidor ni siquiera si sigue en carrera. El resultado es un contrato de 1.200 millones de dólares adjudicado a un consorcio encabezado por Pumpco, brazo constructivo de la multinacional estadounidense MasTec, cuyo dueño es Jorge Mas, propietario del equipo de fútbol Inter Miami. Esta decisión marca un punto de inflexión en cómo se asignan los recursos para expandir la capacidad exportadora del país, dejando en evidencia una transformación profunda en las prioridades del sector.

Lo que ocurrió en esta compulsa trasciende el simple resultado económico. Durante semanas, el consorcio integrado por la estadounidense Pumpco, la constructora italiana Bonatti y la empresa local Contreras Hermanos compitió contra la alianza Techint-Sacde en un escenario sin precedentes. La plataforma digital establecida por YPF funcionó como un mecanismo de pujas descarnadas: se fijó un tope máximo de presupuesto y desde allí ambos oferentes redujeron sus montos en tiempo real, sin acceso a información sobre qué estaba proponiendo su rival ni si había abandonado la contienda. Esta arquitectura de competencia ciega eliminó deliberadamente cualquier consideración más allá del precio final. No hay espacio para evaluar trayectorias empresariales, capacidades logísticas preexistentes, relaciones consolidadas con operadores o ventajas de sinergia con otras obras en desarrollo. Solo importa quién puede sostener la cifra más baja sin rendirse.

Un cambio de paradigma en la selección de proveedores

La obra en cuestión comprende la construcción de dos ductos de magnitud considerable: un gasoducto de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, ambos extendiéndose aproximadamente 527 kilómetros desde Meseta Buena Esperanza hasta Sierra Grande. Se trata de infraestructura crítica para canalizar la producción de gas natural que Argentina planea exportar hacia mercados globales. De un universo inicial de cerca de siete empresas y consorcios interesados, el proceso de evaluación técnica redujo los candidatos a dos finalistas. A partir de ese punto, el procedimiento adoptó características de subasta a la baja donde la competencia se resolvió mediante presión económica pura, sin interferencias de otros factores.

El impacto de esta metodología va más allá de quién resultó ganador. Lo que emerge es un patrón consolidado: en las últimas licitaciones de infraestructura vinculadas a los proyectos de licuefacción y exportación de gas natural de Vaca Muerta, la variable económica se ha convertido en casi la única que define el resultado. Los fornecedores internacionales, muchos de ellos ingresando al mercado argentino por primera vez, operan con estructuras de rentabilidad distintas a las de empresas con costos locales arraigados. Pueden sostener márgenes más comprimidos porque distribuyen riesgos en geografías múltiples o cuentan con escalas de operación mayores. La subasta a ciegas profundiza esta lógica al eliminar cualquier compensación que pudiera ofrecerse a cambio de elegir a un proveedor local con experiencia acumulada. El resultado es un terreno cada vez menos favorable para quienes históricamente dominaron este tipo de contratos en Argentina.

El retroceso de los actores tradicionales y el avance de los jugadores globales

Para MasTec, empresa estadounidense con facturación anual cercana a 14.300 millones de dólares, esta adjudicación representa un hito importante. Pumpco, su filial especializada en construcción, había participado sin éxito en tres licitaciones previas en Argentina: la reversión del gasoducto norte, el oleoducto VMOS y el ducto que financia Southern Energy, otra iniciativa de GNL en Vaca Muerta impulsada por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Después de tres intentos fallidos, logra romper la barrera de entrada al mercado argentino de infraestructura energética con el contrato más relevante que ha salido a licitación en los últimos tiempos.

Del lado opuesto, Techint y el Grupo Mindlin encaran su segunda derrota consecutiva en competencias de este tipo. La sociedad Techint-Sacde, bajo la conducción de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, había quedado fuera hace pocas semanas de la licitación del ducto de SESA. Estas dos derrotas seguidas revelan la dificultad que enfrentan ahora actores con décadas de presencia en el sector para adaptarse a un nuevo modelo de selección centrado exclusivamente en precio. Su trayectoria, sus conocimientos sobre la geografía y las particularidades del territorio argentino, sus relaciones institucionales y sus capacidades operativas consolidadas pierden peso decisivo frente a oferentes que, aunque sin experiencia local, pueden presentar números más agresivos.

El calendario próximo incluye capítulos adicionales que replicarán esta misma tensión. La provisión de los caños que integrarán ambos ductos aún debe definirse, y según fuentes del sector, ese proceso de licitación se lanzaría hacia fines del mes. En licitaciones previas de infraestructura energética en Vaca Muerta, la adquisición de tubería fue la instancia que derivó en mayores conflictividades con la industria local. Tenaris, el principal fabricante de tuberías de Argentina, quedó fuera de las adjudicaciones para el gasoducto de SESA frente a oferentes internacionales, y ahora enfrenta un escenario similar en Argentina LNG. La confirmación definitiva del contrato para los ductos se formalizará en un plazo de 20 a 30 días según los cronogramas que manejan las partes involucradas.

Los distintos actores del ecosistema empresarial de Vaca Muerta procesarán estos resultados con perspectivas divergentes. Para inversores globales en energía, el modelo de subasta ciega representa transparencia y eficiencia: asegura que los recursos se asignen al oferente que puede entregar la infraestructura al menor costo, sin margen para favoritismos o consideraciones políticas. Para proveedores y constructoras locales, el mismo mecanismo presenta desafíos de competitividad estructural: deben competir contra rivales con escalas mayores, acceso a financiamiento diversificado y la flexibilidad de operar con márgenes que una empresa con estructura de costos argentina no puede sostener. Para el Estado, la cuestión se plantea en términos de velocidad de ejecución versus capacidad de encadenamiento productivo local. Cada licitación resuelta favorece proyectos que avanzan rápidamente, pero también consolida una cadena de valor donde los actores locales pierden participación gradualmente, con implicancias económicas y laborales que se extenderán más allá del ciclo actual de inversión en energía.