La inflación argentina tocó hace poco su punto más bajo en catorce meses. Ese logro, celebrado por la administración nacional como el principal avance de su gestión económica, ahora enfrenta una amenaza silenciosa que opera en los mercados internacionales: el barril de petróleo escaló hasta los 105 dólares en el comercio global, presionando los combustibles locales que permanecen congelados desde abril. Los números son contundentes: las refinadoras pierden más de 150 millones de dólares mensuales para mantener ese virtual congelamiento, mientras el Estado resigna recaudación tributaria por una cifra equivalente, todo en función de un único objetivo político: evitar que un eventual aumento de nafta y gasoil reactive la inflación y deshaga los avances conseguidos.

Durante los primeros meses del año, cuando los conflictos en Oriente Medio provocaron saltos bruscos en los precios internacionales del crudo, Argentina experimentó un "shock inflacionario" que coincidió con la actualización de tarifas de servicios básicos. Ese fue el contexto que obligó a diseñar un mecanismo de contención: un acuerdo entre las petroleras operadoras del país -encabezadas por YPF, acompañadas por Mercuria, Axion, Trafigura y sus respectivas marcas- que decidió absorber la diferencia entre lo que cuesta el petróleo en el mundo y lo que pueden cobrar en las bombas de nafta. Los aumentos de marzo, que rondaron entre 20 y 25 por ciento, marcaron un piso que no se ha movido desde entonces. Aunque parezca una solución ingeniosa, sus consecuencias financieras son profundas y sostenidas en el tiempo.

El costo oculto del congelamiento

La mecánica del problema es simple pero brutal. Las refinadoras compran aproximadamente 530 mil barriles diarios de petróleo a productoras no integradas como Vista Energy, Pluspetrol, Chevron y Phoenix Global Resources a precios cercanos a los cotizados internacionalmente. Sin embargo, deben revenderlo a los surtidores a un valor que ronda los 84 o 85 dólares por barril, entre 10 y 15 dólares por debajo de su paridad real en el mercado global. Esa brecha, multiplicada por la cantidad de barriles procesados diariamente, genera pérdidas mensuales que superan ampliamente los 150 millones de dólares. Es un subsidio encubierto que el sector petrolero privado sostiene con sus propios márgenes de ganancia, bajo presión gubernamental implícita.

La situación se agrava cuando se considera el lado fiscal del asunto. El Gobierno, a través de sus distintas agencias de recaudación, también participa del congelamiento al no actualizar los impuestos que gravan los combustibles de acuerdo a lo que establece la ley vigente. Esa decisión genera una renuncia tributaria equivalente a aproximadamente 150 millones de dólares mensuales o un 0,3 por ciento del PBI anual, según estimaciones de consultoras especializadas. En otras palabras, entre el subsidio implícito del sector privado y la renuncia fiscal estatal, el país resigna alrededor de 300 millones de dólares cada mes para mantener estables los precios de un insumo crítico para la economía. A escala anual, esa cifra adquiere dimensiones que trascienden lo meramente energético y toca aspectos macroeconómicos profundos.

Inflación nuclear y riesgo de rebote

El análisis de lo que podría ocurrir si se liberan los precios de combustibles revela el verdadero alcance del dilema. Especialistas en economía energética señalan que cada aumento del 10 por ciento en los precios de los surtidores genera un impacto directo en la inflación general de 0,45 puntos porcentuales, cifra que puede alcanzar 0,6 puntos cuando se contabilizan los efectos indirectos en toda la cadena económica. Un ajuste del 15 o 20 por ciento antes de finalizar el año traería consigo la adición de casi un punto porcentual a la inflación anual, lo que significaría prácticamente anular la mejora que se espera exhibir entre 2025 y 2026. Proyecciones oficiales estimaban cierres del 30 por ciento para este año, mejorando respecto de registros anteriores; pero con un traslado importante en combustibles, esa ventaja se evaporaría.

Paralelamente, la inflación núcleo -aquella que excluye precios regulados y productos estacionales, considerada el termómetro real de la presión de precios en la economía- se mantiene enquistada en 1,8 por ciento mensual. Ese piso no mostró movimiento significativo durante agosto, lo que sugiere que la contención de combustibles está siendo efectiva en su propósito inmediato. Pero allí radica la paradoja: el congelamiento funciona, pero a un costo financiero que se acumula mes a mes sin solución aparente. Los conflictos geopolíticos que afectan las rutas marítimas de suministro de petróleo -particularmente el bloqueo amenazado en el Mar Rojo por grupos hutíes y la persistente crisis en el Estrecho de Ormuz- mantienen una volatilidad elevada en los mercados de crudo, lo que impide cualquier previsión sobre cuándo la presión internacional sobre los precios podría ceder.

Consuma de combustible también mostró síntomas de ajuste: en julio, las ventas de nafta cayeron 7,2 por ciento interanual, un reflejo directo de los aumentos que precedieron al congelamiento y que desalentaron el consumo. Ese comportamiento, paradójicamente, facilita el mantenimiento de precios bajos al reducir la demanda, pero también evidencia cómo los ciudadanos y las empresas ajustan su actividad económica cuando el costo de la energía se dispara. La combinación de menor consumo y precios contenidos ha permitido que el sistema se estabilice de facto, aunque la tensión subyacente permanece latente en la estructura de costos de refinadoras y en las arcas del Estado.

Hacia adelante: opciones y consecuencias

Las opciones sobre la mesa para las autoridades económicas del país no son auspiciosas. Una liberalización de precios sin mecanismos de transición generaría un shock inflacionario que comprometería el principal activo político de la administración: la demostración de control de la inflación. Una continuación del congelamiento, en cambio, perpetúa pérdidas que tarde o temprano deberán socializarse de alguna manera -ya sea a través de subsidios explícitos, aumento de impuestos en otras áreas, o comprometiendo la viabilidad financiera de las empresas petroleras. Existe también un escenario intermedio donde los aumentos se dosifiquen gradualmente, distribuyendo el impacto inflacionario a lo largo de varios meses para minimizar el salto en cualquier estadística mensual particular.

Lo que suceda con los precios de combustibles en los próximos meses tendrá implicaciones que trascienden el mercado energético. Afectará decisiones de inversión en exploración y producción petrolera local, influyendo en la capacidad futura del país para autoabastecerse de crudo. Impactará en la competitividad de la industria de transporte y logística, sectores que dependen críticamente de combustibles baratos. Y, por supuesto, determinará si la baja de inflación que se celebra hoy se sostiene como un logro duradero o si se revela como un espejismo temporal alimentado por decisiones insostenibles en el tiempo. El petróleo caro y la nafta barata conforman una ecuación que el mercado, eventualmente, resolverá por sí solo.