La factura que recibimos al salir de un comercio está a punto de sufrir un cambio que, aunque no modificará lo que pagamos, sí revelará cuánto de ese dinero se queda en arcas provinciales. Entre Ríos comenzará el 6 de julio a mostrar el detalle de sus impuestos locales en los tickets, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Chubut lo harán a partir del 1º de septiembre. Se trata de un proceso de transparencia fiscal que busca exponer ante el ciudadano común la estructura tributaria que gravita sobre cada compra, una iniciativa que lleva casi dos años gestándose pero que recién ahora comienza a materializarse en el mostrador de los comercios.

El antecedente inmediato de este cambio es la Ley de Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, sancionada en junio de 2024. Desde entonces, los comercios ya vienen informando impuestos de orden nacional: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los gravámenes sobre bebidas alcohólicas y tabaco, así como los tributos relacionados con combustibles y emisiones de carbono en estaciones de servicio. Esta obligación comenzó en enero pasado para grandes negocios y se extendió en abril a establecimientos más pequeños, alcanzando cobertura en todo el territorio nacional sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la deuda pendiente era la de los tributos provinciales y municipales, competencia exclusiva de cada jurisdicción. Ninguna, hasta ahora, había dado el paso de incorporar esa información.

El avance desigual de las provincias

Entre Ríos es la pionera en esta segunda etapa. Su Administradora Tributaria local (ATER) estableció un cronograma escalonado: los grandes contribuyentes deberán comenzar a discriminar el monto de Ingresos Brutos a partir del 6 de julio, mientras que el resto tendrá 180 días para ajustarse. La provincia también planea incorporar las tasas municipales, primero de manera voluntaria y luego obligatoria. En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires adoptó un mecanismo similar mediante decreto. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) fijó el 31 de agosto como límite para que los sistemas comerciales se adapten, de modo que los porteños comiencen a ver la información desde septiembre. Esto ocurre en un contexto particularmente sensible: la administración porteña había incluido un artículo sobre Transparencia Fiscal en su Código tributario hace poco, pero lo eliminó horas antes de la votación legislativa en noviembre. El regreso a esta política mediante decreto sugiere un cambio de criterio.

Chubut, por su parte, seguirá un enfoque gradual similar al del régimen nacional. La fase inicial se aplicará a grandes supermercados, donde deberán consignar el monto de Ingresos Brutos con la leyenda "Valor aproximado del ISIB Chubut". La Agencia de Recaudación local (Arech) estableció una alícuota promedio de 3,5% sobre el precio neto para facilitar los cálculos y que los comercios puedan cumplir sin sobresaltos operativos. La medida alcanzará a contribuyentes con una base imponible de cuatro mil millones de pesos o superior por ventas mayoristas y minoristas en supermercados, hipermercados y minimercados. Al igual que Buenos Aires, el plazo límite es el 31 de agosto.

Sin embargo, el panorama nacional sigue siendo fragmentario. Mendoza y Santa Fe aún no reglamentaron su adhesión al régimen nacional. Salta logró media sanción en su legislatura local para una norma similar, mientras que Córdoba publicó una resolución que anticipa su envío al órgano legislativo. El ritmo varía sensiblemente entre jurisdicciones, lo que genera una asimetría notable respecto a lo ocurrido con los impuestos nacionales: en menos de seis meses desde la sanción de la ley, toda la Argentina estaba viendo esos tributos en los recibos. Con los locales, transcurrieron casi dos años sin que se concretara nada.

El contexto político y fiscal que impulsa la medida

El timing de estos cambios no es casual. El Gobierno Nacional ha mantenido una pulseada constante con intendentes, principalmente bonaerenses y de orientación opositora, sobre las tasas municipales. Recientes aumentos en esos gravámenes despertaron críticas desde el oficialismo, que considera que muchos no guardan relación con los servicios efectivamente prestados. Como respuesta, el Ejecutivo lanzó un mapa de consulta pública y un canal de denuncia sobre lo que califica como "excesos" en la tributación local. Además, envió proyectos de ley a más de 100 Concejos Deliberantes con la intención de eliminar o reducir esa carga impositiva. En este escenario, que los ciudadanos vean explícitamente cuánto cuesta cada compra en impuestos provinciales y municipales funciona como una herramienta de presión política indirecta.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica —la organización no gubernamental que impulsó la ley y que nació en 2022—, expresó su perspectiva sobre los avances. Señaló que el proceso avanza lentamente en comparación con lo que sucedió a nivel nacional, donde la implementación fue prácticamente sin fricciones en el transcurso de medio año. "Hay provincias que mantienen un silencio inaceptable", apuntó. Olivero Vila subrayó también la necesidad de profundizar aún más la transparencia y, de manera más ambiciosa, transitar hacia un sistema tributario que contemple tanto menos impuestos como tasas menores. En su perspectiva, la Argentina soporta una carga impositiva entre las más elevadas del mundo, algo que atribuyó en parte a la falta de cultura fiscal en la sociedad. Espera que esta iniciativa de mostrar los tributos en los tickets genere presión sobre los gobernadores para que se sumen al esfuerzo.

Gabriel Sánchez Zinny, quien se desempeña como jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, anticipó los detalles de cómo se verán los nuevos recibos porteños y recordó que la administración local ha implementado una batería de medidas de alivio fiscal: la eliminación de Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, la supresión del Impuesto de Sellos del 1,2% en operaciones con tarjetas de crédito, y su exención para operaciones de vivienda única, entre otras iniciativas. Esto sugiere que la transparencia en los tickets convive con políticas de reducción tributaria en la jurisdicción. Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, manifestó su deseo de avanzar más rápidamente con el alivio fiscal al sector privado. Anunció que ninguna nueva inversión radicada en la provincia pagará Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos ni tasas durante 15 años. Según sus cifras, ya hay US$ 300 millones comprometidos en nuevas inversiones, 150 empresas involucradas y 2.500 empleos en perspectiva.

Las implicancias de una medida que apenas comienza

Lo que ocurrirá en los próximos meses en los comercios de estas tres provincias marca un precedente que podría extenderse al resto del país, aunque no sin resistencias. La transparencia fiscal genera tensiones políticas predecibles: gobiernos locales que verán expuestos sus niveles impositivos ante ciudadanos que, con esa información a la vista, podrían cuestionar la necesidad o justificación de ciertos gravámenes. También podría cambiar comportamientos de consumo o generar presiones electorales sobre intendentes y gobernadores. Por otro lado, desde la perspectiva de modernización tributaria y gobernanza, la medida responde a tendencias globales de mayor rendición de cuentas sobre la fiscalidad. Algunos gobiernos locales podrían aprovechar para explicar a sus ciudadanos qué servicios se financian con esos recursos. Otros preferirían evitar esa exposición. El resultado final dependerá de cómo se despliegue la información, qué acciones tomen los gobiernos para contextualizarla y si otras provincias deciden seguir el camino o mantienen la opacidad tributaria como status quo.