La historia de dos hermanas gemelas casi desconocidas internacionalmente condensa, en su tragedia particular, el mecanismo de control y castigo que despliega un Estado decidido a aplastar toda disidencia. Taraneh y Romina Rahimi, de 20 años, fueron condenadas por participar en las protestas de enero pasado contra el régimen iraní, pero sus sentencias divergen de manera incomprensible: una fue sentenciada a muerte por ahorcamiento; la otra, a 25 años de cárcel. Lo que sucedió con estas jóvenes no constituye un caso aislado sino una expresión sistemática de cómo funciona la represión estatal cuando un gobierno percibe amenazada su legitimidad. El cambio fundamental radica en que, por primera vez en años, el mundo tiene acceso a testimonios detallados sobre lo que ocurre en las cárceles iranís con quienes se atreven a salir a las calles.
Las gemelas fueron arrancadas de sus camas en medio de la madrugada por hombres con el rostro cubierto, posteriormente identificados como miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. Nadie en la familia supo dónde estaban durante cuatro meses de angustia absoluta. Su madre, Marzieh Nourmohammadi, buscó desesperadamente noticias en hospitales y dependencias estatales sin obtener respuesta alguna. Solo después de meses, cuando finalmente recibió autorización para visitarlas en la cárcel de Dowlatabad, en Isfahan, pudo confirmar que sus hijas seguían vivas. Lo que vio al entrar al penal fue devastador: los rostros de sus propias hijas eran irreconocibles. Los cueros cabelludos estaban parcialmente calvos por haber sido arrastradas del cabello de un lado a otro de las celdas. Sus cuerpos mostraban golpes, contusiones y heridas que hablaban de un trato brutal.
El mecanismo de la tortura y la confesión forzada
Los detalles que trascienden sobre lo que padecieron estas jóvenes en cautiverio revelan patrones de violencia física y psicológica diseñados para quebrantar la voluntad. Se ha informado que a Taraneh le fue comunicado que los guardias violarían a su hermana Romina delante de ella a menos que firmara una confesión. Esta táctica, denominada abuso psicológico extremo, forma parte de un arsenal represivo que va más allá de la violencia corporal convencional. Los registros indican que ambas permanecieron en confinamiento solitario durante semanas. Sus cuerpos presentaban fracturas en codos, nudillos y pies. La brutalidad del encarcelamiento inicial fue tan severa que cuando su madre las vio, casi no pudo reconocerlas como sus propias hijas.
Taraneh albergaba aspiraciones simples: deseaba algún día administrar su propio establo de caballos. Romina y ella nunca antes habían participado en manifestaciones políticas. Sin embargo, en los días 8 y 9 de enero de este año, decidieron unirse a millones de iranís que salieron a las calles de Isfahan para protestar contra el gobierno. Fue una decisión que duró apenas dos días en las calles, pero cuyas consecuencias se extenderán por toda su vida. Un mes después de esas protestas, hombres enmascarados las sacaron de sus hogares sin proporcionar orden judicial alguna ni explicación. Fueron trasladadas a un lugar desconocido, donde permanecieron incomunicadas.
Sentencias contradictorias en un sistema opaco
La disparidad entre ambas condenas genera interrogantes que el propio sistema judicial iraní no explica. ¿Por qué una gemela recibe sentencia de muerte y la otra 25 años de prisión cuando ambas cometieron exactamente la misma acción: asistir a una marcha pública? Su primo, Masoud Nourmohammadi, de 43 años, residente en Utah, Estados Unidos, expresa la perplejidad que genera el funcionamiento de estas instituciones: "No siguen ni sus propias leyes", aseguró. Según los registros legales, existe un período de 18 días durante el cual los abogados defensores pueden presentar apelaciones en casos de condena a muerte. Sin embargo, en numerosos casos recientes, este trámite ni siquiera se ejecuta. Las sentencias se dictan y, en cuestión de horas o días, los condenados son ejecutados.
Lo más inquietante es que Taraneh alegó ante el tribunal que cualquier confesión había sido arrancada mediante tortura. No se presentó evidencia alguna de su participación en actos de violencia. Su abogado ratificó que la joven nunca estuvo involucrada en ningún acto delictivo conexo a la protesta. Sin embargo, estos hechos parecen carecer de peso alguno en el resultado final del proceso. La madre de las gemelas no fue permitida ni siquiera asistir al juicio de sus propias hijas. Desde que se dictaron las sentencias, hace meses que la familia no tiene contacto visual alguno con ellas. No se sabe si siguen en Dowlatabad o si han sido trasladadas a otra institución penal.
La represión como política de Estado
El caso de Taraneh y Romina no constituye una excepción sino la norma operativa de un aparato represivo que funciona a escala masiva. Durante este año, el país ha ejecutado a más de 500 personas, de las cuales al menos 29 estuvieron directamente vinculadas con las protestas de enero. Entre los ejecutados figuran mujeres: al menos 16 de ellas han sido ejecutadas este año. Los números crecen aún más si se contabilizan los casos de personas sentenciadas a muerte que aún permanecen en las cárceles aguardando ejecución, o aquellas que enfrentan cargos que podrían resultar en la pena máxima. Solo en la provincia de Isfahan, más de 70 personas están siendo procesadas en estas circunstancias. El régimen, lejos de amedrentarse por la visibilidad internacional de estos casos, parece acelerar su agenda represiva.
Masoud Nourmohammadi, especialista en tecnología informática en el sector sanitario que emigró a Estados Unidos hace 22 años, se ha atrevido a hablar públicamente a pesar de recibir amenazas de muerte por mensaje de texto y redes sociales de gente que asegura conocer la dirección de su domicilio. Su determinación responde a la urgencia que siente de exponer qué sucede con quienes se atreven a disentir. "Puedes ver sus ojos y sabes de inmediato que es una persona bondadosa", expresó refiriéndose a Taraneh. Su análisis sobre la estrategia gubernamental es directo: el régimen busca infundir miedo masivo. La ecuación es simple: incluso si eres completamente inocente, incluso si eres una persona moralmente irreprochable, el Estado tiene la capacidad y la voluntad de capturarte, acusarte y condenarte. El mensaje implícito dirigido a la población es inequívoco: manténganse alejados de las calles.
El contexto internacional también juega un papel. Hace poco más de un mes, el Reino Unido junto a otros 30 países emitieron un comunicado conjunto condenando las ejecuciones de manifestantes vinculados a las protestas de enero, caracterizándolas como un esfuerzo deliberado para ahogar la capacidad de disidencia. Esta presión diplomática, sin embargo, no parece haber modificado el curso de las acciones judiciales internas. De hecho, la simultaneidad entre estas condenas y las declaraciones internacionales sugiere que el gobierno actúa con una independencia que desafía la presión externa.
La madre de las gemelas ahora vive con su primo en el extranjero. Según Masoud, no existe un solo segundo en que la pase sin que ella esté llorando. Cuatro meses sin saber dónde estaban sus hijas. Una visita de cinco meses atrás a una cárcel donde vio a personas que casi no reconocía como sus propias hijas. Meses más sin contacto tras las sentencias. La angustia familiar trasciende lo personal: es el costo humano de un mecanismo de represión que ha optado por transformar a individuos concretos en advertencias vivientes. Lo que ocurra con Taraneh y Romina en los próximos meses determinará no solo sus propios destinos sino también el mensaje que el Estado envía respecto de cuánta disidencia tolerará. La comunidad internacional observa; los abogados de derechos humanos documentan; la familia espera noticias que podrían nunca llegar. El sistema legal iraní, opaco en sus procedimientos y sin rendición de cuentas a instancias externas, mantiene en sus manos vidas que dependen de decisiones cuya lógica permanece oculta.
