Un cambio de rumbo político en Colombia abre la puerta a un nuevo capítulo de violencia armada después de años de intentos fallidos de negociación. El país enfrenta ahora un escenario donde la guerrilla más antigua aún en pie de lucha rechaza categóricamente cualquier acuerdo de paz con el nuevo mandatario de orientación derechista que asume funciones en los próximos días. Los combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) afirman estar preparados para trasladar sus operaciones militares a todo rincón del territorio nacional, desde zonas rurales hasta entornos urbanos, marcando un punto de quiebre respecto a los años anteriores caracterizados por negociaciones que no llegaron a buen puerto.
En la profundidad de la selva húmeda del Chocó, accesible únicamente tras horas de travesía fluvial, los integrantes de la organización insurgente reafirman su determinación combativa. El despliegue incluye cientos de combatientes equipados con armamento moderno distribuido en diferentes frentes operacionales. La composición de estas unidades refleja la demografía de las poblaciones más vulnerables del país: jóvenes provenientes de comunidades indígenas y afrodescendientes, en su mayoría de origen pobre, que ven en la insurgencia una salida a sus limitadas perspectivas de vida. Entre los campamentos visitados, la proporción de integrantes de género femenino alcanza casi el cincuenta por ciento de los efectivos, un dato que contrasta con la composición histórica de otras organizaciones armadas del continente.
La negativa al diálogo y el retorno a la confrontación
Las declaraciones de los mandos medios del ELN revelan una postura inquebrantable frente a cualquier posibilidad de negociación con el nuevo gobierno que toma las riendas del Estado. Los líderes guerrilleros expresan que la llegada al poder de un presidente identificado con posiciones de derecha representa un fracaso definitivo de los intentos de transformación política que se iniciaron hace apenas dos años. Durante el período anterior, cuando se ofrecía la posibilidad de negociaciones amplias bajo promesas de "paz total", la organización mantuvo contactos que finalmente se estancaron sin resultados concretos. Ahora, con un mandatario que proclama públicamente su admiración por políticas de seguridad represivas y ha impartido un ultimátum de treinta días para que grupos armados se sometan o enfrenten una ofensiva militar, el escenario para encuentros diplomáticos se ha cerrado por completo.
Los comandantes del frente occidental de la organización afirman estar listos para desplegar operaciones ofensivas en respuesta a cualquier arremetida estatal. Según sus propias palabras, están preparados para ejecutar acciones armadas tanto en territorios del campo como en centros urbanos, sin restricciones geográficas ni territoriales. Esta declaración de intenciones marca un giro importante en la estrategia de una organización que durante años buscó negociar su transformación política dentro del sistema democrático. La aparición de un ataque con carro bomba contra una instalación policial cercana a la frontera con Venezuela, que dejó civiles y uniformados heridos, sugiere que ya han comenzado a ejecutar esta escalada. Asimismo, han incrementado significativamente el uso de drones para realizar ataques contra objetivos militares y de seguridad, una modalidad que se ha vuelto recurrente en las últimas semanas.
El control territorial y las fuentes de financiamiento
La presencia de la guerrilla en zonas de difícil acceso como el Chocó responde a una lógica de control territorial y dominio de recursos económicos. Los frentes operacionales se asientan en regiones donde fluyen materias primas valiosas: oro extraído ilegalmente de los lechos de ríos, maderas preciosas y cultivos de coca. La organización financia sus operaciones mediante un sistema de tributación sobre todas las actividades comerciales que se desarrollan en sus territorios de influencia. De esta manera, aunque nieguen participación directa en el narcotráfico, reconocen cobrar impuestos sobre estos negocios ilícitos, siguiendo un modelo administrativo que, según sus propios líderes, asimila al funcionamiento de cualquier Estado. Este esquema de financiamiento ha permitido que la ELN mantenga una estructura orgánica de aproximadamente seis mil trescientos integrantes, entre combatientes activos y personal de apoyo desmovilizado, distribuidos tanto en territorio colombiano como en áreas fronterizas de Venezuela.
El armamento que portan estos combatientes evidencia acceso a provisiones de alta tecnología militar. Los rifles de asalto AK-47 y AR-15 abundan entre los efectivos, con varios ejemplares marcados con la leyenda "Made in USA", un detalle que subraya las complejidades del mercado negro de armas a nivel global. Algunos combatientes están equipados con rifles de calibre .50, capaces de perforar blindajes vehiculares, mientras que otros operan sistemas de drones para reconocimiento y ataque. Este nivel de equipamiento sugiere acceso a redes de suministro sofisticadas, ya sea a través del comercio de armas robadas, capturadas a fuerzas de seguridad, o adquiridas en mercados internacionales clandestinos. La capacidad técnica y logística para mantener y operar este arsenal indica una organización militarmente estructurada y financieramente viable, no un grupo debilitado que se desmorona bajo presión.
Historia de seis décadas de confrontación y transformaciones políticas
El conflicto armado colombiano que hoy enfrenta un punto crítico tiene profundas raíces históricas que se remontan a los años sesenta del siglo veinte. Nació en un contexto de desigualdad extrema en la tenencia de tierras y de sistemas políticos excluyentes que cerraban canales de participación democrática a sectores amplios de la población. El ELN surgió en 1964 fusionando concepciones revolucionarias marxista-leninistas con la teoría del foco revolucionario propugnada por Ernesto "Che" Guevara, que sostenía que núcleos pequeños de combatientes en zonas rurales remotas podían eventualmente derrocar al Estado. A esta síntesis ideológica se sumó la teología de la liberación, movimiento religioso que interpretaba la lucha contra la pobreza y la opresión como expresión de fe cristiana. Durante sesenta y dos años, esta organización ha librado una guerra de desgaste contra sucesivos gobiernos, ejércitos estatales y fuerzas paramilitares rivales, acumulando miles de bajas en sus filas y causando sufrimiento incalculable a poblaciones civiles.
En 2016, la mayor de las dos principales organizaciones insurgentes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aceptó un acuerdo de paz y se desmovilizó, transformándose en partido político. Sin embargo, el ELN decidió que únicamente estaría dispuesto a deponer las armas una vez que se produjera una transformación fundamental de las estructuras políticas y económicas del país, rechazando lo que considera una claudicación sin garantías reales de cambio. Hace poco más de dos años, la elección de un presidente de orientación izquierdista que se había integrado como combatiente a otro grupo guerrilla desaparecido décadas atrás parecía abrir una ventana para negociaciones con todas las facciones armadas. Sin embargo, esos contactos no prosperaron, afectados por desconfianzas mutuas, incumplimientos de acuerdos anteriores y la persistencia de ciclos de violencia que impedían avanzar en las mesas de diálogo. La muerte de combatientes desmovilizados de las FARC, la continuidad del conflicto en territorios específicos y la falta de transformaciones estructurales profundas llevaron a que el ELN considerara que los cambios ofrecidos eran apenas superficiales y que el sistema político no era genuinamente democrático sino controlado por oligarquías que utilizaban promesas electorales de paz como mecanismo de contención social.
Ahora, con la asunción de un gobierno cuyo líder ha hecho carrera como abogado defensor de paramilitares de derecha, que promete endurecer las políticas de seguridad según modelos represivos de otras latitudes y que ha establecido plazos ultimátum para que la insurgencia capitule, el ELN vuelve a su estrategia original de confrontación total. Los líderes guerrilleros que operan en el terreno sostienen que la "batalla ideológica" no está perdida, que los pueblos aún pueden despertar a una conciencia revolucionaria y que la historia juzgará el lado correcto de la confrontación. Para ellos, el hecho de que los electores hayan votado de manera diferente a hace dos años refleja engaño y desinformación, no cambio genuino de preferencias políticas. Esta visión del conflicto como lucha histórica inevitable proyecta una guerra de larga duración, donde los años de combate ya transcurridos son apenas el prólogo de décadas adicionales de enfrentamiento.
Implicancias para la región y posibles escenarios futuros
La intensificación del conflicto colombiano proyecta consecuencias que se extenderán más allá de las fronteras nacionales. Un aumento significativo en operaciones militares de la guerrilla podría replicar dinámicas de desplazamiento forzado y crisis humanitaria que ya caracterizaron décadas previas de la confrontación. Las poblaciones civiles de zonas rurales y urbanas enfrentarían nuevamente ciclos de violencia, extorsión y coerción. Desde perspectivas de seguridad regional, una escalada bélica colombiana podría motivar mayor intervención de fuerzas de seguridad foráneas, profundizando la militarización de la zona andina. Por otro lado, desde ópticas de transformación social, el retorno a la confrontación armada clausura cualquier canal para negociación sobre reformas políticas y económicas, perpetuando estructuras que subsisten desde el origen del conflicto hace seis décadas. Distintos analistas especulan sobre si la nueva administración dispone de recursos y capacidad institucional para ejecutar las ofensivas que proclama, o si se limitará a incrementar represión sin capacidad para desmantelar una organización que ha demostrado resiliencia extraordinaria a través de décadas de transformaciones políticas continentales. Lo que parece cierto es que Colombia nuevamente transita un punto de inflexión donde la vía armada desplaza definitivamente los intentos de resolución política que caracterizaron el período anterior.
