La justicia canadiense tumbó la prohibición de entrar al bosque: un veterano de guerra y una multa millonaria en el centro del debate

Cuando una provincia canadiense decidió prohibirle a sus habitantes caminar por el bosque en medio de una crisis de incendios, nadie imaginó que la medida terminaría siendo desmontada por un juez que la calificó como incomprensible, arbitraria y violatoria de derechos fundamentales. La historia de cómo Nova Scotia pasó de apagar llamas a encender un debate constitucional de primer orden es, al mismo tiempo, un relato sobre los límites del poder estatal en emergencias, la vaguedad del lenguaje jurídico y la audacia de un solo hombre dispuesto a cruzar la línea —literalmente— para poner a prueba una norma que consideraba injusta.

El fuego como excusa y el bosque como problema filosófico

El verano de 2024 golpeó a Nova Scotia con una brutalidad que recordó los devastadores incendios de 2023, cuando miles de hectáreas ardieron y comunidades enteras debieron ser evacuadas. Con ese antecedente fresco, el gobierno provincial encabezado por el premier Tim Houston no quiso correr riesgos: primero pidió a los habitantes que se alejaran de las zonas boscosas por propia voluntad, y cuando la situación empeoró, transformó ese ruego en una prohibición con fuerza de ley. Quien fuera sorprendido caminando bajo la sombra de los árboles se exponía a una multa de hasta 25.000 dólares canadienses, una suma que representa más de la mitad del salario anual promedio de un trabajador en esa provincia.

Hasta ahí, la lógica de la medida podría discutirse pero al menos entenderse. El problema fue otro: ¿qué es exactamente "el bosque"? La norma no lo definía con claridad. Según el texto de la prohibición, quedaban incluidas las zonas de vegetación rocosa, los matorrales, los humedales y las marismas. El bosque propiamente dicho también estaba contemplado, pero —y aquí viene lo kafkiano— la presencia de árboles no era un requisito indispensable. Bastaba con que hubiera evidencia de que alguna vez hubo árboles en ese lugar. Como señaló con ironía el juez que luego analizaría el caso, alguien que quisiera mantenerse fuera del bosque debía hacer un considerable esfuerzo interpretativo solo para entender dónde empezaba y dónde terminaba la zona prohibida. La norma, en sus propias palabras, "parecía desafiar las definiciones de sentido común".

Para agravar aún más la situación, mientras los ciudadanos de a pie se encontraban impedidos de dar un paseo dominical entre los árboles, las empresas forestales, las compañías de telecomunicaciones y los operadores de servicios públicos seguían teniendo habilitaciones para moverse con relativa libertad dentro de esas mismas áreas. El contraste era difícil de ignorar: los individuos quedaban afuera; las corporaciones, adentro. Esa asimetría quedó registrada en el fallo judicial y no pasó desapercibida.

Un veterano, una multa descomunal y un fallo histórico

En ese contexto entró en escena Jeffrey Evely, un veterano del ejército canadiense que vio en la prohibición no solo una limitación absurda, sino una oportunidad concreta para someterla al escrutinio judicial. Lejos de actuar en secreto, Evely avisó a las autoridades de su intención antes de adentrarse en el bosque de Cabo Bretón. La respuesta fue inmediata: una multa de 28.872,50 dólares canadienses, que superaba incluso el tope máximo anunciado originalmente. Con el respaldo legal del Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF), una organización de perfil libertario que ha litigado en causas tan polémicas como la defensa de los camioneros que bloquearon Ottawa en 2022, Evely llevó el caso a la Suprema Corte de Nova Scotia.

El 17 de abril de 2025, el juez Jamie Campbell emitió su veredicto: la prohibición era inconstitucional. Según su análisis, el gobierno provincial había violado el derecho a la libre circulación de los habitantes de Nova Scotia, un derecho que la jurisprudencia canadiense ha definido históricamente como "el corazón mismo de lo que significa ser una persona libre". Si bien los gobiernos pueden restringir ese derecho en circunstancias excepcionales, la Carta canadiense de derechos y libertades exige que cualquier limitación sea razonable, proporcional y claramente justificada. En este caso, el fallo determinó que el Estado no había ponderado adecuadamente el costo de esa restricción frente al objetivo que decía perseguir. Además, Campbell declaró que la norma era "tan vaga que resultaba imposible de interpretar" con criterios objetivos. Una prohibición que no puede ser comprendida con claridad no puede ser obedecida con certeza, y eso la invalida desde su base.

El premier Houston salió a defender sus decisiones con una firmeza que no sorprendió a nadie que lo conozca. "Hice lo que consideré necesario en ese momento, como premier, para apoyar a los bomberos y proteger a las personas y sus propiedades", declaró tras conocerse el fallo. "Fue completamente apropiado en esas circunstancias, con la información que tenía disponible." El gobierno reconoció la urgencia de la crisis, pero el tribunal fue claro: actuar rápido no exime de actuar bien, y proteger derechos individuales no es un lujo reservado para los tiempos de calma. La Corte advirtió expresamente que, si esos derechos no se defienden en los momentos difíciles, "pueden erosionarse de una manera que eventualmente afecta a todos".

Un debate que va mucho más allá de los árboles

El abogado Marty Moore, representante legal del JCCF, fue categórico al evaluar las consecuencias del fallo: deja al gobierno en una posición incómoda y probablemente disuadirá a otras administraciones de recurrir a medidas similares en el futuro. Moore también trazó una línea histórica sorprendentemente larga para fundamentar la importancia del caso: remontó el debate hasta la Carta Magna de Inglaterra y la Carta del Bosque de 1217 —no 1271, aunque sus ecos llegan hasta hoy—, un documento medieval que reconocía el derecho de las personas comunes a usar y transitar los bosques, históricamente reservados a la nobleza. Aquella carta fue, en su momento, una conquista popular contra el poder arbitrario. La comparación no es caprichosa: en el fondo, el debate sobre quién puede caminar entre los árboles lleva siglos siendo un debate sobre quién manda y sobre quién tiene derechos reales frente al Estado.

Nova Scotia es, en términos geográficos y culturales, una provincia profundamente ligada a su entorno natural. El bosque no es allí un telón de fondo pintoresco: es parte de la identidad colectiva, del modo de vida, de la economía y del tiempo libre de sus habitantes. Prohibir el acceso a ese espacio, aunque sea por semanas, tiene un impacto que va más allá de lo recreativo. Moore lo resumió con una imagen que no necesita traducción: "A menos que hayas estado en Nova Scotia y hayas tocado ese bosque, es difícil entender lo que significa un veto de esas características. Nova Scotia es el bosque."

Lo que este fallo deja en evidencia es una tensión que ninguna sociedad democrática puede resolver de una vez y para siempre: la que existe entre la urgencia del poder ejecutivo en una crisis y los límites que la constitución impone a ese poder. Argentina conoce bien esa tensión. Las restricciones de circulación aplicadas durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, generaron debates similares sobre proporcionalidad, vaguedad normativa y desigualdad de trato entre sectores. El caso canadiense aporta un precedente valioso: las emergencias no suspenden los derechos, solo los ponen bajo presión. Y esa presión, cuando es excesiva o está mal articulada, puede —y debe— ser cuestionada ante la justicia. La próxima vez que algún gobierno, en cualquier latitud, decida restringir la libertad de movimiento de sus ciudadanos con una norma que ni sus propios redactores pueden explicar con claridad, el nombre de Jeffrey Evely y el bosque de Cabo Bretón probablemente aparezcan en los alegatos.