La historia de El Fasher representa uno de los capítulos más oscuros del conflicto sudanés contemporáneo: una ciudad sometida a un cerco prolongado que culminó con la toma violenta por parte de fuerzas paramilitares, dejando un rastro de atrocidades documentadas que trascienden los marcos convencionales de la guerra. Lo que sucedió entre mediados de 2024 y finales de 2025 en esta región de Darfur del Norte constituye, según investigaciones internacionales, un patrón deliberado de violencia dirigida contra grupos específicos, con implicaciones que van más allá del conflicto local y tocan aspectos fundamentales del derecho internacional humanitario y la responsabilidad penal individual.
El conflicto que desgarró a Sudán comenzó en abril de 2023 cuando la pugna por el poder entre el general Abdel Fattah al-Burhan, líder de las fuerzas armadas oficiales, y Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, derivó en una confrontación armada en la capital Jartum. Desde ese momento, el país ha experimentado una espiral de violencia que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y ha generado desplazamientos masivos de población. El conflicto adoptó características particulares en distintas regiones, siendo El Fasher un epicentro de violencia concentrada donde la dinámica militar se entrelazó con motivaciones étnicas y territoriales.
El sitio y la captura: dieciocho meses de asedio
Durante aproximadamente dieciocho meses, El Fasher permaneció bajo sitio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una organización paramilitar que había emergido como actor clave en el conflicto sudanés. La ciudad representaba la última fortaleza bajo control directo de las fuerzas armadas gubernamentales en toda la región de Darfur, lo que explica tanto la intensidad del asedio como la brutalidad desatada cuando finalmente fue capturada en octubre de 2024. Los meses previos a esa captura estuvieron marcados por ataques intermitentes, privaciones humanitarias y una población civil atrapada entre dos fuerzas militares, enfrentada a un panorama de hambre, enfermedades y violencia constante.
La toma de la ciudad se caracterizó por masacres generalizadas que resultaron en la muerte de decenas de miles de personas. Las operaciones militares no se limitaron a objetivos estratégicos sino que incluyeron ataques sistemáticos contra poblaciones civiles, particularmente contra grupos de etnias no árabes que habitaban la región. Los investigadores que examinaron el patrón de estos ataques identificaron características que sugieren una intención deliberada de destruir o desplazar a comunidades específicas basándose en su identidad étnica, no meramente como consecuencia colateral de operaciones militares, sino como objetivo central de la campaña militar.
Las pruebas: testimonios, imágenes satelitales y documentación material
Para fundamentar sus conclusiones sobre los crímenes cometidos en El Fasher, investigadores independientes recopilaron información a través de múltiples metodologías. Se realizaron 247 entrevistas, de las cuales 208 fueron con sobrevivientes del conflicto en la ciudad y zonas adyacentes. Estos testimonios directos proporcionaron relatos detallados de violaciones, torturas, asesinatos selectivos, esclavitud sexual y otras formas de abuso sistemático. Paralelamente, se analizó material audiovisual recopilado durante los eventos, incluyendo videos y fotografías que documentaron tanto la destrucción infraestructural como indicios de la violencia perpetrada. El análisis de imágenes satelitales de Darfur del Norte complementó esta investigación, permitiendo verificar la destrucción de asentamientos y la magnitud del desplazamiento poblacional entre diciembre de 2024 y marzo de 2025.
Entre los asentamientos destruidos figura Abu Zerega, una localidad poblada por grupos étnicos no árabes, cuya devastación fue consistente con patrones de limpieza étnica documentados en otros conflictos regionales. La destrucción no fue aleatoria sino selectiva, enfocándose en comunidades específicas mientras se preservaban otras áreas. Este patrón geográfico de violencia, corroborado por tecnología satelital y testimonios consistentes, constituye evidencia de que las operaciones no respondieron a necesidades militares amplias sino a objetivos de eliminación o desplazamiento de poblaciones determinadas. Los investigadores también documentaron el uso deliberado de lenguaje dehumanizante dirigido contra civiles durante los ataques, una característica que en contextos de violencia masiva ha sido identificada como precursora y facilitadora de atrocidades.
Los crímenes documentados incluyen asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud y esclavitud sexual, todos ellos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Según las investigaciones, estos actos constituyen crímenes contra la humanidad bajo derecho internacional. Adicionalmente, se documentaron crímenes de guerra específicamente relacionados con el ataque a niños durante operaciones militares en la ciudad. Las investigaciones señalaron que tres comandantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido bear responsabilidad particular: Maj Gen Gedo Hamdan Ahmed Mohamed, conocido como "Abu Shok"; Lt Col Abbas Khater Bakhit; y commander Al-Fateh Abdullah Idris, apodado "Abu Lulu". La identificación de responsables específicos abre la posibilidad de investigaciones criminales internacionales, aunque la ejecución de tales procesos enfrenta obstáculos políticos y jurisdiccionales significativos.
Las consecuencias humanitarias del conflicto en El Fasher se extienden más allá de los fallecidos. Los investigadores documentaron que centenares de miles de personas fueron desplazadas por la violencia, muchas de ellas expuestas a riesgo de muerte e injuria durante los ataques o mientras huían hacia zonas consideradas más seguras. El conflicto ha generado un contingente significativo de niños huérfanos, cuya situación refleja el costo generacional de la violencia. Las niñas y mujeres sobrevivientes cargan con traumas asociados a violencia sexual sistemática, una táctica de guerra que históricamente ha sido subutilizada en debates públicos pero que constituye una arma deliberada de control y dominación territorial. La desarticulación social resultante del desplazamiento masivo, combinada con la pérdida de estructuras familiares y comunitarias, crea ciclos de vulnerabilidad que perduran más allá del conflicto armado inmediato.
Las implicaciones de estos hallazgos trascienden el análisis de un conflicto regional específico. La acumulación de evidencia sobre crímenes sistemáticos en El Fasher plantea interrogantes sobre los mecanismos internacionales de justicia y responsabilidad penal. Algunos observadores plantean que la documentación exhaustiva de estos crímenes debería catalizar procesos de investigación formal ante tribunales internacionales o mecanismos híbridos que combinen jurisdicción nacional e internacional. Otros cuestionan la viabilidad práctica de tales procesos en contextos donde los perpetradores mantienen control territorial y político. La cuestión de la reparación a víctimas, la reconstrucción institucional en territorios devastados, y la posibilidad de reconciliación en sociedades fragmentadas por violencia étnica presenta dilemas que van más allá de la responsabilidad penal individual. Un eventual cese del fuego podría abrir espacios para investigaciones más profundas, mientras que la continuidad del conflicto perpetúa tanto las violaciones como la impunidad. El rol de la comunidad internacional en presionar por cambios en el terreno militar y político, combinado con el apoyo a mecanismos de documentación y memoria, permanece como variable crítica en la trayectoria futura de justicia y estabilización regional.
