El ecosistema más amenazado de Brasil acaba de alcanzar un mojón que parecía improbable hace apenas cuatro años. La Mata Atlántica, ese territorio selvático que alberga a cuatro de cada cinco brasileños y sostiene las principales metrópolis del país, registró durante el pasado año una cifra de destrucción forestal que rompe con cuatro décadas de tendencias negativas. Pero el logro, tan frágil como promisorio, convive hoy con amenazas políticas y legales que podrían desvanecerlo en cuestión de meses. Dos informes divulgados recientemente muestran la magnitud del cambio: mientras que en 2024 se perdieron 14.366 hectáreas de bosque, en 2025 esa cifra cayó a 8.658 hectáreas, representando una merma del 40% interanual. Es la primera vez en cuarenta años de monitoreo continuo que el indicador cae por debajo de la barrera de las diez mil hectáreas. Detrás de este número hay cambios de política pública, presión ciudadana y decisiones de enforcement ambiental. Pero también hay un sistema político que tiembla, y decisiones legislativas que avanzan en dirección opuesta.

Un ecosistema al borde del colapso, aunque respira

La Mata Atlántica no es un bosque cualquiera en la geografía brasileña. Ocupa el tercer lugar entre los biomas del país en extensión total, después de la Amazonía y el Cerrado. Sin embargo, es el más devastado, el más urbano, y el que menos margen de error tolera. Mientras que la Amazonía conserva aproximadamente el 80% de su cobertura forestal original y el Cerrado mantiene alrededor del 50%, la Mata Atlántica ha sido reducida a apenas el 24% de su extensión primigenia. Eso significa que tres de cada cuatro hectáreas que alguna vez cubrieron esta región han desaparecido, ya sea convertidas en tierra agrícola, urbana o abandonadas a la degradación. Cuando se pierden fragmentos en un territorio tan fragmentado ya, cada hectárea cuenta de manera exponencial. No es lo mismo destruir mil hectáreas en la vastedad amazónica que en un ecosistema donde quedan apenas manchas dispersas de vegetación primaria.

El bioma es hogar de millones de personas. Ciudades como Río de Janeiro y São Paulo dependen de sus ciclos hídricos, de su capacidad de regular temperaturas y de sus recursos. Su degradación no es un asunto de ecología pura, sino de viabilidad urbana. Los datos recientes sugieren que cuando existe voluntad política real, cuando se aplican políticas de control y se ejecutan acciones de enforcement, es posible revertir incluso tendencias que parecían inexorables. El descenso del 40% en deforestación documentado ocurrió bajo un gobierno que priorizó la agenda ambiental. Pero esa priorización es exactamente lo que está siendo cuestionado en el presente.

Dos métodos, dos historias del mismo fenómeno

Los datos publicados provienen de dos sistemas de monitoreo distintos, cada uno con su propia metodología y su propio registro histórico. El primero tiene cuatro décadas de continuidad y muestra esa caída espectacular a 8.658 hectáreas. El segundo, más reciente, opera desde 2022 y utiliza satélites más precisos; ese sistema registró 38.385 hectáreas en 2025, también su cifra más baja desde que comenzó a medir, descendiendo desde las 53.303 hectáreas de 2024, lo que representa un retroceso del 28%. ¿Por qué la diferencia? La respuesta técnica es que la precisión satelital ha mejorado, pero la respuesta política es más interesante: ambos sistemas convergen en que hay una tendencia descendente clara en la pérdida forestal.

Lo que no dicen los números, o lo que apenas susurran, es que durante la administración anterior al gobierno actual, entre 2019 y 2023, la Mata Atlántica fue perdiendo territorio a un ritmo superior a las veinte mil hectáreas anuales. La llegada de políticas diferentes, la reactivación de agencias ambientales, el retorno de la presión social organizada y de la comunidad científica actuando con menos restricciones, generó ese cambio de dirección. Pero un cambio de dirección no es una victoria consolidada. Es apenas un movimiento. Y los movimientos pueden invertirse.

La amenaza legislativa que paraliza a los ambientalistas

A finales de 2025, el congreso brasileño aprobó una pieza legislativa que especialistas en derecho ambiental describen como el mayor retroceso normativo desde que la licencia ambiental se convirtió en un requisito legal obligatorio, allá por los años ochenta. La ley, denominada popularmente como la "ley de devastación", remueve el requisito de aprobación previa de la agencia federal de medio ambiente para que los estados autoricen deforestación. Transfiere esa potestad íntegramente a las autoridades locales, un cambio que en teoría descentraliza pero que en práctica, según advierten juristas y ambientalistas, debilita los estándares de protección.

El presidente del país intentó vetar partes de la legislación. Esos vetos fueron rechazados por un congreso de composición ampliamente conservadora hacia el cierre de 2025. Ahora, la constitucionalidad de la ley está siendo cuestionada ante la corte suprema, pero mientras se resuelve esa batalla judicial, la amenaza existe. La normativa entra en conflicto directo con compromisos internacionales que Brasil asumió, como el Acuerdo de París. Para quienes estudian estos mecanismos, la ley representa un ejercicio deliberado de desmantelamiento institucional aplicado al campo de la protección ambiental. Funcionarios de organismos de protección forestal advierten que esta jugada legislativa puede revertir en meses lo que tardó años en construirse.

El escenario político que acecha desde el calendario electoral

Pero la ley no es la única sombra. Existe otra amenaza que vive en el tiempo político: las elecciones presidenciales están proyectadas para octubre de este año. Un senador, hijo del expresidente que gobernó entre 2019 y 2023, aparece empatado en los sondeos con el actual presidente, quien busca su reelección. Durante aquella administración anterior, la deforestación en la Mata Atlántica alcanzó máximos históricos. Los mismo aconteció con la Amazonía. Expertos advierten que ese período vio una aceleración de dinámicas de invasión de territorios indígenas, una especie de corrida del oro donde actores ilegales ganaban terreno mientras las instituciones de control retrocedían.

El candidato que podría llegar al poder en octubre ha indicado públicamente que seguiría la playbook de su padre. Para la comunidad científica, para las organizaciones ambientalistas y para amplios sectores de la sociedad civil, eso es equivalente a una advertencia: un retorno a esas políticas significaría el fin de la arquitectura institucional que permitió que la Mata Atlántica frenara su ritmo de destrucción. No es una especulación, es un análisis basado en registros públicos de decisiones administrativas y políticas. Funcionarios de organismos especializados han expresado públicamente su preocupación, señalando que si ese escenario se concreta, Brasil podría perder la oportunidad de posicionarse como líder ambiental global. También señalan que existe riesgo de que la deforestación en todos los biomas del país vuelva a acelerarse, porque quienes podrían llegar al poder tienen un posicionamiento sistemáticamente hostil con la ciencia climática y ven a los bosques como obstáculos para la expansión económica.

El horizonte de cero deforestación: posible pero precario

Los especialistas que monitorean estos procesos estiman que, si las tendencias de los últimos años se mantienen, la Mata Atlántica podría alcanzar un estado de cero deforestación neta en aproximadamente tres años. Sería un logro sin precedentes para un ecosistema tan degradado y tan densamente poblado. Pero esa proyección está condicionada por un si que pesa como una losa: si las políticas, las instituciones y las prioridades permanecen en la dirección que tomaron en años recientes.

Lo que está en juego, entonces, no es solo un número de hectáreas. Es la viabilidad de un modelo donde la protección ambiental se construye a través de instituciones fuertes, cumplimiento legal, presión ciudadana y decisiones políticas sostenidas. Versus un modelo alternativo donde esos componentes se disuelven y donde los incentivos económicos de corto plazo predominan sobre las consideraciones de largo plazo. Los próximos meses decidirán cuál de esos caminos prevalece. El sistema de monitoreo que lleva cuarenta años registrando qué sucede en la Mata Atlántica seguirá documentando los cambios. Pero documentar no es lo mismo que prevenir. Y si las decisiones políticas giran hacia direcciones diferentes, los números que hoy lucen esperanzadores podrían convertirse, dentro de poco tiempo, en un paréntesis histórico: una ventana de oportunidad que se cerró.