En las entrañas de la selva birmana funciona un consultorio que no figura en ningún mapa oficial. Allí trabaja una médica que alguna vez tuvo todo: una carrera promisoria, un puesto en un hospital de renombre, una vida previsible en la ciudad. Hoy atiende a desplazados de campos de refugiados, gana lo suficiente para subsistir, pero no para sostener a sus padres ancianos que dejó atrás. Su historia es emblema de una catástrofe humanitaria que pocos calibran en su verdadera magnitud: el colapso casi completo del sistema sanitario de Mynamar, donde decenas de miles de profesionales de la salud han abandonado sus consultorios para sumarse a una guerra que ya dura cinco años. Lo que sucede en ese país asiático trasciende los titulares ocasionales sobre conflictos internacionales. Es una advertencia sobre cómo la violencia sistemática contra instituciones civiles puede desmantelar, en apenas un lustro, estructuras que tardaron décadas en construirse.

En febrero de 2021, la junta militar tomó el poder mediante un golpe de Estado que desencadenó una respuesta popular sin precedentes. Frente a la represión, aproximadamente 45.000 trabajadores sanitarios decidieron no quedarse de brazos cruzados. Médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio y otros profesionales del sector salud optaron por huir hacia zonas controladas por movimientos de resistencia democrática para continuar prestando asistencia a poblaciones que de otro modo quedarían sin acceso a cuidados básicos. La decisión implicaba abandonar empleos estables, casas, familias. Para quienes como la doctora mencionada tomaron ese camino, significó también renunciar a cualquier seguridad económica. En el contexto de una guerra que ya había cobrado más de 100.000 vidas según registros de monitoreo internacional, la contribución de estos sanitarios fue crucial para mantener vivas comunidades enteras que resistían el dominio militar.

El precio de defender una causa

Pero los años de sacrificio dejan marcas que trascienden lo económico. La médica que hoy atiende en la clínica de campaña recuerda el momento en que se enteró, meses después por falta de señal telefónica, que su madre había fallecido. Pasó por un embarazo y parto en condiciones de extrema precariedad, viajando en motocicleta por terrenos peligrosos hacia una zona fronteriza. Ocho días después de dar a luz, su esposo fue detenido por las autoridades. La depresión posparto llegó acompañada de la angustia de no saber si volvería a verlo. Eventualmente fue liberado y hoy ambos trabajan juntos en la misma clínica, tratando a víctimas de la guerra civil, muchas de ellas menores. "Ahora que soy madre", reflexiona ella con una crudeza que resume el dilema de millones, "podría ser mi hijo el que está muriendo".

Las cifras de violencia dirigida específicamente contra el sector sanitario revelan un patrón inquietante de demolición intencional. Desde que comenzó el conflicto en 2021, se han registrado al menos 1.948 incidentes de violencia contra personal sanitario u obstrucción del acceso a servicios médicos. De esos eventos, 932 trabajadores de la salud fueron arrestados y 175 fueron asesinados. Solo durante el período electoral de seis meses que culminó en enero pasado, 702 civiles murieron bajo responsabilidad militar, cifra documentada por Naciones Unidas. Pero los números más alarmantes corresponden a 2025: la Organización Mundial de la Salud verificó 70 ataques contra instalaciones sanitarias, que resultaron en 148 muertes y 186 heridos. El patrón es inconfundible. No se trata de daño colateral. Médicos que trabajan en zonas de conflicto han documentado que clínicas situadas en regiones disputadas han sido bombardeadas desde el aire una y otra vez, precisamente porque su existencia permitía que las comunidades sobrevivieran y mantuvieran la capacidad de resistencia contra el régimen.

La fragmentación de una profesión y el vacío humanitario

Antes de la guerra civil, Mynamar ya enfrentaba una crisis de recursos humanos en salud. El país contaba con apenas un trabajador sanitario por cada mil habitantes, una proporción que coloca al sistema entre los más precarios de Asia. Cuando el conflicto estalló, esa debilidad estructural se amplificó exponencialmente. Muchos profesionales se vieron obligados a suspender su práctica clínica. Otros huyeron hacia zonas más seguras del territorio o emigraron a otros países, profundizando un éxodo que dejó comunidades enteras sin acceso a servicios básicos. El bloqueo militar ha agravado la situación al impedir la circulación de suministros médicos esenciales: vendajes, antisépticos, antibióticos, soluciones intravenosas, tests de malaria, y recursos para salud materna e infantil. La escasez ha sido tan severa que en algunas áreas han resurgido enfermedades que hacía años no eran problema, como el paludismo, junto con brotes de otras dolencias prevenibles. El agua contaminada y la interrupción de programas de salud rutinarios han creado condiciones que favorecen la propagación de infecciones.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 16 millones de personas en Mynamar requieren asistencia que salva vidas y servicios de protección. Ese número no es abstracto. Representa a habitantes sin medicinas básicas, embarazadas sin control prenatal, niños sin vacunas, enfermos sin diagnóstico. La vulnerabilidad es casi total. Expertos en ética médica internacional, como los integrantes de comités especializados de asociaciones médicas británicas, han calificado lo que ocurre como violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario y de los principios de neutralidad médica que históricamente han permitido que los servicios sanitarios funcionen durante guerras. Estos principios surgieron precisamente de traumas históricos anteriores, cuando la comunidad internacional consensuó que ciertos espacios —hospitales, clínicas, ambulancias— debían quedar al margen de la lógica bélica. En Mynamar, esa convención se ha vuelto papel mojado.

La situación militar ha evolucionado de manera inesperada en meses recientes. Tras sufrir derrotas humillantes durante 2024, las fuerzas militares han recuperado territorio en 2025. Los avances territoriales pueden parecer modestos en términos geográficos, pero poseen valor estratégico considerable: han interrumpido líneas de suministro y capacidades operativas de los grupos de resistencia. Esta recuperación, potenciada por decenas de miles de conscriptos reclutados recientemente y armamento proveniente de China, presagia una intensificación de los combates. Y si la experiencia previa es indicativa, esa intensificación traerá consigo más bombardeos a instalaciones civiles, más desplazamientos de población y más presión sobre un sistema sanitario que ya funciona al borde del colapso funcional.

Implicancias y perspectivas futuras

La trayectoria actual abre interrogantes sobre qué sucederá con instituciones que tardaron décadas en consolidarse. Sistemas sanitarios, incluso los más robustos, requieren tiempo, dinero y estabilidad para reconstruirse. Una vez desmantelados, los daños pueden persistir durante generaciones. Los profesionales que escaparon podrían no volver. Las infraestructuras destruidas demandan recursos que probablemente no estarán disponibles durante años. Las interrupciones en programas de prevención dejan secuelas que se medirán en enfermedades crónicas, discapacidades y mortalidad infantil incrementada. Desde una perspectiva, la continuación del conflicto militar-civil lengua la posibilidad de que cualquier recuperación sanitaria sea simplemente postergada indefinidamente. Desde otra, los actores humanitarios internacionales podrían intensificar presencia y recursos si existe voluntad política de hacerlo, aunque las limitaciones impuestas por bloqueos militares lo hacen cada vez más difícil. Lo que parece seguro es que las decisiones tomadas en los próximos meses por actores locales e internacionales determinarán si las generaciones futuras en Mynamar heredad un sistema sanitario viable o los escombros de uno que fue arrasado.