La capital somalí atraviesa uno de sus momentos más turbulentos en años. Las calles de Mogadiscio se han convertido en escenarios de combate intenso luego de que tensiones políticas enquistadas durante semanas finalmente explotaran en violencia desenfrenada. Lo que comenzó como una crisis institucional —producto de una decisión unilateral del máximo mandatario— derivó en enfrentamientos que sacuden barrios enteros, obligan a ciudadanos a huir de sus hogares y generan una atmósfera de incertidumbre sobre el futuro político y seguridad del país.
Los enfrentamientos tienen origen en una decisión que el presidente Hassan Sheikh Mohamud tomó a mediados de mayo: la extensión unilateral de su mandato por un período adicional de doce meses, cuando su legitimidad vencía el 15 del mismo mes. Esta medida despertó rechazo inmediato entre líderes regionales y dirigentes opositores, quienes la consideraron una vulneración del marco institucional somalí. En las semanas previas a los combates, dirigentes de la oposición se posicionaron estratégicamente en sus feudos de poder basados en divisiones étnicas y territoriales, armados y listos para resistir lo que percibían como un golpe ejecutivo. El escenario estaba montado para el conflicto.
El caos en las calles y los desplazamientos masivos
Los disparos comenzaron a retumbar el miércoles por la tarde. La avenida Maka al-Mukarama, la principal arteria vial de Mogadiscio, se transformó rápidamente en una zona de combate activo. Para el atardecer, granadas de mortero ya caían sobre barrios densamente poblados y sobre la zona del mercado de Bakara, considerado el mayor centro comercial de toda Somalia. Videos difundidos en redes sociales mostraban columnas de humo elevándose sobre el horizonte urbano, prueba de la intensidad alcanzada por los enfrentamientos. La población civil, atrapada entre dos fuegos, no tuvo otra opción que abandonar sus viviendas.
Kowsar Abdi Ibrahim, residente del barrio Howl Wadaag, expresó su sorpresa ante la magnitud de la violencia desatada. Según su testimonio, los combates de 2021 —cuando un ciclo electoral se frustró sin que se realizaran votaciones— palidecen en comparación con lo vivido en estos días. "En 2021 hubo enfrentamientos, pero nada como esto", relató. Durante un intervalo en los disparos el jueves, Ibrahim logró huir junto a su abuela hacia un distrito vecino, aunque reconoce que el peligro persiste: los movimientos de tropas continúan, los uniformes de ambos bandos son indistinguibles, y los civiles ignoran cuándo la violencia puede reanudarse. Bashir Mohamed, otro habitante de Howl Wadaag que evacuó su hogar, enfatizó la imposibilidad de distinguir entre combatientes: "No sabes quién es quién. Los dos lados usan uniforme militar".
Acusaciones cruzadas y denuncias de brutalidad
Sharif Sheikh Ahmed, quien ejerció la presidencia entre 2009 y 2012, emergió como una de las voces más visibles de la oposición. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook durante la madrugada, denunció que fuerzas leales al gobierno atacaron directamente su residencia. Fue más allá en sus acusaciones, señalando que la administración actual había incurrido en una alteración constitucional "ilegal". Su postura no fue meramente defensiva: aseguró que estaba dispuesto a contraatacar ante lo que describió como una agresión injustificada. Paralelamente, Hassan Ali Khaire, quien fuera primer ministro en administraciones anteriores, utilizó la plataforma X para acusar a las tropas gubernamentales de desplegar armamento pesado —incluyendo armas anticarro y drones— en zonas de alta densidad poblacional. Khaire caracterizó el operativo como un "asalto militar sostenido e indiscriminado" cuyo objetivo explícito era su eliminación y la de Ahmed.
Desde la óptica oficial, la policía somalí presentó una narrativa diferente. Según sus comunicados, las fuerzas de seguridad estaban ejecutando una "operación de gran envergadura" dirigida contra "milicias fuertemente armadas que lanzaron ataques de mortero contra varios barrios de la capital". Esta formulación enfatiza la naturaleza ofensiva de los grupos opositores, posicionando al gobierno como respondiente ante una amenaza militar. Sin embargo, las versiones de civiles y dirigentes de la oposición sugieren una realidad más compleja, donde ambas partes han desplegado fuego concentrado sin consideración por la población atrapada en medio.
El eco de décadas de inestabilidad
Los combates en Mogadiscio no pueden entenderse sin el contexto histórico que los precede. Somalia ha carecido de un gobierno central efectivo desde 1991, cuando el régimen autocrático de Mohamed Siad Barre colapsó. Desde entonces, el país ha estado fragmentado entre facciones tribales, señores de la guerra locales y, más recientemente, movimientos insurgentes de alcance transnacional. La organización al-Shabaab, vinculada a al-Qaeda, ha mantenido una campaña de violencia durante casi dos décadas, complicando aún más la tarea de establecer instituciones estatales sólidas. En este contexto de fragilidad estructural, cualquier crisis política tiende a derivar rápidamente en confrontación armada, ya que las estructuras institucionales que podrían canalizar disputas a través del diálogo están débilmente desarrolladas.
Los eventos de esta semana encuentran un paralelismo notable con los enfrentamientos de 2021, cuando la disputa sobre la realización de elecciones generó enfrentamientos similares. Aquella ocasión también puso en evidencia cómo las grietas políticas en Mogadiscio se abren rápidamente hacia el conflicto armado. Lo que diferencia esta crisis es su origen directo en una decisión unilateral del ejecutivo —la extensión del mandato sin consentimiento legislativo— y la participación de figuras de peso político como expresidentes. Esto sugiere que la polarización ha alcanzado niveles donde los actores principales ya no buscan negociación, sino consolidar posiciones mediante la fuerza.
La comunidad internacional ha reaccionado con llamados a la contención. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó públicamente los actos de violencia y exhortó a todas las partes a ejercer restricción, proteger a civiles y resolver sus diferencias a través del diálogo. La embajada británica y la misión diplomática estadounidense también emitieron declaraciones en similar sentido, enfatizando la necesidad de que se evite mayor escalada y que se respete la unidad nacional. Sin embargo, estas voces externas históricamente han tenido alcance limitado en contextos donde actores locales ya están militarmente comprometidos.
Las implicancias de estos enfrentamientos trascienden lo inmediato. Un prolongamiento de la violencia consolidaría la fragmentación política en Somalia, debilitaría la ya precaria legitimidad de cualquier gobierno que emerja, y ofrecería espacio para que grupos como al-Shabaab amplíen su influencia en zonas donde la autoridad estatal se encuentra comprometida. Para la población civil, cada día de combates significa riesgo de muerte, pérdida de bienes, interrupción de servicios básicos y el trauma de vivir bajo incertidumbre. Para la arquitectura institucional somalí, la resolución de esta crisis determinará si existen mecanismos políticos viables para dirimir disputas o si las instituciones formales seguirán siendo decorativas mientras el poder real reside en quien posea la capacidad militar. Los próximos días resultan críticos para definir qué camino recorrerá la capital en las próximas semanas.
