Una investigación realizada en tres de los principales centros de traumatología pediátrica de Inglaterra expone una realidad alarmante: los accidentes con patinetes eléctricos entre menores de 16 años se han multiplicado de manera sostenida durante los últimos seis años, configurando un escenario que exige respuestas urgentes en materia de política pública y regulación comercial. Los datos recolectados en Alder Hey en Liverpool, así como en los hospitales infantiles de Sheffield y Manchester, entre enero de 2019 y diciembre de 2024, documentan 477 lesiones asociadas a estos dispositivos, con un patrón de crecimiento que refleja la popularidad creciente de estos aparatos entre la población más joven.
Lo que parece ser un accesorio de transporte moderno y aparentemente inofensivo se convierte en una herramienta potencialmente peligrosa cuando la seguridad no es prioridad. El perfil de los afectados muestra un patrón consistente: la edad promedio de las víctimas es de 12 años, con casos documentados de menores tan pequeños como nueve años sufriendo colisiones graves. La distribución por género es desigual, con casi el 65% de los lesionados siendo varones. El rango etario más vulnerable corresponde a la franja de entre 10 y 13 años, la mitad del total de pacientes hospitalizados, una edad crítica donde la coordinación motriz aún está en desarrollo y el sentido de riesgo permanece en construcción.
Lesiones que dejan marca: un panorama médico preocupante
El tipo de daño físico registrado en estos hospitales especializados revela la gravedad de los impactos. Las extremidades representan la mayoría de los traumatismos, seguidas por lesiones en cabeza y cara. Aquí radica uno de los hallazgos más inquietantes del estudio: menos del 2% de los pacientes utilizaba casco protector al momento del accidente. Esta cifra casi negligible pone de relieve una combinación fatal de factores: desconocimiento sobre medidas de protección, confianza excesiva de menores en su capacidad de control, y ausencia de regulaciones que obliguen o incentiven el uso de equipamiento de seguridad. La vulnerabilidad del sistema óseo y neurológico infantil amplifica las consecuencias de un golpe que en un adulto podría pasar desapercibido.
Un elemento crucial para entender la magnitud del problema es la ubicación donde ocurren estas colisiones. Más del 80% de las lesiones se registraron en patinetes privados, aparatos que, según la legislación vigente en Inglaterra, solo pueden circular legalmente en terrenos privados. Sin embargo, la ironía de estos datos es contundente: la mayoría de los accidentes tuvieron lugar en espacios públicos, carreteras y parques. Esta desconexión entre la legalidad teórica y la práctica real en las calles refleja un vacío de control y una falta de conciencia sobre las restricciones legales. En el país existen aproximadamente 1.2 millones de patinetes eléctricos de propiedad privada, dispositivos que pueden adquirirse fácilmente en comercios de las principales ciudades sin mayores trabas.
Cuando la regulación se queda corta: el contraste entre lo legal y lo usado
La legislación diferencia entre patinetes de alquiler y los de propiedad privada, pero esta división legal no logra contener la realidad del uso. Los patinetes disponibles para alquilar en espacios públicos funcionan bajo estrictas restricciones: solo pueden ser operados por mayores de 16 años que posean al menos una licencia de conducción provisional, están limitados a una velocidad máxima de 15 millas por hora, y las empresas deben contar con seguros apropiados. En contraste, los dispositivos privados que generan la mayoría de los daños carecen de limitadores de velocidad obligatorios, pueden ser adquiridos sin restricción de edad en el punto de venta, y no existe un mecanismo de supervisión cuando se usan en la vía pública.
Los investigadores que participaron en esta revisión clínica han expresado su preocupación en términos que dejan poco margen para la ambigüedad. Señalan que es imperativo que los reportes de estos accidentes contribuyan a transformar las políticas vigentes. Demandan explícitamente que los comerciantes que venden estos productos asuman la responsabilidad de informar adecuadamente a los compradores sobre el marco legal que regula su uso. Asimismo, plantean que los responsables de diseñar políticas públicas deben intervenir de manera decisiva: ya sea mediante la imposición de limitadores de velocidad, la obligatoriedad del uso de cascos, o ambas medidas conjugadas. Se trata de un llamado claro a las autoridades para que no dejen la seguridad infantil al libre arbitrio del mercado.
Un caso específico ilustra las consecuencias más devastadoras que estos aparatos pueden tener. En junio de este año, un adolescente de 15 años fue condenado a una orden de derivación a un programa de rehabilitación y a la prohibición de conducir, después de haber admitido su culpabilidad en la muerte de su amigo Jacob Calland, de 14 años. El joven viajaba como pasajero en el patinete cuando colisionó con un automóvil en Wythenshawe, Manchester. La madre de Jacob, Carly Calland, canalizó su dolor en la creación de una campaña de concienciación denominada Jacob's Journey, cuyo propósito es educar a la población sobre los riesgos asociados al mal uso de estos dispositivos y sobre la importancia de conocer la normativa legal. En su declaración ante el tribunal, expresó la magnitud del sufrimiento causado por la pérdida: describió cómo su corazón fue destrozado y cómo su vida se transformó en una pesadilla cotidiana.
Desde la perspectiva de la aplicación de la ley, las autoridades también han manifestado su preocupación. Un investigador de la unidad de colisiones graves de la Policía de Gran Manchester enfatizó que estos patinetes no son juguetes inofensivos, sino dispositivos capaces de provocar consecuencias catastróficas cuando son operados por usuarios sin experiencia y sin las precauciones necesarias. Instó a los padres a verificar qué utilizan sus hijos y a garantizar que estos comprendan plenamente los peligros que implica circular en vía pública. El Departamento de Transporte del país reconoció la gravedad de los hallazgos y expresó su compromiso con la introducción de nueva legislación destinada a regular el uso seguro de estos aparatos, incluyendo la consulta pública sobre requisitos como el uso obligatorio de cascos.
Lo que emerge de este panorama es un sistema de regulación fragmentado que no ha evolucionado al ritmo de la adopción masiva de la tecnología. La proliferación de patinetes eléctricos ocurrió más rápidamente que la capacidad de los gobiernos, comerciantes y familias para establecer marcos de seguridad robustos. Mientras tanto, hospitales especializados en trauma infantil continúan recibiendo pacientes jóvenes con lesiones que podrían haber sido prevenibles. Las consecuencias de esta brecha regulatoria se distribuyen desigualmente: los menores de familias que desconocen los riesgos o que no pueden supervisar adecuadamente el comportamiento de sus hijos cargan con la mayor parte del costo, mientras que algunos adolescentes cargan además con el peso de responsabilidades legales por accidentes que ocurrieron en una zona gris entre lo permitido y lo practicado. La discusión pública sobre cómo proceder —ya sea fortaleciendo la regulación estatal, responsabilizando a comerciantes por la información que proporcionan, o buscando soluciones tecnológicas como limitadores de velocidad obligatorios— seguirá marcando la agenda de salud pública en los meses y años venideros.
