En las últimas semanas, Sudáfrica se encuentra en una situación de tensión creciente a raíz de movilizaciones sociales contra la presencia de extranjeros sin documentación legal. Las autoridades han respondido con un operativo de seguridad sin precedentes, desplegando efectivos policiales en múltiples centros urbanos del país mientras se aproxima una fecha límite informalmente establecida por grupos de vigilancia antiinmigración. Este escenario de conflictividad ha obligado a cierres comerciales, desplazamientos masivos de poblaciones migrantes y una movilización estatal que refleja la preocupación sobre posibles estallidos de violencia generalizada.
Las calles del Johannesburgo empresarial han sido testigo del patrullaje constante de uniformados. Comerciantes en la zona de negocios central decidieron bajar sus cortinas el martes, anticipándose a potenciales disturbios. Simultáneamente, vehículos y equipamiento de las Fuerzas de Defensa Nacional sudafricana fueron desplegados estratégicamente en distintas ciudades. Estos movimientos obedecen a un cálculo gubernamental claro: impedir que se repita lo sucedido en 2008, cuando enfrentamientos antimigrantes resultaron en 62 muertes y miles de actos de saqueo. El fantasma de aquel episodio persigue las decisiones políticas actuales, particularmente considerando que en julio de 2021 el país vivió su peor convulsión social desde el fin del apartheid, con más de 350 fallecidos, iniciada tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial.
La escalada de violencia en las últimas semanas
Desde mayo y junio de este año, se han documentado acciones coordinadas de grupos que, portando palos y coreando consignas en idiomas locales —específicamente "abahambe", término que significa "que se vayan" en isiZulu e isiXhosa— se han desplazado por comercios en Johannesburgo y Durban. Estos grupos han interrogado y, en numerosos casos, agredido físicamente a extranjeros. El saldo de violencia ha dejado un registro específicamente confirmado: cinco nacionales mozambiqueños han sido asesinados según declaraciones de las autoridades de aquel país vecino del noreste. La organización de estas acciones corresponde a colectivos autoproclamados de vigilancia xenófoba, siendo March and March el más prominente, que establecieron unilateralmente un plazo de 30 de junio para que los migrantes indocumentados abandonen el territorio nacional.
Los voceros de estas organizaciones han insistido públicamente en que sus intenciones son pacíficas. Jacinta Ngobese-Zuma, identificada como líder de March and March, manifestó explícitamente que no buscan provocar muertes ni actos de pillaje durante las protestas convocadas. Sin embargo, esta aseveración contrasta con la realidad observable en el terreno. Migrantes portadores de documentación válida han reportado ser víctimas de acoso dirigido, lo que sugiere que la discriminación va más allá de lo que los organizadores oficialmente declaran como su objetivo. Este desfase entre el discurso pronunciado y las prácticas verificadas en territorio constituye un factor de preocupación para los organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros que monitorean la situación.
El contexto demográfico y económico que alimenta la xenofobia
La cuestión migratoria en Sudáfrica presenta aristas complejas cuando se analiza con datos concretos. Los extranjeros nacidos en el exterior representan aproximadamente el 4% de los 62 millones de habitantes del país, aunque estimaciones informales sugieren cifras significativamente mayores, entre 15 y 20 millones. Gran parte de esta población labora en sectores informales, impulsada por el deterioro económico en naciones circundantes que los incentiva a buscar oportunidades en una de las economías más grandes del continente africano. No obstante, las estadísticas criminales demuestran que solo una fracción minúscula de delitos son perpetrados por extranjeros, dato que socava los argumentos narrativos esgrimidos por quienes encabezan las manifestaciones.
El trasfondo socioeconómico de Sudáfrica proporciona el caldo de cultivo para estos conflictos. En un contexto donde existen tasas de desempleo entre las más elevadas a nivel mundial y donde la concentración de riqueza permanece fuertemente sesgada hacia la minoría blanca del país —secuela del período segregacionista que caracterizó su historia reciente— los migrantes africanos frecuentemente son utilizados como figuras de recambio sobre las cuales proyectar frustraciones acumuladas. Este fenómeno de chivo expiatorio tiene raíces profundas en dinámicas sociopolíticas más amplias, donde la búsqueda de responsables por desigualdad económica se canaliza hacia poblaciones vulnerables y con poca capacidad de defensa institucional.
Las autoridades han sido objeto de crítica por su respuesta inicial, acusadas de actuar con tibieza mientras la violencia progresaba sin contención efectiva. El presidente Cyril Ramaphosa intervino públicamente en un foro celebrado con monarcas tradicionales, afirmando categóricamente que "no existe espacio para el racismo, el sexismo, el tribalismo, la xenofobia, la afrofobia ni ninguna otra forma de intolerancia". Estas declaraciones, aunque claras en su tenor, llegan después de semanas de confrontaciones que ya habían marcado a comunidades migrantes. Gobiernos como el nigeriano, ghanés, malaui y ugandés han activado procedimientos de repatriación de cientos de sus ciudadanos antes de que venza el plazo autoproclamado, aunque muchas personas permanecen varadas en territorio sudafricano. Reportes de redes sociales muestran a decenas de ciudadanos malauis acampados a la intemperie fuera de la sede consular en Johannesburgo, aguardando trámites de procesamiento y transporte hacia sus países de origen antes de que expire el deadline informal.
El despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes que atraviesa Sudáfrica en estas semanas representa un momento de quiebre en cómo el Estado gestiona la convivencia entre nacionales y extranjeros. Las consecuencias potenciales de este escenario son múltiples y divergentes según distintos ángulos de análisis. Por un lado, la presencia militar y policial intensificada podría lograr su objetivo de contención y evitar que episodios de violencia masiva se repitan, preservando vidas y propiedades. Por otro, existe el riesgo de que una securitización excesiva genere nuevas fricciones, particularmente si los dispositivos de control se perciben como selectivos o discriminatorios. Simultáneamente, el éxodo de migrantes que buscan abandonar el país antes del 30 de junio podría aliviar temporalmente las tensiones, aunque no resuelve los problemas estructurales de desigualdad que generan estas dinámicas en primer término. Los gobiernos extranjeros, por su parte, observan atentamente cómo se desenvuelven los hechos, mientras sus ciudadanos enfrentan incertidumbre sobre sus posibilidades de permanencia o retirada ordenada. La pregunta que subyace es si Sudáfrica logrará reconducir esta crisis hacia un modelo de convivencia inclusivo o si, por el contrario, consolidará patrones de exclusión que refuercen divisiones existentes en la sociedad.
