La magnitud 7.4 del temblor que sacudió el occidente colombiano en las primeras horas del lunes pasado transformó en cuestión de segundos la geografía urbana de dos ciudades y planteó un interrogante incómodo sobre la capacidad institucional de un país para responder ante lo inesperado. Con al menos 240 fallecidos confirmados y más de 3.000 personas desaparecidas, el evento se posiciona como el más mortífero que ha experimentado Colombia en lo que va del siglo veintiuno. Pero el terremoto no fue solo un desastre natural: fue también, inevitablemente, una prueba de fuego para un gobierno que apenas hacía setenta y dos horas había asumido el poder, sin experiencia previa en gestión pública ni en la conducción de crisis de magnitud nacional.

Las primeras horas: cuando cada minuto define vidas

En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia con más de 2.3 millones de habitantes, los bomberos protagonizaron escenas de esperanza en medio del horror. Casi veinticuatro horas después del movimiento telúrico, las cuadrillas de rescate extrajeron a un hombre de treinta y cinco años de entre los escombros de un edificio desplomado, minutos antes de las cuatro de la mañana del martes. La fatiga y la adrenalina se mezclaban en las transmisiones que los servicios de emergencia compartían públicamente: "Hemos encontrado vida bajo los escombros. Cada minuto es decisivo", escribieron desde el departamento de bomberos acompañando un video del sobreviviente siendo liberado de debajo de una viga de hormigón. Horas después, cuando el reloj marcaba pasadas las cuatro de la tarde, un estruendo de aplausos desgarró el aire en uno de los sitios de colapso. Diana Troncoso, una mujer de treinta y un años, había sido rescatada después de dieciséis horas atrapada bajo los escombros. Su padre, Álvaro Troncoso Torres, apenas podía articular palabras mientras permanecía junto a lo que había sido su edificio: "Salir de ahí es un milagro", expresó con la voz quebrada a reporteros que cubrían la situación.

El balance de las operaciones de búsqueda y rescate en Cali revelaba números que oscilaban entre lo dramático y lo esperanzador. Los equipos de emergencia reportaban haber sacado con vida a treinta y siete personas de los cuarenta edificios que colapsaron completamente en la ciudad. En paralelo, civiles sin entrenamiento especializado actuaban por iniciativa propia, extrayendo al menos cinco sobrevivientes de un hotel que había sufrido un colapso parcial. Pero la otra cara de esa moneda era visible en las calles: cuerpos de las noventa y cinco víctimas confirmadas en la ciudad permanecían tendidos sobre el asfalto, cubiertos apenas por sábanas blancas que ondeaban con el viento.

Un presidente debutante frente al peor escenario

La coincidencia temporal resulta casi novelística: Abelardo de la Espriella había sido juramentado como presidente de Colombia apenas cinco días antes en la misma ciudad que ahora se desmoronaba. El viernes anterior había pronunciado su discurso inaugural en Cali; el lunes por la noche ya estaba nuevamente en sus calles, pero bajo circunstancias radicalmente distintas. El mandatario, quien llegó al poder tras prometer una ofensiva contundente contra las organizaciones armadas ilegales, se encontraba ahora navegando cifras de devastación: cinco mil viviendas destruidas y ciento ochenta y ocho personas desaparecidas solamente en el departamento de Valle del Cauca. La respuesta inicial incluyó la declaración de estado de emergencia y el despliegue de equipos ministeriales hacia los territorios más golpeados. De la Espriella anunció personalmente que movilizaría más de mil efectivos militares con el propósito explícito de prevenir disturbios y actos de saqueo en medio del caos.

En Pereira, localizada a más de doscientos kilómetros al norte de Cali, el cuadro de situación adquiría tonalidades igualmente crudas. La ciudad enfrentaba el colapso de cincuenta y ocho edificios, con al menos cincuenta y tres personas atrapadas bajo los escombros y once desaparecidas según registros locales. Los hospitales de la zona se veían desbordados por la afluencia de heridos y traumatizados. El alcalde Mauricio Salazar, en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo, no pudo contener las lágrimas mientras describía la magnitud del daño: "Pereira está atravesando una situación histórica y muy difícil", expresó con la voz quebrándose, consciente de que sesenta y seis muertes ya había confirmado su municipio. Sus palabras no eran dramatismo sino un reflejo del estado de shock colectivo en el que la región había caído.

El contexto sísmico: un país que tiembla con regularidad

El terremoto que devastó Colombia el lunes no fue un fenómeno aislado en términos históricos. La región cafetera que fue golpeada esta vez había sufrido una tragedia equivalente hace poco más de dos décadas: en enero de 1999, un temblor de magnitud 6.2 había arrasado las mismas zonas, dejando más de mil muertos y marcando un hito de dolor que muchas comunidades aún no habían terminado de procesar. La geografía sísmica de ese sector de Colombia lo convierte en una zona de alta vulnerabilidad, aunque los sismos de magnitud superior tienden a ser menos frecuentes. La combinación de una población densa, infraestructuras urbanas acumuladas a lo largo de décadas y una capacidad variable de preparación ante desastres naturales crea un escenario donde la magnitud del movimiento telúrico se multiplica en sus efectos sobre la vida cotidiana de millones de personas.

¿Cómo responden los gobiernos ante lo inevitable?

Lo que sucedió en Colombia durante las primeras horas después del terremoto adquirió significado adicional cuando se lo observa en el espejo de lo que ocurrió en un país vecino meses antes. En junio de ese mismo año, dos temblores sucesivos sacudieron la costa norte de Venezuela, dejando un saldo de al menos seis mil trescientos muertos. El contraste entre ambas respuestas institucionales resultó ser el tema sobre el cual reflexionaban académicos y observadores especializados. Mientras en Venezuela los funcionarios públicos parecieron entrar en un mutismo defensivo durante las primeras y críticas setenta y dos horas posteriores al desastre –las denominadas "horas doradas" donde las probabilidades de encontrar sobrevivientes con vida disminuyen exponencialmente–, en Colombia el nuevo presidente salió inmediatamente hacia los territorios afectados, estableció canales abiertos de comunicación con la prensa y desplegó la maquinaria estatal de manera visible y coordinada. En Venezuela, ciudadanos comunes se vieron obligados a excavar entre los escombros con sus propias manos, sin presencia visible de efectivos de seguridad o coordinadores de emergencia. En Colombia, aunque las capacidades siempre son limitadas frente a desastres de esta escala, hubo al menos una estructura organizada dirigiendo las operaciones.

Especialistas en política latinoamericana atribuyen estas diferencias a factores estructurales profundos. La estabilidad institucional, la pluralidad política, la existencia de una sociedad civil activa y la capacidad de los medios de comunicación para informar sin restricciones juegan roles determinantes en cómo un Estado puede responder ante lo impredecible. Venezuela, bajo una década y media de gobierno autoritario, ha visto erosionarse sus instituciones, su capacidad estatal ha sido socavada por crisis económicas crónicas y la corrupción, mientras que sus fuerzas armadas enfrentan limitaciones presupuestarias que afectan su operatividad. En ese contexto, una respuesta rápida y coordinada ante un desastre de magnitud resulta prácticamente imposible. Colombia, pese a las preocupaciones legítimas que algunos sectores expresan sobre el giro político reciente, mantiene aún estructuras democráticas que permiten la alternancia de poder, instituciones que funcionan aunque sea de manera imperfecta, y una sociedad civil lo suficientemente vibrante como para presionar y fiscalizar a sus gobiernos.

El desafío de la reconstrucción: cuando la respuesta inicial debe convertirse en políticas

Pero aquí es donde la nota de cautela cobra importancia. La velocidad de respuesta en las primeras horas, por valiosa que sea, representa apenas el primer acto de lo que será una obra de reconstrucción de varios años. Académicos que han estudiado desastres naturales en América Latina subrayan un patrón recurrente: gobiernos que generan impulso y energía inmediatamente después del evento tienden a perder ese ritmo cuando llega el momento de las políticas sostenidas de recuperación. La fatiga política, la redirección de recursos hacia otras prioridades, los cambios de administración, la corrupción en programas de reconstrucción –todos estos factores han saboteado historicamente esfuerzos de recuperación en otros países de la región. En ciudades como Cali y Pereira, miles de personas han perdido sus casas, sus empleos, sus fuentes de ingresos. Rescatar a alguien de los escombros después de dieciséis horas es un acto de heroísmo que merece celebración; pero garantizar que esa persona reciba ayuda para reconstruir su vida durante los próximos meses y años es un desafío de naturaleza completamente distinta, que requiere presupuestos sostenidos, coordinación interinstitucional a largo plazo, y la voluntad política de priorizar la recuperación sobre otras agendas.

El contraste entre las respuestas de Colombia y Venezuela en sus respectivos desastres sísmicos ofrece una radiografía involuntaria de cómo sistemas políticos diferentes procesan las crisis. También plantea interrogantes sobre qué sucede cuando ese primer impulso de respuesta debe transformarse en políticas de mediano y largo plazo. Las instituciones democráticas que permitieron a Colombia movilizarse rápidamente en las primeras setenta y dos horas determinarán, en última instancia, si la recuperación será eficiente o si, como en otros casos históricos, la reconstrucción se tornará lenta, desigual y fuente de nuevas frustraciones para poblaciones ya golpeadas por la naturaleza.