Hace exactamente un año, millones de personas en España y Portugal se enfrentaron a algo que muchas generaciones nunca habían vivido: un apagón total, sin precedentes en escala ni duración en la historia reciente de Europa occidental. Las señales de tráfico se apagaron, los teléfonos dejaron de tener señal, las estaciones de servicio no podían despachar combustible y los comercios quedaron imposibilitados de cobrar. El metro de Madrid se detuvo en seco y los pasajeros tuvieron que ser evacuados de los vagones. Lo que entonces pareció una catástrofe con final incierto derivó, con el tiempo, en un punto de inflexión que aceleró cambios estructurales en la gestión de la red eléctrica española y reforzó —en lugar de debilitar— el compromiso del país con las energías limpias. Un año después, el debate técnico está más claro y la transición energética sigue su marcha.
Un colapso que no fue culpa del sol ni del viento
En las horas y días posteriores al apagón, una narrativa tomó fuerza con rapidez: la culpa era de las renovables. La alta generación solar en el momento del colapso alimentó titulares que señalaban directamente a los paneles fotovoltaicos y los parques eólicos como responsables de la inestabilidad. El argumento técnico giraba en torno a la llamada "inercia" de la red: la capacidad de las grandes turbinas de combustibles fósiles y nucleares de amortiguar fluctuaciones mediante su masa giratoria. Se instaló la idea de que, al haber menos de esas máquinas en funcionamiento, la red era más vulnerable. Sin embargo, las investigaciones posteriores desmontaron esa hipótesis con contundencia. El informe definitivo elaborado por ENTSO-E, el operador europeo de redes eléctricas, concluyó que el apagón fue el resultado de una "tormenta perfecta" de fallos de gobernanza vinculados específicamente al voltaje —la presión eléctrica en la red— y no a una carencia de inercia provocada por las renovables. Cuando el voltaje cae o sube fuera de los márgenes normales, líneas y generadores se desconectan automáticamente en cascada. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Una parte del problema tenía además una solución relativamente sencilla que no se había implementado a tiempo: el operador de la red española había restringido históricamente la participación de la generación eólica y solar en el control del voltaje. Esa limitación regulatoria fue eliminada en abril de 2026, cuando las tecnologías renovables comenzaron a prestar servicios de compensación de voltaje. La corrección llegó tarde, pero llegó. Y lo hizo, según señalan los especialistas, empujada justamente por la magnitud del apagón.
La expansión solar no se frenó: se aceleró
Si el objetivo de quienes responsabilizaron a las renovables era ralentizar la transición energética española, el resultado fue exactamente el opuesto. Según datos del centro de análisis energético global Ember, España incorporó 13,8 gigavatios de nueva capacidad solar durante 2025, superando los 12,3 gigavatios añadidos en 2024. Más aún: el mes de julio de 2025 fue el de mayor incorporación de capacidad renovable en toda la historia del país. Lejos de una retirada estratégica, la apuesta por el sol y el viento se profundizó. Chris Rosslowe, analista energético senior de Ember para Europa, sostuvo que la trayectoria de España hacia la reducción del poder fósil y el fortalecimiento de las alternativas limpias se consolidó tras el apagón, no se diluyó.
Es cierto que, en los meses inmediatamente posteriores al colapso, aumentó el uso de centrales de gas operando en "modo reforzado" para contribuir a estabilizar el voltaje de la red. Pero eso no representó un regreso estratégico al gas, sino una respuesta de emergencia ante la falta de alternativas disponibles en ese momento: almacenamiento en baterías de litio a gran escala y motores de inercia sintética que repliquen la estabilidad de las turbinas convencionales sin emitir gases de efecto invernadero. Rosslowe también aclaró que la mitad del incremento en el uso de gas durante 2025 se debió simplemente a que hubo menos viento y menor capacidad hídrica disponible, factores climáticos sin relación con ninguna decisión de política energética.
El gas subió de precio y España quedó más protegida que sus vecinos
El contexto geopolítico global cambió de manera dramática en los meses posteriores al apagón. El estallido de un conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz dispararon los precios internacionales del gas natural. Esa crisis expuso con crudeza la vulnerabilidad de los países europeos con alta dependencia del gas para generar electricidad. España, gracias a su inversión acumulada en renovables, atravesó ese shock con mucho menos daño que sus socios europeos. Jan Rosenow, profesor de política energética y climática en la Universidad de Oxford, estimó que sin el crecimiento eólico y solar de los últimos años, los precios mayoristas de electricidad habrían sido un 40% más altos durante el primer semestre de 2024.
Los datos de precios en 2026 son elocuentes. En marzo de 2026, el precio promedio de la electricidad en España fue de 43 euros por megavatio-hora, el tercero más bajo de Europa, detrás de Finlandia y Portugal. Eso es el doble de barato que en Alemania, donde el precio alcanzó los 99 euros por MWh, y tres veces más barato que en Italia, donde llegó a 144 euros por MWh. La razón, según Rosslowe, es que España logró debilitar el vínculo entre su electricidad y los precios del gas. José Luis Rodríguez, analista y director del Instituto Meridiano, lo expresó sin rodeos: el escudo del sol y el viento es lo único que garantiza precios relativamente accesibles para la mayoría de los españoles, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de la Unión Europea, y eso protege también la economía real del país.
La desinformación como problema tan serio como la infraestructura
Uno de los aspectos más relevantes que dejó este primer aniversario del apagón es la discusión sobre el rol de la desinformación en las crisis de infraestructura crítica. En las horas posteriores al colapso, antes de que hubiera un solo informe técnico serio, ya circulaban afirmaciones categóricas sobre las causas del evento. Esas versiones se reprodujeron en medios, en redes sociales y en bocas de dirigentes políticos. La investigación oficial tardó meses en completarse y sus conclusiones fueron más complejas, más matizadas y mucho menos convenientes para quienes querían usar el apagón como argumento contra la transición energética. La brecha entre la velocidad de la desinformación y la velocidad de la verdad técnica es, para los especialistas, una vulnerabilidad tan real como la falta de baterías o de compensadores de voltaje en la red.
El caso español ilustra algo que trasciende sus fronteras: en el debate energético global, los datos técnicos llegan tarde y las narrativas simplistas llegan primero. España vivió en carne propia las consecuencias de esa asimetría. Y aunque el sistema eléctrico fue reparado en días, los efectos de esa primera oleada de versiones incorrectas sobre las renovables perduran en el debate público.
¿Qué viene ahora?
El balance a un año del apagón permite al menos dos lecturas posibles. Una optimista: España absorbió el golpe, corrigió fallas regulatorias, aceleró su expansión renovable y emerge relativamente bien posicionada frente a una crisis energética global. Otra más cautelosa: los cambios llegaron a raíz de un evento catastrófico que pudo haberse evitado con reformas anteriores, y aún quedan pendientes inversiones estructurales en almacenamiento y estabilización de red que harán falta para sostener una matriz cada vez más dependiente de fuentes variables. Lo que está claro es que las tendencias de largo plazo en España no apuntan de regreso a los combustibles fósiles. La pregunta que queda abierta es si el ritmo de adaptación de la infraestructura y de la regulación podrá acompañar la velocidad a la que crece la generación renovable, o si hará falta otro evento disruptivo para forzar los próximos ajustes necesarios.
