Un hombre de 89 años atacó a balazos dos edificios del Estado griego y fue detenido cuando intentaba escapar al exterior

Grecia se despertó el martes con una noticia que sacudió su sentido de tranquilidad pública: un hombre de 89 años recorrió dos edificios del Estado en Atenas, disparó en ambos y logró huir antes de ser capturado horas después en Patras, la ciudad portuaria ubicada al oeste del país, cuando presuntamente intentaba embarcarse hacia Italia. Lo que hace singular este episodio no es solo la edad del agresor, sino lo que reveló de golpe: que los edificios del poder público en un Estado miembro de la Unión Europea pueden ser ingresados con un arma sin que nadie lo detecte. Eso cambia el debate. Ya no es solo un hecho policial. Es una falla institucional.

Cómo se desarrollaron los ataques en el corazón de la capital griega

El primer blanco fue una dependencia de la seguridad social. El agresor entró al edificio portando lo que las autoridades describieron como una escopeta de aspecto antiguo y disparó contra una empleada, hiriéndola en una pierna. El impacto fue físico, pero también simbólico: una oficina donde los ciudadanos tramitan jubilaciones y prestaciones se convirtió en escena de un tiroteo. Sin solución de continuidad, el mismo hombre se trasladó a un tribunal de apelaciones, ingresó a una sala donde se desarrollaba una audiencia en curso y volvió a abrir fuego. Cuatro funcionarios judiciales resultaron heridos, aunque ninguno de gravedad. El edificio fue evacuado de inmediato, pero el atacante ya había abandonado el lugar. Comenzó entonces una búsqueda a escala nacional que culminó con su detención en Patras. "Estaba armado cuando fue detenido", confirmó una fuente policial.

Según información difundida por allegados al detenido, el hombre padecía problemas de salud mental y arrastraba una profunda frustración por el rechazo de una solicitud de pensión estatal. Esa negativa, al parecer, fue el detonante. No es un dato menor: Grecia atravesó entre 2010 y 2018 uno de los procesos de ajuste fiscal más severos de la historia europea reciente. El rescate financiero impuesto por los acreedores internacionales obligó al país a recortar salarios, jubilaciones y servicios públicos de manera drástica. Miles de ciudadanos vieron reducidos sus ingresos a cifras que difícilmente alcanzan para cubrir los gastos básicos, en un contexto donde el costo de vida no ha dejado de subir. Las pensiones, en particular, fueron blanco predilecto de los sucesivos recortes. Para muchos jubilados griegos, la relación con el Estado se volvió una fuente de angustia y, en algunos casos, de humillación.

El escándalo de las máquinas de rayos X que llevan siete años sin usarse

El episodio abrió un debate que llevaba tiempo pendiente. Sotiris Tripolitsiotis, secretario general de la asociación de empleados judiciales de Atenas, reveló un dato que sintetiza con brutal precisión el estado de las cosas: los equipos de rayos X adquiridos para reforzar la seguridad en el tribunal permanecen sin funcionar desde hace siete años, cuando fueron comprados, porque nunca se capacitó al personal necesario para operarlos. "Nadie que entra a los tribunales puede ser revisado de manera efectiva", señaló. La compra de los equipos, sin la inversión complementaria en formación y logística, terminó siendo un gasto inútil. O peor: una promesa incumplida que dejó expuestos a quienes trabajan todos los días en esos edificios.

La Asociación Griega de Jueces y Fiscales no tardó en pronunciarse. En un comunicado oficial, la entidad calificó el ataque como una demostración "en el peor sentido posible" de la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en un edificio público de un país que integra la Unión Europea y que es visitado cotidianamente por cientos de personas. La dureza del texto refleja una acumulación de reclamos que no encontraron respuesta. Tripolitsiotis añadió que desde hace tiempo se viene advirtiendo al gobierno sobre la necesidad de reforzar los controles, especialmente porque los tribunales atienden cada vez más causas vinculadas a embargos y deudas, situaciones que generan en los involucrados estados emocionales de alta tensión. La combinación de vulnerabilidad económica con acceso irrestricto a espacios donde se toman decisiones que afectan patrimonios y vidas crea un cóctel de riesgo que las autoridades subestimaron.

Una sociedad que no estaba acostumbrada a este tipo de violencia

Grecia no tiene una cultura de violencia armada comparable a la de otros países occidentales. Los índices de homicidios y delitos con armas de fuego se ubican históricamente entre los más bajos de Europa. Por eso, la conmoción que generaron estos dos ataques fue proporcional a su excepcionalidad. Para la sociedad griega, ver a un anciano de casi noventa años recorrer edificios públicos con una escopeta disparando contra empleados del Estado resulta algo difícil de procesar, no solo emocionalmente, sino también en términos de esquemas de seguridad que simplemente no estaban diseñados para contemplar ese escenario. El hecho de que el agresor haya podido moverse entre ambos edificios y luego atravesar cientos de kilómetros antes de ser detenido pone en evidencia también las limitaciones del sistema de respuesta ante situaciones de este tipo.

Desde una perspectiva histórica y social, vale recordar que durante los años más duros de la crisis de deuda, Grecia registró un aumento significativo en los índices de suicidio, depresión y otros indicadores de deterioro de la salud mental. Organizaciones sanitarias alertaron en su momento sobre el impacto que los recortes en los servicios de atención psicológica estaban teniendo en la población más vulnerable, incluyendo a los adultos mayores que veían desmoronarse las protecciones sociales con las que habían planificado su vejez. Ese contexto no justifica ninguna acción violenta, pero sí ayuda a entender el caldo de cultivo en el que un episodio como este puede germinar.

Las consecuencias de este hecho se despliegan en varios planos simultáneos. En el judicial e institucional, el gobierno enfrenta una presión concreta para revisar los protocolos de seguridad en edificios públicos, con la paradoja de que ya existen equipos adquiridos para eso que nunca fueron puestos en funcionamiento. En el político, la oposición cuenta con un argumento concreto para cuestionar la gestión de los recursos destinados a seguridad ciudadana. En el social, el caso reabre heridas de una década de austeridad que para muchos griegos, especialmente los de mayor edad, todavía no cicatrizaron. Y en el plano del debate sobre salud mental y acceso a servicios estatales, vuelve a instalarse la pregunta sobre qué ocurre cuando el Estado rechaza solicitudes de asistencia sin contar con redes de contención para quienes quedan fuera del sistema. Cada uno de esos frentes tendrá que ser atendido, tarde o temprano, con algo más que promesas.