En una sesión que terminó con aplausos dentro del hemiciclo de Estrasburgo, el Parlamento Europeo dio un paso que muchas organizaciones de derechos humanos llevan años reclamando: 447 de sus 720 eurodiputados respaldaron un informe que exige a la Comisión Europea elaborar una definición común de violación basada en el consentimiento. No en la resistencia. No en la fuerza. No en si la víctima gritó o no. El criterio es uno solo: si no hubo un "sí" claro, explícito y libre, no hubo consentimiento. Lo que cambia con este voto no es todavía una ley vinculante, pero sí la dirección política de uno de los bloques económicos y democráticos más influyentes del planeta. Y eso, en el contexto global actual, no es poca cosa.
El mapa roto de las leyes europeas
Hoy mismo, dentro de la Unión Europea, la palabra "violación" no significa lo mismo en todos lados. Esa es la realidad que el informe aprobado busca corregir. Ocho países del bloque, entre ellos Italia, Hungría y Rumania, mantienen legislaciones que en mayor o menor medida exigen que la víctima demuestre haber opuesto resistencia verbal o física, o que fue sometida por la fuerza. En otras palabras: la carga de la prueba recae, parcialmente, sobre quien sufrió el ataque. Esta fragmentación normativa genera situaciones paradójicas y profundamente injustas: una persona que fue violada en Alemania puede ver cómo su agresor queda impune si cruza hacia un país cuya legislación requiere elementos adicionales para tipificar el delito. No es una hipótesis. Es una posibilidad legal concreta que el marco jurídico actual permite.
La eurodiputada polaca Joanna Scheuring-Wielgus, una de las principales impulsoras del informe, lo explicó sin rodeos: no puede ser que el significado de la violación cambie según el lado de la frontera en el que uno se encuentre. La legislación europea en materia penal es, históricamente, una de las áreas donde la soberanía nacional ha resistido con más fuerza la armonización comunitaria. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los estados miembros ya avanzaron de manera autónoma hacia definiciones basadas en el consentimiento. Francia lo hizo recientemente, al igual que Finlandia, Luxemburgo y los Países Bajos. El problema persiste en ese núcleo de países que todavía sostienen marcos legales más restrictivos para la víctima.
El caso que lo cambió todo
El debate sobre el consentimiento no nació con este voto. Pero sí encontró en el último año un rostro que lo llevó a la agenda pública de manera irreversible. El caso de Gisèle Pelicot, la mujer francesa que eligió enfrentar públicamente el proceso judicial que la convirtió en símbolo global, sacudió a Europa entera. Su marido la había sedado durante años e invitado a decenas de hombres a abusar de ella mientras permanecía inconsciente. El juicio, seguido por millones de personas, expuso con una crudeza descarnada la trampa conceptual de definir la violación en función de la resistencia: ¿cómo resiste alguien que no puede moverse, que no sabe lo que le está ocurriendo? La respuesta obvia es que no puede. Y sin embargo, en varios sistemas legales, esa ausencia de resistencia todavía puede ser usada como argumento defensivo.
Scheuring-Wielgus lo dijo sin eufemismos: la valentía de Pelicot al no pedir que el juicio fuera a puertas cerradas, al exponerse públicamente, abrió los ojos incluso de quienes hasta entonces se habían mostrado más reticentes al cambio. La eurodiputada sueca Evin Incir, otra de las voces más activas en esta campaña, puso sobre la mesa un dato que debería incomodar a cualquier sistema de justicia que se precie de tal: solo el 0,5% de las violaciones en Europa termina en una condena. Ese número, por sí solo, habla de la brecha entre la realidad de las víctimas y la respuesta institucional que reciben.
Un antecedente bloqueado y una nueva apuesta
Este no es el primer intento del Parlamento Europeo por avanzar en esta dirección. En 2023, un esfuerzo similar para crear una definición común de violación fue bloqueado por varios gobiernos del bloque, que argumentaron que la medida excedía las competencias de la Unión Europea en materia de derecho penal. El Tratado de Funcionamiento de la UE permite la armonización legislativa en ciertos delitos graves, pero la interpretación de hasta dónde llega ese margen ha sido históricamente disputada. Ese antecedente pesa, y las propias impulsoras del informe lo reconocen. Cuando les preguntan "¿para qué intentarlo si ya falló?", la respuesta de Scheuring-Wielgus es que los tiempos cambiaron. Y no lo dice en abstracto: lo dice señalando juicios, movilizaciones, cambios legislativos nacionales y un clima de opinión pública que en Europa ya no tolera con la misma pasividad la impunidad en los casos de agresión sexual.
La Comisión Europea, por su parte, expresó que "valora positivamente" el movimiento del Parlamento, aunque sin comprometerse con un calendario concreto. Esa ambigüedad no pasó desapercibida. Scheuring-Wielgus admitió que tiene la sensación de que dentro de la Comisión no hay verdadera convicción de que este sea un camino viable políticamente. Sin embargo, tanto ella como Incir dejaron en claro que no van a bajar los brazos. "Si miramos lo que pasa en el resto del mundo, Europa es hoy uno de los pocos lugares donde todavía se pelea activamente por los derechos de las mujeres", señaló Scheuring-Wielgus, en referencia implícita al retroceso que se observa en Estados Unidos y en diversas regiones de Oriente Medio.
Contexto histórico y lo que viene
El marco legal europeo sobre violencia sexual tiene una historia larga y desigual. Las primeras directivas de la UE en materia de violencia de género se centraron principalmente en la trata de personas y el abuso infantil. Fue recién en la última década cuando el debate sobre el consentimiento como eje central de la definición de violación comenzó a ganar terreno en las instituciones comunitarias. Un estudio publicado en 2014, elaborado a partir de entrevistas con 42.000 mujeres en toda la UE, mostró que una de cada diez había sufrido alguna forma de violencia sexual desde los 15 años, y que una de cada veinte había sido violada. La inmensa mayoría de esas mujeres nunca recibió ninguna forma de justicia. Ese informe fue citado repetidamente en los debates de los años siguientes, pero durante mucho tiempo no alcanzó para mover la aguja legislativa.
Lo que se abre ahora es un proceso político incierto pero cargado de significado. El Parlamento Europeo aprobó el informe, pero la iniciativa legislativa corresponde a la Comisión. Si esta decide avanzar con una propuesta concreta, los estados miembros tendrán que negociar, y los que hoy tienen legislaciones más restrictivas deberán decidir si adaptan sus marcos normativos o si vuelven a poner el freno. Desde una perspectiva, la presión política y social acumulada, amplificada por casos como el de Pelicot y por movimientos como el #MeToo, hace que el costo de oponerse sea hoy más alto que hace dos años. Desde otra mirada, los gobiernos que históricamente han defendido su soberanía legislativa en esta materia no tienen ninguna obligación inmediata de cambiar de postura, y la Comisión podría optar por no forzar un conflicto político con estados miembros clave. Lo que está claro es que el voto del martes no cierra nada: abre una nueva etapa de un debate que, con más o menos velocidad, seguirá definiendo qué significa hacer justicia en Europa.
