El reloj corre sin piedad para Martín Irurzun. Este sábado cumple 75 años y, con esa fecha, vence el plazo que la Constitución Nacional le impone para permanecer en su cargo como juez de la Cámara Criminal y Correccional Federal. A menos que ocurra un milagro judicial en los próximos días —literalmente, una resolución de la Corte Suprema a su favor—, deberá dejar su banca. Pero Irurzun no se resigna. Consiguió que el máximo tribunal aceptara revisar su apelación para que le permita seguir otros cinco años más en el tribunal. Lo que suceda en la Corte durante estas 96 horas podría cambiar no solo su destino personal, sino también la configuración de uno de los espacios judiciales más sensibles de la Argentina: la Cámara Federal, tribunal que históricamente ha definido procesos políticos, criminales y de corrupción de alcance nacional.

La batalla por la constitucionalidad de una regla

El planteo de Irurzun es osado y de envergadura constitucional. Argumenta que el límite de edad de 75 años para los magistrados federales, incorporado en la reforma constitucional de 1994, es inconstitucional. Pero hay más: sostiene que la composición actual de la Corte Suprema ha cambiado tanto desde que en 2017 se validó este tope de edad —en el recordado caso Schiffrin— que el tribunal podría variar su criterio y fallar a su favor esta vez. Para fundamentar esta apuesta, Irurzun señala que Juan Carlos Maqueda, quien integraba la mayoría en aquel fallo de 2017, ya no está en el tribunal. Con esa baja, dice, la vieja mayoría "ha desaparecido". Es un argumento que juega con la volatilidad de la composición de la Corte y apela a una esperanza: que los ministros actuales voten diferente.

La estrategia procesal de Irurzun fue ingeniosa. Cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó darle una medida cautelar para frenar el proceso de su salida, él apeló directamente a la Corte Suprema. Y funcionó: logró que el máximo tribunal aceptara revisar el caso. Esto le abre una ventana de tiempo, aunque estrecha como una rendija. Ahora la Corte tiene cuatro días para decidir si le concede una cautelar que suspenda los efectos de la edad limite mientras se resuelve el fondo de su demanda constitucional. Si obtiene esa orden, podría seguir en funciones aunque haya pasado el sábado. Si no la obtiene, el sábado será su último día como camarista Federal.

La maquinaria de la restructuración judicial en marcha

El contexto en el que se despliega esta batalla es crucial para entender sus verdaderas dimensiones. El Gobierno nacional está en plena reingeniería del Poder Judicial. Han comenzado decenas de nombramientos en diferentes tribunales, y la Cámara Federal porteña es precisamente uno de los objetivos prioritarios de esa rediseño institucional. Irurzun no está en los planes. En su lugar, se prevé la llegada de nuevos nombres alineados con la actual administración. Entre ellos figuran Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, ambos candidatos del Ejecutivo para ocupar espacios en la Sala I de ese tribunal. Yadarola es cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Bertuzzi, por su parte, había sido trasladado a otra jurisdicción pero decidió concursar para el cargo al que lo habían enviado originalmente.

Hay un precedente que ilumina esta trama: el caso de Leopoldo Bruglia, quien también llegó a la Cámara Federal por decreto —sin concurso— y ahora enfrenta su reemplazo. Bruglia denuncia discriminación y cita como comparación el caso del padre del ministro Mahiques, Carlos Mahiques, quien también fue trasladado a Casación pero recibió un trato diferente. El padre Mahiques fue nuevamente nombrado este año cuando cumplió 75 años, gracias a una promoción del Presidente. Para Bruglia, esa diferencia de trato es discriminatoria. Irurzun, aunque su caso tiene otras características, enfrenta una situación análoga: mientras que al padre Mahiques se le permitió continuar, a él se le cierra la puerta. Esto revela tensiones internas en cómo el Gobierno está tratando a los magistrados según su alineamiento con la gestión actual.

Los escollos procedimentales en la Corte

La tramitación de este caso en la Corte Suprema enfrenta obstáculos procedimentales que vuelven aún más acelerado el cronograma. Irurzun pidió que el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se excuse de participar, argumentando que él fue constituyente por el peronismo en 1994 y votó a favor del artículo que establece el límite de edad. Como Ricardo Lorenzetti se encuentra fuera de Buenos Aires, la responsabilidad de convocar al sorteo de conjueces recae en el vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Esto significa que deberán designarse cuatro conjueces que no integren la Corte para que se pronuncien sobre la cautelar. En situaciones normales, este proceso toma semanas. Aquí se debe resolver en días.

Un detalle jurídico adicional: Rosenkrantz votó en disidencia en el caso Schiffrin de 2017, es decir, votó en contra de la validez del límite de 75 años. Esto significa que, si la Corte se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, contaría con al menos un voto inclinado a cuestionar la constitucionalidad del tope de edad. Aunque Rosenkrantz no votará en esta instancia de cautelar —solo convocará al sorteo—, su posición anterior es conocida y genera expectativas sobre la dirección que podría tomar el máximo tribunal si la cuestión llegara a resolverse en el fondo.

En cuanto al rechazo inicial que sufrió Irurzun, los jueces Luis María Márquez y Clara Caputi de la Cámara en lo Contencioso Administrativo argumentaron que no existe "verosimilitud en el derecho" para otorgarle la medida cautelar. Se apoyaron en la doctrina que la Corte Suprema había establecido en Schiffrin, donde se respaldó el cambio constitucional de 1994 que obliga a nuevos nombramientos para jueces que alcancen los 75 años. Márquez y Caputi rechazaron el argumento de Irurzun sobre el cambio de composición de la Corte, sosteniendo que no es válido "basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes" para apartarse de jurisprudencia vigente. Sin embargo, la misma Cámara que los rechazó después le allanó el camino a Corte Suprema, permitiéndole elevar su planteo al máximo tribunal.

La importancia de la Cámara Federal en disputa

No se trata de un conflicto meramente personal entre Irurzun y la administración. La Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital es uno de los tribunales más influyentes del país. Está dividida en dos salas, cada una compuesta por tres jueces, y funciona como tribunal de apelación de los fallos dictados por los jueces federales de primera instancia ubicados en Comodoro Py, el epicentro del Poder Judicial en materia penal. Aquí se dirimen causas de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y delitos complejos que muchas veces tocan aspectos sensibles de la política nacional. Las decisiones de esta Cámara afectan investigaciones de primer orden, sentencias de magnitud política y, consecuentemente, el rumbo de procesos judiciales que importan al conjunto de la sociedad.

Que Irurzun permanezca o sea reemplazado no es, entonces, un asunto administrativo. Es una decisión que impactará en cómo se resuelven casos emblemáticos en los próximos años. Con Yadarola y Bertuzzi llegando a la Sala I, la composición del tribunal experimentará un giro significativo. Si además Irurzun se va, la rotación será aún más profunda. Esto forma parte de la estrategia más amplia del Gobierno para reconstruir la Justicia Federal según su visión política, un proceso que ya ha generado controversias por su velocidad y sus métodos.

El factor tiempo y las incertidumbres que vienen

Los próximos cuatro días serán decisivos. Si la Corte Suprema le otorga la cautelar a Irurzun, la batalla se extiende en el tiempo y se abre un debate constitucional que podría tener ramificaciones para otros magistrados que enfrenten o enfrenten límites de edad similares. Si la Corte rechaza su pedido de cautelar, Irurzun deberá abandonar su cargo el sábado, y el Consejo de la Magistratura abrirá un concurso para cubrir la vacante. Mientras tanto, uno de los jueces suplentes de la Sala I ocuparía su banca de forma temporal, profundizando la transición que ya está en curso.

El desenlace también determinará si la jurisprudencia Schiffrin de 2017 se mantiene intacta o si la Corte actual está dispuesta a revisar su postura sobre constitucionalidad de límites de edad para magistrados. Esto podría afectar a otros jueces que se encuentren en situaciones similares o que en el futuro alcancen esa edad. La decisión de la Corte, sea cual fuere, sentará un precedente sobre cómo el máximo tribunal interpreta la reforma constitucional de 1994 en materia de continuidad de magistrados en funciones. Para algunos, permitir que Irurzun siga equivaldría a reconocer que las reglas constitucionales pueden ser flexibles cuando se argumentan cambios en la composición de tribunales; para otros, mantener el límite de 75 años es honrar la voluntad de los constituyentes de 1994 y preservar un principio de renovación periódica del Poder Judicial. Ambas lecturas tienen bases jurídicas legítimas, y la Corte deberá decidir cuál pesa más en este momento histórico.

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