La reforma de la Ley de Tierras vuelve a ocupar el centro de la escena política nacional, y con ella resurgen tensiones profundas sobre soberanía territorial, modelos productivos y el alcance de la desregulación. A apenas semanas de un nuevo intento fallido, la administración actual ha reactivado una operación legislativa de precisión quirúrgica: contactos bilaterales, redacciones ajustadas, y una carrera contra el reloj para asegurar apoyo en el Senado antes del debate previsto para el 6 de agosto. Lo que está en juego trasciende las mayorías parlamentarias. Se trata de una decisión estructural sobre quién puede poseer la tierra en territorios fronterizos y productivos del país, una cuestión que ha permanecido relativamente blindada desde hace más de una década.
Desde la Casa Rosada reconocen, sin ambages, que aún no hay certidumbre sobre los números. Esa admisión candente es sintomática: una iniciativa que el Poder Ejecutivo promociona como fundamental para la productividad y la inversión no logra traducirse automáticamente en respaldo legislativo. La senadora Patricia Bullrich, quien funge como articuladora central de estas negociaciones, ya ha diagramado una batería de encuentros para la semana previa a la votación. El plan incluye abordajes tanto a legisladores propios como a interlocutores de espacios aliados. La meta declarada es simple pero esquiva: determinar con exactitud cuántos votos están asegurados y, en paralelo, ajustar la redacción final del proyecto hasta lograr el umbral de aprobación.
La versión quince: iteraciones sin certeza
El proyecto que llegará al recinto no es una propuesta virgen. Se trata de la decimoquinta reformulación surgida de negociaciones sucesivas, principalmente entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esta proliferación de versiones refleja, en sí misma, la dificultad estructural de lograr consenso sobre un tema que toca nervios provinciales y cuestiones de soberanía. La iniciativa también englobaría cambios en materia de desalojos expresos y modificaciones a la legislación sobre manejo del fuego, pero el nudo de la controversia permanece sin variaciones: la apertura del régimen de adquisición de tierras rurales por actores extranjeros.
Desde la óptica gubernamental, el argumento es económico y directo. Los impulsores señalan que flexibilizar estas restricciones potenciará la producción y generará corrientes de inversión. El senador libertario Bartolomé Abdala resumió esta lógica en términos que buscan desactivar alarmas sobre soberanía: la tierra seguiría ligada a objetivos productivos, la inversión extranjera traería empleo, y no habría menoscabo de la autonomía nacional. Sin embargo, esa narrativa encuentra resistencia incluso en territorios que históricamente han acompañado las políticas oficialistas. Es el caso paradigmático de Misiones, donde la interna política provincial genera ondas expansivas sobre el comportamiento de sus representantes nacionales.
Fisuras provinciales y ambigüedades legislativas
En la provincia misionera, una crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira genera volatilidad institucional. Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decutto aún no han desplegado señales públicas sobre su posicionamiento, manteniéndose en una postura de expectativa. No sucede lo mismo con Oscar Herrera Ahuad, exgobernador misionero e integrante de la Cámara de Diputados, quien ha brindado definiciones explícitas: rechaza la iniciativa y la percibe como un peligro para las economías regionales, los sistemas productivos locales y el cuidado ambiental. Una postura que no es meramente personal: representa la cosmovisión de sectores importantes del establishment provincial que históricamente ha sido celoso sobre las tierras. La declaración de Herrera Ahuad funciona como un termómetro de lo que podría ocurrir en el Senado si Arce y Rojas Decutto optan por acompañar posiciones territoriales.
Más allá de las fronteras provinciales, la iniciativa enfrenta cuestionamientos desde otros espacios tradicionales. La Iglesia Católica ha emitido una comunicación dirigida a la totalidad del cuerpo senatorial a través de su Comisión Episcopal de Pastoral Social, Pastoral Aborigen y Cáritas. El mensaje no apunta a rechazos coyunturales sino a un principio ordenador: quienes debatan deben priorizar el bien común y el futuro de generaciones venideras por encima de intereses sectoriales. Es una intervención que evita el antagonismo frontal pero implanta una marca moral sobre el acto votatorio. En la Unión Cívica Radical, la heterogeneidad es manifiesta. La conducción del bloque, bajo la dirección del correntino Eduardo Viscigliosi, considera que la redacción actual podría convencer a aproximadamente siete de los diez legisladores del espacio. Pero hay detractores confirmados: Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger ya han comunicado su rechazo. Flavio Famato permanece en territorio de indefinición. Simultáneamente, la conducción nacional radical, a través de un comunicado firmado por Leonel Chiarella, cuestionó la propuesta al advertir que eliminar limitaciones razonables compromete la soberanía nacional.
La arquitectura legal en cuestión data de 2011 y establece umbrales bien definidos: los extranjeros no pueden superar el 15% de la propiedad rural nacional, quedan excluidos de transacciones en zonas fronterizas, y enfrentan un límite de 1000 hectáreas en áreas consideradas núcleo productivo. La reforma buscaría disolver estas protecciones, dejando únicamente una restricción en territorios de frontera sujeta a doble aprobación, nacional y provincial. La diferencia es cualitativa: pasa de un régimen restrictivo con excepciones a uno permisivo con limitaciones geográficas puntuales.
Tácticas legislativas y variables imprevisibles
Bullrich ha programado una reunión con los 21 integrantes del bloque libertario para el miércoles anterior a la sesión. También sostará encuentros con legisladores dialoguistas en el segundo piso del Palacio Legislativo. El objetivo práctico es verificar compromisos y darle forma final a la redacción que ingresará al recinto. El oficialismo espera movilizar a sus propios legisladores, más los tres del PRO bajo el liderazgo de Martín Goerling Lara, con el regreso de Andrea Cristina tras licencia maternal. A esto se suman las apuestas sobre legisladores de otras bancadas: Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza. La estrategia también contempla capturar votos desde las internas provinciales, particularmente enfocándose en la relación entre Carlos Arce y Carlos Rovira en Misiones. El bloque Convicción Federal, conducido por Carolina Moisés e integrado además por Sandra Mendoza y Guillermo Andrada (representantes de Tucumán y Catamarca), también aparece en la mira: sus gobernadores, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, han mostrado cercanía con la Casa Rosada.
Una variable institucional adicional marca diferencias con intentos anteriores: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidirá la sesión debido a un viaje presidencial a Colombia. La conducción quedará en manos de Bartolomé Abdala. Esto elimina la posibilidad de un desempate negativo del tipo que protagonizó el exvicepresidente Julio Cobos en 2008, cuando su voto en contra definió el rechazo a las retenciones móviles. Villarruel, además, ha manifestado públicamente su desacuerdo con la liberalización de ventas de tierras a extranjeros, una posición que reiteró en intercambios por redes sociales con legisladores cercanos. Su ausencia del recinto es, entonces, una ventaja para el oficialismo: elimina una fuente potencial de complicaciones.
Los antecedentes recientes ofrecen lecciones sobre cómo el Poder Ejecutivo maneja estos procesos. En el intento anterior, Sturzenegger envió al secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, al Senado para advertir que una versión que incorporara participación provincial sería vetada. Luego, tras la reunión entre el ministro y Bullrich, esa misma redacción fue aceptada. El cambio de criterio sugiere tanto flexibilidad táctica como claridad sobre lo que se considera innegociable: la eliminación de los pisos sobre propiedad extranjera sigue siendo el objetivo central, con la zona de frontera como única excepción sujeta a doble aprobación.
El panorama que se abre a días de la nueva votación es, entonces, de gran complejidad. La operación legislativa en curso representa un esfuerzo concentrado para traducir preferencias ejecutivas en norma legal mediante negociación directa, ajustes redaccionales y cálculos parlamentarios de precisión. No se trata de un debate abierto sobre visiones divergentes de país, sino de una transacción voto a voto donde cada legislador representa no solo una preferencia personal sino equilibrios provinciales, presiones sectoriales y consideraciones soberanistas que permanecen vigentes en la arquitectura institucional argentina. El resultado dependerá de si esa aritmética logra cerrarse en el tiempo disponible, y de si las redacciones finales logran apaciguar suficientemente los rechazos internos sin desactivar el apoyo ya comprometido. Todo indica que hasta la última hora habrá movimientos, reposicionamientos y negociaciones que definirán el destino de una iniciativa que, aprobada o rechazada, dejará marcas duraderas sobre el modelo de gobernanza territorial del país.
