A veces las decisiones más sencillas generan las consecuencias más complicadas. Un gerente de sucursal se negó a firmar un trámite crediticio. Nada extraordinario en apariencia: es parte de su función evaluar riesgos. Pero lo que sucedió después —un traslado de castigo, documentos que demoraban en llegar, acusaciones de represalia— abrió una compuerta de irregularidades que terminaría en los tribunales federales de Mar del Plata y que cuestiona la forma en que se toman decisiones en la principal entidad bancaria estatal del país.

El protagonista de esta historia es Pablo Pourrere, quien lleva tres décadas y media trabajando en el Banco Nación. Diez de esos años los pasó como gerente zonal de la sucursal atlántica, con sede en Mar del Plata. En febrero de 2025, recibió una orden de traslado hacia Santa Fe. No solicitó ese cambio. No lo esperaba. Y sobre todo, no lo consideró justo. Las razones las documentó cuidadosamente, las llevó ante la Justicia, y hoy un juez federal le da parcialmente la razón al ordenar que se suspenda la medida mientras se resuelve el fondo del asunto.

Lo que ocurrió entre bastidores revela un panorama donde la presión desde niveles jerárquicos superiores, las demoras estratégicas en la circulación de información sensible y las decisiones administrativas cuestionables confluyen de manera sospechosa. Todo gira alrededor de un crédito de $52.600 millones destinado a financiar un emprendimiento inmobiliario en la ciudad costera. El solicitante era una empresa llamada Jardines de Chauvín SA, constituida apenas seis meses antes, sin experiencia previa en construcción, sin ingresos registrados y con un balance deficitario. El principal accionista era Mariano Jinkis, quien junto a su padre Hugo Jinkis había admitido meses atrás ante autoridades estadounidenses haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares a lo largo de cinco años.

El operativo desde Buenos Aires

Lo inusual del caso comenzó en enero de 2025. Normalmente, los clientes solicitan financiamiento a los bancos. En esta ocasión, fue al revés: empleados del área de Productos Hipotecarios de la Casa Central del Banco Nación contactaron directamente al estudio de arquitectos Mariani Pérez Cañadas para que les facilitara el contacto de Jardines de Chauvín. Aunque la entidad bancaria sostendría después que fueron los arquitectos quienes se acercaron al banco. Lo cierto es que desde Buenos Aires se movieron rápido. El 22 de diciembre de 2024 convocaron por videoconferencia a Pourrere y su equipo. Le enviaron documentación del proyecto y fijaron como objetivo "ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación".

Pourrere analizó lo que recibió. Y después de las festividades de fin de año, el 26 de diciembre, remitió su primer cuestionamiento por escrito. El análisis era técnico, riguroso, basado en los números: una empresa en su primer año fiscal, con balance negativo, sin ingresos durante el período considerado. Eso ya era suficiente causa para rechazar. Pero Pourrere fue más allá. Detectó que la documentación incluía antecedentes de obras de Jardines de Chauvín de 2014, 2017, 2020 y 2021. Un detalle imposible: la sociedad recién se había constituido en junio de 2024. Alguien en Buenos Aires había falsificado u ocultado información.

Pourrere solicitó que una evaluadora independiente analizara el proyecto. Serinco SRL realizó la tasación: US$35,6 millones, equivalentes a $52.638 millones al tipo de cambio de la época. Los números quedaron sobre la mesa. Pero entonces ocurrió algo revelador. El 25 de febrero, desde Buenos Aires enviaron a Mar del Plata un acta donde reportaban que el proyecto costaba $35.600 millones. Un error grave: habían tomado los dólares y los reportaron como pesos, dividiendo la cifra por mil. Ese mismo día, percatándose del error, emitieron una segunda acta con la cifra correcta: $52.600 millones. Pero el documento que llegó a Pourrere el 6 de marzo fue el erróneo. La versión corregida no llegó hasta el 19 de marzo. ¿Intencionalidad o desorganización? Nadie lo sabe aún.

Los documentos que llegaban tarde

Mientras tanto, desde Buenos Aires presionaban. El 3 de marzo le enviaron un "modelo de resolución" para que Pourrere firmara. No era una consulta. Era una orden disfrazada de propuesta. Además, le indicaban que querían "avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente", es decir, abrir cuentas, emitir tarjetas de crédito y otros productos vinculados. La lógica comercial estaba invertida: primero el crédito sospechoso, después los servicios complementarios.

Pourrere se negó. Y entonces comenzó a recibir información que debería haber tenido desde antes. El 26 de marzo —casi un mes después de que fuera emitido— recibió el informe de la Subgerencia General de Integridad del Banco Nación. El documento alertaba sobre los antecedentes de Jinkis en el caso FIFAgate y recomendaba implementar un "criterio reforzado de debida diligencia" si decidían otorgar el crédito. Era la información crucial, la que debería haber estado disponible desde el inicio. Pero llegó después de que Pourrere se negara a firmar. La cronología importa porque sugiere una estrategia: compartir los datos problemáticos solo después de que el gerente zonal ya se hubiera opuesto, evitando así que fundamentara su negativa con esos antecedentes.

El 20 de febrero, el Directorio del Banco Nación aprobó una resolución de traslados. Pourrere no fue informado de inmediato. Recién el 25 de marzo —treinta y tres días después— le notificaron que debía trasladarse a Reconquista, Santa Fe. La distancia: más de 1.300 kilómetros. El castigo no era homogéneo: dos colegas fueron trasladados simultáneamente. A uno lo ascendieron de categoría; al otro lo mantuvieron en la máxima. Ambos aceptaron sin objeciones. Pourrere fue el único descendido de nivel —aunque mantuvo el salario— y el único que no fue consultado sobre su destino.

La secuencia de eventos es lo que le permitiría después argumentar ante la Justicia que existía represalia. Negativa a firmar un crédito. Demora en la entrega de información crítica. Luego, un traslado punitivo. Todo con una celeridad que contrastaba con la desorganización anterior. Se le ordenó ocupar el nuevo puesto en una semana. Con treinta y seis años en la institución, con una familia en Mar del Plata, con una carrera construida en la sucursal atlántica, Pourrere decidió no acatar la orden. Presentó un descargo donde denunció la represalia y acudió a la Justicia federal.

La investigación interna que confirmó sospechas

Mientras el conflicto escalaría a nivel judicial, el Banco Nación encargó una auditoría interna. El 18 de mayo, la Gerencia de Productos Hipotecarios denegó finalmente el crédito. Los motivos: riesgos reputacionales e integridad. Precisamente lo que Pourrere había alertado desde diciembre. El 8 de junio, el informe de auditoría llegó a sus conclusiones después de analizar toda la documentación. Los auditores confirmaron que el costo total del proyecto alcanzaba casi $79.800 millones, que la empresa carecía de experiencia comprobable en construcción de viviendas, que había debilidades graves en la documentación de respaldo y que faltaban evidencias del vínculo formal entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvín.

Pero hay un dato que revela la naturaleza anómala de todo el proceso: el crédito nunca fue solicitud de Mar del Plata. Los desarrolladores nunca lo pidieron. Fue iniciado desde Buenos Aires. Tan es así que la Casa Central debió modificar sus procedimientos internos el 29 de mayo para autorizar ex post que los créditos pudieran originarse desde la central. Una reforma administrativa hecha cuando el escándalo ya estaba en marcha. Los auditores también identificaron que el Banco corría riesgos de "inadecuado otorgamiento de préstamo" y "eventuales pérdidas económicas", además del "posible riesgo reputacional" que significaba asociarse con Jinkis en medio de las investigaciones sobre corrupción en el fútbol.

El Banco Nación mantuvo su posición sobre el traslado de Pourrere: que las decisiones transitaron por "carriles institucionales independientes" y que responden a "procesos de naturaleza distinta". Sostuvieron que la resolución de traslado fue firmada el 20 de febrero, antes de que se abriera la auditoría, antes de que se denegara el crédito, por lo tanto, no podía ser represalia por la negativa de Pourrere. El argumento tiene un problema de lógica temporal: aunque la resolución fuera anterior, la notificación fue posterior a la negativa de Pourrere. Y entre ambas fechas ocurrieron eventos que sugieren una secuencia causal.

La medida cautelar y sus implicaciones

El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, resolvió suspender el traslado mediante una medida cautelar. Su fundamentación cuestiona varios aspectos del procedimiento. Primero, que la resolución del Directorio nunca fue adjuntada en los correos electrónicos que la invocaban, lo que obstaculizaba el "pleno ejercicio del derecho de defensa". Segundo, que resulta poco razonable ordenar un traslado con apenas cuatro días hábiles de anticipación cuando las presentaciones previas del empleado permanecían sin resolver. Tercero, el juez identificó las "múltiples inconsistencias" y "groseras y de suma gravedad" denunciadas por Pourrere, así como las "deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental" confirmadas por la auditoría interna del Banco, y las "presuntas presiones indebidas" ejercidas sobre él.

La medida cautelar no es una sentencia sobre el fondo, pero representa un reconocimiento de que existen indicios suficientes de irregularidad como para mantener en suspenso una decisión administrativa que perjudica gravemente a una persona. Ahora el Banco Nación debe presentarse ante la Justicia y explicar su versión de los hechos. Tendrá la oportunidad de presentar pruebas, testimonios, documentación que respalde su posición. Los abogados de la entidad ya anticiparon que presentarán "todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses".

Lo que está en juego va más allá de un empleado y su cambio de domicilio laboral. Está en juego el funcionamiento interno de la principal entidad bancaria estatal del país: cómo se toman decisiones sobre créditos de envergadura, cómo se comunica información dentro de la institución, cómo se responde cuando un funcionario se opone a una operación que sus superiores impulsan, qué rol juega la auditoría interna cuando detecta irregularidades. El caso también evidencia la capacidad de un empleado público para oponerse a decisiones que considera cuestionables sin temor a represalias, un aspecto fundamental para el funcionamiento transparente de cualquier organismo.

Los antecedentes que pesan

Mariano Jinkis había estado en la mira de autoridades estadounidenses durante años. En agosto de 2025 —apenas semanas antes de que se detectaran las irregularidades en el trámite del crédito— él y su padre Hugo admitieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes de confederaciones de fútbol sudamericano. El monto: decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. El acuerdo que firmaron evitaba una declaración formal de culpabilidad, pero incluía el pago de US$50 millones. Era un caso de magnitud global, parte de la investigación que sacudió los cimientos del fútbol profesional internacional.

El Banco Nación, al parecer, conocía estos antecedentes o debería haberlos investigado antes de iniciar un trámite de crédito. La Subgerencia General de Integridad emitió su informe sobre este tema el 19 de febrero, casi una semana después de que la resolución de traslado fuera firmada, pero como ya se señaló, la información llegó a Pourrere recién el 26 de marzo. ¿Por qué tardó un mes? ¿Hubo coordinación entre distintas áreas? ¿O simplemente falló la comunicación? Los documentos que hasta ahora existen no permiten responder con certeza, pero la demora es sospechosa en un banco que supuestamente cuenta con procedimientos de integridad y debida diligencia.

En cuanto al estudio de arquitectos responsable del diseño del proyecto, Mariani Pérez Cañadas también llevaba sus propias controversias. Entre otros trabajos, había liderado la construcción de una torre de 35 pisos en una zona histórica de Mar del Plata, el complejo residencial Bahía Varese, que enfrentó oposición de colectivos de defensa del patrimonio arquitectónico y de colegas del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante pero quedó bajo revisión judicial. La participación del estudio en Jardines de Chauvín sumaba otro componente de riesgo reputacional a la operación.

Las consecuencias en el sistema

Lo que suceda en los próximos meses en los juzgados federales de Mar del Plata puede tener implicaciones que trascienden el caso particular. Si se prueba que Pourrere fue trasladado en represalia por su negativa a firmar un crédito cuestionable, el mensaje que se env