Hace ya seis años que un domingo de sol y brisa primaveral transformó las principales arterias de Buenos Aires en un escenario de disconformidad masiva. El 13 de septiembre de 2020, decenas de miles de personas convergieron hacia el Obelisco y se dispersaron por al menos quince puntos diferentes de la ciudad, extendiendo su presencia hacia distintas provincias del interior. Lo que comenzó como descontento puntual de sectores opositores evolucionó hacia algo mucho más amplio: una manifestación de ciudadanía que reclamaba cambios profundos en la dirección del país. Ese movimiento, conocido posteriormente como el "banderazo", se convertiría en un parteaguas político que revelaría las fracturas internas de un gobierno que avanzaba hacia su crisis terminal sin percebirlo con claridad.

El descontento que exploró aquel domingo no surgió de la nada ni fue espontáneo en su totalidad. Durante los meses previos, Buenos Aires había experimentado una sucesión de medidas y decisiones que fueron acumulando frustración en capas distintas de la población. La cuarentena más restrictiva de América Latina se extendía ya por seis meses sin perspectivas claras de flexibilización. En abril de ese año, ciudadanos desde balcones y edificios céntricos habían expresado su rechazo mediante cacerolas y aplausos contra el confinamiento obligatorio. Para muchos, el encierro no representaba solo una cuestión sanitaria sino también económica y psicológica. Apenas tres meses antes del banderazo, en junio, el gobierno había decretado la expropiación de la cerealera Vicentín, una decisión que generó reacciones encontradas. También pesaba el anuncio de liberación de detenidos comunes, entre ellos individuos condenados por delitos graves, lo que amplificó la sensación de descontrol institucional. Estas acumulaciones de decisiones crearon un terreno fértil para la protesta que estallería en septiembre.

Un episodio aparentemente menor, pero que ejemplificaba el grado de desconexión entre el gobierno y la realidad social, fue la controversia sobre los corredores. El entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió el 8 de septiembre autorizar a los "runners" a salir de sus casas dentro de horarios específicos, regulados según la terminación de sus documentos de identidad. La medida pareció razonable para muchos, pero generó una polémica casi surrealista: si el número cero debía considerarse par o no. Mientras tanto, el presidente respondió con un discurso que combinaba ironía con reproche. Acusó a la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de ser responsable del aumento de contagios de Covid-19, en tono que pretendía ser admonitorio: "¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Esta es la consecuencia". El argumento era falso. El problema real en la pandemia provenía de decisiones sanitarias cuestionables: el gobierno había depositado sus esperanzas en la vacuna rusa Sputnik, pero solo llegó la primera dosis porque Vladimir Putin decidió no enviar la segunda. Simultáneamente, el país había rechazado los millones de dosis que Pfizer ofrecía, un recurso que Argentina había ganado como primer país en participar en ensayos clínicos internacionales.

La acumulación de grietas

Otros factores alimentaban la ira ciudadana en aquellas semanas previas a septiembre. La decisión de cambiar la situación legal de Lázaro Báez, empresario cercano al kirchnerismo acusado de enriquecimiento ilícito mediante contratos estatales por más de 46 mil millones de pesos, desde detenido a arresto domiciliario, resonó como un acto de impunidad. Pero tal vez lo que más encendió los ánimos fue el zarpazo financiero contra la ciudad de Buenos Aires: el gobierno central retiró 9 mil millones de pesos de coparticipación en lo que restaba de 2020 y otros 41 mil millones previstos para 2021, argumentando la necesidad de financiar salarios policiales en la provincia de Buenos Aires. Aquella decisión, que también generó protestas en el interior del país, simbolizaba una centralización de recursos que muchos percibían como injusta y arbitraria.

El domingo 13 de septiembre amaneció con promesa primaveral. Buenos Aires llevaba carga de encierro acumulada por medio año. A las dieciséis horas, los manifestantes comenzaron a reunirse en el cruce de Corrientes y Nueve de Julio. Los que llegaban en autos, en una decisión que reflejaba tanto el respeto al distanciamiento como la magnitud del evento, ocupaban la mano sur y rodeaban el Obelisco haciendo sonar bocinas. Desde el norte, la avenida había sido cortada a la altura de Córdoba, conformando una hilera interminable de vehículos. Otros manifestantes, rechazando la restricción vehicular, invadieron calles y veredas con banderas argentinas, cacerolas y barbijos. Las banderas fueron las verdaderas protagonistas: algunas confeccionadas con precisión profesional, otras escritas a mano alzada. Frases como "Nos tapamos la boca, pero no nos callamos" sintetizaban la contradicción vivida. Abundaban los mensajes dirigidos al presidente: "¡Alberto! ¡No nos mientas más! ¡No a la reforma!". Otros apuntaban a preocupaciones específicas: "¡Respeten la Constitución Nacional. Basta de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia! ¡Sesiones presenciales ya!", evidenciando que el reclamo incluía cuestiones institucionales profundas, ya que el Congreso funcionaba de manera virtual.

Ecos desde múltiples sectores

Las demandas expresadas en los carteles revelaban la heterogeneidad de los manifestantes. No era una protesta únicamente de opositores partidarios, sino de personas que se sentían abandonadas o engañadas por distintas razones. "Basta de prohibir el trabajo. Queremos trabajar. Bájense los sueldos. Basta de ser 'solidarios' con la nuestra" reflejaba la angustia económica. "Somos malos y opulentos, pero defendemos la República y laburamos" exhibía una autodefensa frente a los discursos oficialistas que caracterizaban a los manifestantes como privilegiados. "Exigimos Justicia, Basta de Impunidad. Por una República" y "La corrupción mata y empobrece" indicaban que la insatisfacción con la gestión se entrecruzaba con demandas históricas por un sistema judicial más eficiente. La protesta no quedó circunscrita a la capital. Bariloche, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza y La Plata registraron manifestaciones similares. Incluso llegaron a la Avenida Maipú, frente a la Quinta Presidencial de Olivos, donde cientos de personas hicieron sonar bocinas y cacerolas. Ese mismo sitio había sido escenario días antes de un "sirenazo" protagonizado por oficiales de la Policía bonaerense, quienes reclutaban mejoras salariales. La irrupción en Olivos representaba un gesto sin precedentes de aproximación ciudadana hacia la residencia presidencial.

Alrededor de las diecinueve horas, la multitud se dispersó. Ningún incidente mayor marcó la jornada; los manifestantes respetaron los protocolos de distanciamiento social que aún regían. Ese día, Argentina contabilizaba 9.056 nuevos contagios de Covid-19 y 89 muertes en las últimas horas. La respuesta del oficialismo a la marcha fue el desconcierto seguido por la descalificación. Dirigentes del kirchnerismo minimizaron la magnitud del evento, despectivamente como una congregación de "cuatro viejas de Recoleta", una frase que no solo subestimaba la cantidad de manifestantes sino que también reflejaba prejuicios de clase. El presidente, en tanto, respondió con una estrategia divisoria: propuso un contrapeso, un "banderazo" de los "argentinos de bien", una categorización que implícitamente ubicaba a los manifestantes del lado opuesto. Esa respuesta encendió la grieta que ya atravesaba al país: mientras el gobierno la profundizaba, los conflictos internos comenzaban a manifestarse con más claridad.

Lo que sucedería en los meses posteriores confirmaría que aquel domingo fue efectivamente un quiebre. Exactamente un año después, el 12 de septiembre de 2021, Argentina concurrió a las elecciones primarias simultáneas y vinculantes, las PASO. Los resultados fueron devastadores para el gobierno. La coalición de Juntos por el Cambio triunfó en casi todas partes: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. En la provincia de Buenos Aires, bastión peronista durante décadas, Diego Santilli superó por cinco puntos a la candidata del Frente de Todos. El kirchnerismo solo pudo festejar en Tucumán, Formosa, La Rioja y San Juan. La vicepresidenta Cristina Fernández sufrió especialmente la derrota en Santa Cruz, su provincia de origen y un baluarte electoral histórico. En cuanto a La Libertad Avanza, la fuerza liderada por Javier Milei comenzaba a mostrar un crecimiento notable, capturando el voto de sectores descontentos. El voto castigo al gobierno fue contundente, reflejando acumulación de problemas: 5.224.534 contagios confirmados, 113.402 muertes y una economía en colapso con inflación cercana al 51 por ciento y pobreza que alcanzaba el 42 por ciento.

El desastre electoral expuso las tensiones que dividían al propio gobierno. Un mes antes de las PASO, en julio de 2020, había estallado el escándalo de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, un acto que violaba flagrantemente las restricciones que el propio gobierno imponía a la población. El presidente intentó minimizarlo, refiriéndose al evento como la celebración de "mi querida Fabiola", lo que solo amplificó la percepción de doble moral. Meses antes había estallado también el "vacunatorio VIP", revelando que funcionarios y allegados habían accedido a las vacunas mientras la población esperaba. Ambos escándalos simbolizaban algo más profundo: la corrupción ya no era solo un problema de desviación de recursos, sino que ponía en riesgo vidas humanas. La brecha entre lo que el gobierno decía y hacía se hacía cada vez más insostenible.

La noche electoral del 12 de septiembre, alrededor de las veintitrés horas y media, la plana mayor del Frente de Todos subió a un escenario en Chacarita con expresiones de derrota. El Presidente habló poco, pidiendo "dar vuelta la elección" en noviembre, una petición de deseos más que un análisis de lo sucedido. Dijo que habían "escuchado con atención el mensaje de las urnas", como si hubiese otras posibilidades de interpretación. Evitó referencias a la cuarentena más larga del planeta, a los ciento diez mil muertos por Covid-19, a las escuelas cerradas y al proyecto de educación virtual que dejó a más del 20 por ciento de los niños sin acceso a internet, o a los 350 mil alumnos que abandonaron la escuela durante la pandemia. Cristina Fernández observaba desde el escenario sin intervenir públicamente. Sin embargo, tres días después, el 15 de septiembre, el ministro del Interior Eduardo de Pedro y otros once miembros del gabinete presentaron sus renuncias. Al día siguiente, la vicepresidenta publicó una carta violenta en Twitter titulada "Como siempre… sinceramente", que apuntaba directamente al Presidente. Le recordaba que ella lo había postulado para la candidatura y le exigía cambios en el equipo económico y político, específicamente que se desprendiera del ministro de Economía Martín Guzmán y del jefe de Gabinete Santiago Cafiero. La carta revelaba, además, la existencia de múltiples reuniones privadas en Olivos, sugiriendo un cogobierno de facto similar al "doble comando" que había caracterizado su gestión junto a Néstor Kirchner. Cristina denunciaba además que había advertido repetidamente sobre la política de "ajuste fiscal equivocado" que impactaba negativamente en la economía, sin ser escuchada.

Los ataques desde el entorno de Cristina se intensificaron. Audios filtrados mostraban a diputadas cercanas refiriéndose al Presidente con términos despectivos. El gobierno, desorientado, intentaba "mantener la cabeza fría", según circulaba entre los allegados, pero ese mensaje solo revelaba confusión. Las elecciones de medio término del 14 de noviembre de 2021 confirmaron los resultados de las PASO. El Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado, algo sin precedentes en el peronismo desde 1983. Juntos por el Cambio consolidó su victoria. La Libertad Avanza continuó creciendo. Los ecos del banderazo de septiembre de 2020 habían resonado durante todo ese año, transformando un acto de protesta ciudadana en el primer síntoma de un colapso político que rediseñaría el mapa electoral del país hacia las presidenciales de 2023.

Las consecuencias del giro

La secuencia de eventos que comenzó aquel domingo en el Obelisco plantea interrogantes sobre la naturaleza de las crisis políticas y su evolución. El banderazo evidenció, en tiempo real, que la población experimentaba una ruptura profunda con la gestión oficial. Sin embargo, la pregunta sobre si fue causa o síntoma de lo que vendría después permanece abierta a múltiples interpretaciones. Algunos analistas considerarían que la protesta aceleró procesos de fragmentación que ya estaban en marcha; otros sostendría que visibilizó demandas contenidas cuya ignorancia resultó en posteriores derrotas electorales. La capacidad de un gobierno para leer y responder a señales de descontento aparece como variable crítica en su supervivencia política, y en este caso la respuesta mediante descalificación y profundización de divisiones pareció contraproducente. La posterior ruptura entre el Presidente y la vicepresidenta sugiere que