La contienda por la presidencia de 2027 aún se encuentra en su fase embrionaria, pero los movimientos estratégicos que definirán el escenario ya están en marcha. El epicentro de esta batalla preliminar no reside en los grandes discursos ni en los pronunciamientos públicos, sino en los despachos donde se cocinan los acuerdos entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales. La razón es simple: quienquiera que controle o al menos neutralice a los gobernadores, poseerá las herramientas territoriales indispensables para construir un proyecto político viable a nivel nacional. Este despliegue de negociaciones pone de relieve una realidad del sistema político argentino: las provincias no son meros escenarios de aplicación de decisiones nacionales, sino actores con capacidad de veto y de imposición de sus propias agendas.
Desde el Gobierno de Javier Milei, la estrategia ha sido puesta en manos de Diego Santilli, quien en su rol de jefe de Gabinete ha desplegado una arquitectura negociadora que combina ofertas electorales con promesas de recursos y obras públicas. El cambio de paradigma respecto a los primeros meses de la gestión libertaria es notable: mientras que inicialmente la premisa giraba en torno a candidatos "puros" e ideológicamente alineados, la lógica actual apunta a la pragmática electoral. Los libertarios ahora están dispuestos a ofrecer a los gobernadores aliados un escudo protector: no enfrentarlos con candidatos propios que fragmenten el voto en sus territorios, a cambio de que éstos respalden la agenda nacional. Una visión completamente inversa a la que predominaba hace apenas algunos meses, cuando la rigidez ideológica parecía ser el principal marca registrada del movimiento.
El mapa de gobernadores y sus alineamientos fluidos
La cartografía política de las provincias muestra un panorama fragmentado en el que prevalece el oportunismo territorial por sobre las lealtades partidarias consolidadas. En primer lugar se encuentran los mandatarios con vínculos ya sólidos con los libertarios: Alfredo Cornejo en Mendoza, Leandro Zdero en Chubut, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Marcelo Ormedo en San Juan y Claudio Poggi en San Luis conforman un núcleo que colabora de manera fluida con la Casa Rosada. Luego existe un segundo anillo de gobernadores que durante el año pasado intentaron construir una tercera vía a través de la iniciativa denominada Provincias Unidas: Martín Llaryora en Córdoba, Claudio Vidal en Catamarca, Carlos Sadir en Jujuy, Maximiliano Pullaro en Santa Fe e Ignacio Torres en Chaco. Este colectivo mantiene una postura transaccional, disponible para colaborar o no según sus propios cálculos de conveniencia provincial.
A este cuadro debe sumarse un tercer sector constituido por mandatarios que han mantenido encuentros recientes con las autoridades nacionales sin asumir compromisos públicos visibles. Alberto Weretilneck en Río Negro y Rolando Figueroa en Neuquén integran este grupo de gobernadores que juegan con mayor cautela pero sin cerrar puertas. En el caso específico de Tucumán, Osvaldo Jaldo representa un blanco particularmente apetecible para los libertarios, ya que ha anunciado su intención de buscar la reelección en mayo de este año. La promesa gubernamental de no presentar candidatos libertarios que compitan contra él en su provincia constituye un incentivo difícil de rechazar para un mandatario que necesita consolidar su permanencia en el poder. En cambio, su colega de Catamarca, Raúl Jalil, no enfrenta presiones electorales inmediatas puesto que ha decidido no postularse para otro período.
El peronismo en la búsqueda de cohesión perdida
Mientras que el oficialismo despliega una estrategia de seducción territorial, la oposición peronista se debate internamente entre la necesidad de reconstituirse como coalición viable y la dificultad de contener a sus propios mandatarios. Cristina Kirchner mantiene su objetivo histórico de preservar capacidad de veto y de conducción sobre los distintos sectores que integran el movimiento, aunque su poder efectivo se ha visto erosionado. Axel Kicillof, en tanto gobernador de la provincia de Buenos Aires, posee el principal activo territorial con el que cuenta el peronismo para armar un proyecto nacional, lo que lo convierte en una pieza insustituible del tablero político. Sin embargo, es Sergio Massa quien ha reaparecido como catalizador potencial de nuevas articulaciones, presentándose a sí mismo como el actor capaz de dialogar tanto con el peronismo no kirchnerista como con gobernadores que tradicionalmente han mantenido autonomía respecto de las estructuras nacionales del movimiento.
Las diferencias de perspectiva dentro del peronismo son sustanciales. Mientras que Kirchner busca consolidar un bloque monolítico que le permita ejercer influencia, Massa apunta a construir una red más laxa de alianzas que incluya a gobernadores dispuestos a negociar desde posiciones de poder territorial. La reunión que mantuvieron hace poco más de dos semanas los tres líderes peronistas de distintas vertientes —Máximo Kirchner, Kicillof y Massa— junto con varios gobernadores provinciales reveló tanto los puntos de convergencia como las limitaciones de la coalición. Los mandatarios presentes fueron Sergio Ziliotto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y el exgobernador Gerardo Zamora de Santiago del Estero. El acuerdo alcanzado fue tenue: defender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poco más. Este resultado sugiere que la capacidad del peronismo para imponer una línea unificada es limitada, especialmente cuando los intereses provinciales entran en tensión con las prioridades del nivel nacional.
Massa juega una partida sumamente sofisticada en este escenario. Su defensa de las PASO responde a dos objetivos simultáneos: por un lado, mantiene abierta su propia posibilidad de competir por la candidatura presidencial en caso de que el peronismo recurra a esos mecanismos; por otro, la preservación del sistema de primarias le permite argumentar que cualquier candidato surgido de sus filas habrá ganado legitimidad interna a través de una competencia. Más allá de esas consideraciones procedimentales, el tigrense está tejiendo una red de contactos que se extiende hacia gobernadores históricamente distantes del kirchnerismo pero próximos al peronismo no alineado. Su objetivo declarado incluye acercamientos con Martín Llaryora de Córdoba, Hugo Passalaqua de Misiones, Jaldo en Tucumán y hasta con Gustavo Sáenz de Salta, quien a pesar de colaborar en el Congreso con la Casa Rosada mantiene una relación transaccional con el peronismo. Si Massa logra convocar a algunos de estos mandatarios bajo su liderazgo, podría posicionarse como la figura articuladora de una alternativa política para 2027.
Las herramientas de seducción: recursos, obras y cálculos electorales
La estrategia gubernamental no se reduce a ofrecimientos electorales. Junto a Santilli en las negociaciones, Luis Caputo, ministro de Economía, ha sumado protagonismo precisamente para traducir los acuerdos políticos en transferencias de recursos y proyectos de infraestructura. Un asesor cercano a gobernadores que dialogan con la Casa Rosada sintetizó la lógica subyacente con una frase reveladora: "acuerdos territoriales, no ideológicos". Esta máxima captura la esencia del nuevo enfoque libertario: la ideología cede ante la pragmática de la gobernanza territorial y la reelección. Los mandatarios están siendo cortejados no porque se hayan convertido súbitamente al pensamiento liberal, sino porque el Gobierno les ofrece condiciones concretas para resolver sus propias agendas provinciales.
El caso de Tucumán ejemplifica con claridad cómo operan estos mecanismos. Jaldo necesita reelección, un objetivo que enfrenta tanto desafíos electorales como cuestionamientos legales sobre su elegibilidad. Lisandro Catalán, quien se desempeñaba como vicejefe de Gabinete bajo la administración Milei, ha cuestionado públicamente la legalidad de una nueva postulación de Jaldo, argumentando que éste no cumpliría con los requisitos constitucionales para volver a competir. Paradójicamente, Catalán mismo fue denunciado por sectores de la UCR local por falsificar su domicilio con fines electorales, acusación en la que estaría involucrado también el diputado nacional libertario Federico Pelli. En este contexto de tensiones legales y electorales, la oferta de los libertarios adquiere mayor valor: si el Gobierno se abstiene de presentar un candidato fuerte contra Jaldo, esto aumentaría significativamente las probabilidades de que el mandatario tucumano lograra su reelección. Este tipo de intercambios, aparentemente simples, encierran una lógica que se replica en múltiples jurisdicciones.
Un dato que sugiere el alcance territorial de estas negociaciones es que 13 mandatarios de distintas coloraciones políticas asistieron a la asunción de Santilli como jefe de Gabinete. Esa participación no fue casual sino una demostración de poder de convocatoria y de la capacidad del funcionario para congregar a gobernadores heterogéneos bajo un mismo techo. Sin embargo, cabe señalar que la asistencia a un acto de protocolo no implica compromiso político duradero. Varios de esos gobernadores mantienen posiciones ambiguas respecto de sus alineamientos futuros, lo que sugiere que la adhesión al proyecto libertario es más frágil de lo que las apariencias indicarían.
Las sombras en el horizonte: ilegalidades, viajes privados y disputas regionales
No todos los episodios recientes en la trama político-territorial han contribuido a fortalecer los bloques en formación. El viaje que realizó Massa junto con su esposa Malena Galmarini, senadora provincial, a través del Caribe a bordo de un jet privado de lujo acompañados por un grupo de amigos, generó cierta incomodidad en su regreso a las negociaciones políticas. Aunque podría calificarse como un asunto de vida privada, en el contexto de negociaciones sobre recursos y prioridades de gasto público, este tipo de episodios tienden a generar ruido y a alimentar narrativas sobre desconexión de los líderes políticos respecto de las preocupaciones ciudadanas.
Por otra parte, la cuestión de la elegibilidad de ciertos candidatos introduce aristas de complejidad legal que podrían obstaculizar los acuerdos electorales. Las acusaciones de falsificación de domicilio involucrando a funcionarios del Gobierno actual generan dudas sobre la solidez de los marcos legales que supuestamente regulan estas negociaciones. Si bien estos asuntos suelen resolverse en los juzgados con lentitud característica, el hecho de que salgan a la luz pública puede erosionar la confiabilidad de los acuerdos informales que están siendo tejidos.
Más allá de estos conflictos puntuales, existe una tensión más profunda: la estrategia peronista de ejercer presión sobre gobernadores mediante la amenaza de presentar listas rivales por fuera de sus estructuras. Este recurso, conocido como "operación de pinzas", apunta a disciplinar a mandatarios que intenten jugar de manera demasiado autónoma o que se inclinen excesivamente hacia acuerdos con los libertarios. La efectividad de esta estrategia dependerá de la capacidad del peronismo para mantener una unidad mínima, algo que hasta el momento no ha logrado consolidar de manera plena.
Perspectivas abiertas: qué podría cambiar en los próximos meses
El panorama que emerge de estas negociaciones sugiere que el armado electoral para 2027 será menos ideológico y más transaccional que en contiendas anteriores. Esto plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la correlación de fuerzas en los próximos diecinueve meses. Por un lado, si el Gobierno logra consolidar alianzas con la mayoría de los gobernadores peronistas de orientación no kirchnerista, esto facilitaría enormemente la reelección de Milei y le daría al proyecto libertario una base territorial más sólida. Por otro lado, si el peronismo logra reconstituirse como coalición cohesiva o si Massa consigue posicionarse como líder de una alternativa viable, el escenario podría adquirir características completamente distintas. La incertidumbre también rodea a figuras como Kicillof, cuya decisión sobre sus propios movimientos políticos para 2027 aún permanece sin definirse públicamente. En cualquier caso, lo que está en juego no es únicamente quién será presidente en 2025 o qué coalición gobernará después, sino cómo se restructuran las relaciones de poder territorial en un país donde las provincias poseen capacidades de resistencia y de negociación que las hacen indispensables para cualquier proyecto de alcance nacional. Las negociaciones que hoy transcurren en despachos, viajes privados y encuentros puntuales determinarán el mapa político con el que los argentinos irán a votar dentro de menos de dos años.
