La estrategia defensiva de Manuel Adorni choca de frente con un avance judicial que no cesa. Mientras el jefe de Gabinete proclama públicamente que sus finanzas están completamente justificadas y que la causa en su contra carece de fundamentos, los tribunales de Comodoro Py continúan recopilando elementos que profundizan las sospechas sobre un posible desajuste entre sus ingresos declarados y sus egresos reales durante los últimos años. Este lunes, la investigación dará un paso más con la declaración de Matías Tabar, el constructor que ejecutó obras de refacción en la vivienda que la familia Adorni adquirió en el Golf Club Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz. El fiscal Gerardo Pollicita le solicitó que comparezca con toda la documentación disponible: presupuestos, contratos y recibos sobre los trabajos realizados en la propiedad.

La defensa del funcionario se sostiene en negaciones categóricas y en una distinción que reclama entre lo que denomina "mentiras" sobre su vida privada y los hechos que realmente pueden ser comprobados. Adorni negó enfáticamente haber viajado a Disney, aunque sin identificar quién lo había acusado de ello. Respecto de otros destinos donde sí existen registros —viajes a Aruba, Madrid y Punta del Este, realizados por él o por su pareja Betina Angeletti— argumentó que se trata de decisiones de carácter personal que no requieren justificación. Sin embargo, lo que inquieta a los investigadores no es tanto la legitimidad de las vacaciones sino su financiamiento: la mayoría de esos viajes fueron pagados en dólares en efectivo, lo que plantea la pregunta central de la causa: ¿provienen esos fondos de dinero que Adorni declaró ante las autoridades?

Las operaciones inmobiliarias bajo escrutinio

Dos transacciones de bienes raíces ejecutadas por Adorni mientras se desempeña como funcionario público constituyen el corazón de la investigación. Ambas comparten una característica que los especialistas consideran atípica: la participación de terceros que facilitaron montos significativos en dólares. En total, cuatro personas proporcionaron 300.000 dólares distribuidos en dos operaciones distintas. La primera de estas transacciones involucró un préstamo en efectivo de 100.000 dólares, materializado el mismo día en que Adorni escrituró la propiedad en el country de Indio Cua. La segunda operación, relativa a la adquisición de un departamento en Caballito, tomó una forma jurídica más compleja: se estructuró como una "hipoteca contra saldo de precio" por 200.000 dólares. Esta modalidad implica que el comprador accede a la propiedad mientras adeuda una porción del precio de venta, arreglo que los especialistas en transacciones inmobiliarias describen como poco frecuente en el mercado argentino.

Los detalles de estas operaciones generaron alertas en la fiscalía. El préstamo de 100.000 dólares careció de intereses, lo que contrasta con prácticas estándar en el mercado financiero. Además, los prestamistas —dos jubiladas y dos mujeres integrantes de la Policía Federal— no eran conocidas directamente por Adorni, circunstancia que motivó indagaciones adicionales sobre cómo se estableció el contacto y cuáles fueron los términos reales del acuerdo. En la segunda operación intervino Pablo Martín Feijoo, quien actuó como intermediario efectivo de la transacción. Bajo juramento ante el fiscal, Feijoo declaró que el acuerdo incluía un pago adicional de 65.000 dólares por fuera de la escritura pública, cifra que Adorni aún le adeuda según su testimonio. Esta revelación añadió complejidad al panorama: el departamento fue registrado con un precio inferior al del mercado, lo que hizo más verosímil la compraventa, pero simultáneamente imputó al jefe de Gabinete un desembolso irregular no documentado en los papeles notariales.

La ecuación dinero: declaraciones versus gastos

Al cierre de 2024, Adorni reportó tenencias por 49.000 dólares aproximadamente. Los gastos registrados e investigados superan ampliamente esta cifra base. Los 100.000 dólares destinados a pagar la entrada del country, los pagos en efectivo para ambas compras inmobiliarias y los desembolsos en viajes internacionales conforman un conjunto de movimientos que, según la Justicia, requiere una explicación clara sobre sus orígenes. El desglose de esos gastos revela magnitudes concretas: 30.000 dólares para cancelar una porción de deudas previas; otros 30.000 dólares para la cuota inicial en efectivo del departamento de Caballito; 20.000 dólares para la compra de la casa en Indio Cua; 5.000 dólares para el acceso al country; más de 14.000 dólares en vuelos y hospedaje durante la estadía en Aruba; y 6.000 dólares que Angeletti utilizó en un viaje a Madrid. A esa suma de 105.000 dólares aproximadamente se suman otras erogaciones menores documentadas por la Justicia. La pregunta que articula toda la investigación es elemental: ¿de dónde provienen esos fondos si la declaración patrimonial de Adorni reporta montos sustancialmente menores?

Según los registros que ha compilado el fiscal Pollicita, en noviembre de este año Adorni enfrentará una deuda de aproximadamente 270.000 dólares, monto que representa casi la totalidad de los préstamos obtenidos. Una salida factible para afrontar ese compromiso sería la venta de su departamento ubicado en Parque Chacabuco, sobre la avenida Asamblea, propiedad sobre la cual gravita una hipoteca de 100.000 dólares. El fiscal tiene facultades para convocar a Adorni a declarar indagatoria, momento en el cual podrá exigirle que justifique el origen de los fondos empleados en estos movimientos. El ordenamiento legal argentino prevé, en los delitos de enriquecimiento ilícito, una inversión en la carga probatoria: cuando la Justicia detecta un crecimiento significativo en el patrimonio de un funcionario público, puede requerirle que explique de dónde provinieron esos recursos.

La defensa de Adorni descansa fundamentalmente en la refutación de los hechos más sensibles y en la afirmación de que, cuando la Justicia lo requiera formalmente, presentará todas las aclaraciones necesarias. El viernes pasado, durante una intervención radial, el funcionario insistió en que "va a quedar demostrado que todo está justificado" y reiteró que prefiere aguardar a que los jueces le formulen sus preguntas antes de brindar explicaciones públicas. Esa estrategia de reserva contrasta con el despliegue mediático que realizó para negar específicamente el viaje a Disney y para calificar de "mentiras" ciertos aspectos de su vida privada. La aparente contradicción sugiere un cálculo sobre qué versiones públicas conviene desmentir y cuáles conviene dejar en suspenso.

Las implicancias de este proceso trascienden el caso individual de Adorni. Si la Justicia logra establecer que un funcionario de su nivel y trayectoria operó movimientos financieros irregulares durante su gestión, ello tendría repercusiones sobre la confiabilidad institucional y sobre las expectativas de transparencia patrimonial en la función pública. Por el contrario, si la defensa consigue demostrar que los fondos provenían efectivamente de fuentes legales o de préstamos documentables, el caso se cerraría sin mayores consecuencias para la administración. El rol del fiscal Pollicita en esta coyuntura es determinante: su capacidad para vincular los gastos con su origen mediante elementos de prueba concretos definirá si la causa avanza hacia una acusación formal o si, en su defecto, se disuelven las sospechas. La declaración de Tabar y las eventuales comparecencias de otros testigos aportarán información que, acumulada, podría orientar el sentido final de la investigación.

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