El cierre de una polémica judicial
La marcha de los engranajes judiciales encontró su punto final esta semana en uno de los expedientes que persiguió al jefe de Gabinete Manuel Adorni. El juez Daniel Rafecas resolvió clausurar la investigación penal que se había abierto en torno a la inclusión de Bettina Angeletti, pareja del funcionario, en el despliegue oficial que ejecutó el Poder Ejecutivo hacia territorio norteamericano durante el mes de marzo. La determinación llegó después de que la representante del Ministerio Público, Alejandra Mángano, presentara su evaluación técnica sobre los hechos que motivaban la acusación de presunto desvío de recursos estatales.
Lo que comenzó como un incidente menor, visibilizado a través de una fotografía tomada en un cementerio de Queens, se transformó rápidamente en un asunto de relevancia política y judicial. La imagen mostraba a Angeletti acompañando al funcionario durante una parada en la tumba del rebe de Lubavitch, lo que generó interrogantes inmediatos sobre la presencia de una persona sin designación oficial en la comitiva presidencial. Desde sectores opositores surgieron cuestionamientos formales mediante solicitudes de información y consultas parlamentarias respecto de la justificación para trasladar a una particular en la aeronave de carácter presidencial.
Los argumentos que declinaron la acusación
El punto de inflexión en esta controversia radicó en el análisis económico-administrativo que realizó la fiscalía. Mángano, tras examinar la documentación relativa a gastos, facturas y movimientos de tesorería, llegó a una conclusión que modificaría sustancialmente el curso del proceso: la presencia de Angeletti en el viaje no implicó desembolsos adicionales para las arcas públicas. Esta conclusión no resulta secundaria, ya que la malversación de fondos requiere, en su estructura típica, la existencia de un perjuicio económico verificable al erario estatal.
En su dictamen técnico, la fiscal detalló que el vuelo que transportó a la comitiva oficial contaba con capacidad ociosa; es decir, existían asientos desocupados que la incorporación de Angeletti aprovechó sin generar costos de incremento de capacidad. Respecto de la estadía en la ciudad neoyorquina, Mángano verificó que las habitaciones contratadas en el hotel The Langham, ubicado sobre la Quinta Avenida, fueron facturadas en configuración doble, y que su tarifa no experimentaba variación por la ocupación de uno o dos pasajeros. No se registraron, según su análisis, gastos suplementarios en concepto de viáticos, alojamiento complementario, o cualquier otro rubro que pudiera atribuirse a la presencia adicional de la pareja del funcionario. Mángano subrayó: "A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado".
Más allá del análisis puramente financiero, la fiscalía también se pronunció sobre la legitimidad de la decisión administrativa que sustentó la invitación. Mángano estimó que la elección de la Presidencia de incluir a Angeletti en la delegación se encuadraba dentro de márgenes "razonables" respecto del ejercicio de las potestades discrecionales que corresponden al titular del Poder Ejecutivo. En sus palabras: "La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales". Este fundamento introduce una dimensión adicional: no solo se trató de demostrar ausencia de daño patrimonial, sino también de afirmar que, dentro de los límites de lo legítimo, el gobierno tenía potestad para tomar tal determinación.
La resolución judicial y sus repercusiones
Rafecas, con base en los argumentos planteados por la fiscalía, decidió hacer suyos esos razonamientos y ordenó el archivo del expediente el día viernes pasado. La sentencia no representa una absolución en sentido formal, sino más bien un sobreseimiento fundado en la inexistencia de elementos constitutivos del delito investigado. Una vez conocida la decisión, Adorni utilizó plataformas de redes sociales para comunicar el resultado, citando una máxima sobre la virtud del tiempo como árbitro de la verdad: "El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene". Acompañó el mensaje con una expresión que sintetizaba su perspectiva sobre el resultado: "Será Justicia. Fin."
Sin embargo, esta conclusión favorable en el expediente de los Estados Unidos no representa el cierre definitivo de los cuestionamientos que persiguen al funcionario desde distintos frentes judiciales. El viaje norteamericano constituyó apenas el primero de una serie de hechos que derivaron en nuevas investigaciones penales. Tiempo después, circuló material audiovisual que documentaba un desplazamiento de Adorni junto a su grupo familiar hacia Punta del Este durante el período de carnaval, usando una aeronave privada. Este segundo viaje activó una nueva causa tramitada ante el juzgado de Ariel Lijo. En esa investigación se constató, mediante testimonios múltiples, que el periodista Marcelo Grandío —persona allegada al jefe de Gabinete y con antecedentes de celebración de acuerdos contractuales con la emisora televisiva estatal— había proporcionado hospedaje a la familia en su residencia veraniega y había sufragado los pasajes aéreos privados utilizados en el traslado.
Paralelamente, existe una tercera línea de investigación, de naturaleza distinta pero también relacionada con los movimientos y gastos del funcionario. El fiscal Gerardo Pollicita dirige un expediente que indaga sobre presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Dentro de ese marco investigativo, se ha solicitado información exhaustiva sobre la totalidad de desplazamientos internacionales del jefe de Gabinete, con el propósito de construir un mapa completo de sus movimientos patrimoniales. Los registros obtenidos confirmaron que el funcionario realizó un viaje hacia Aruba acompañado por su núcleo familiar, hospedándose en establecimientos hoteleros de categoría superior ubicados en primera línea frente al mar. Estos datos integran el material probatorio que Pollicita ha estado compilando con el objetivo de esclarecer el origen y la evolución del patrimonio del investigado.