La investigación judicial que rodea el patrimonio del coordinador de Gabinete Manuel Adorni atraviesa un nuevo capítulo de tensión y desmentidas. Mientras un arquitecto declara bajo juramento haber recibido un cuarto de millón de dólares en efectivo y sin respaldo documental para refaccionar una propiedad, el funcionario y su entorno desafían esa versión de los hechos con argumentos que plantean dudas sobre la fiabilidad de quien ejecutó los trabajos. La disputa sobre cifras, pagos en negro y supuestos intentos de coordinación previa entre las partes reaviva interrogantes sobre cómo un servidor público puede justificar movimientos económicos de semejante magnitud cuando sus ingresos formales son públicos y acotados.

Los hechos que originan esta confrontación tienen una cronología precisa. Entre septiembre de 2024 y julio de 2025, Matías Tabar, socio de la firma Alta Arquitectura, realizó tareas de acondicionamiento en un lote de 400 metros cuadrados ubicado en la zona de Indio Cuá, dentro del barrio privado de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. La propiedad fue adquirida por Adorni junto a su pareja, Bettina Angeletti, a finales del año pasado. Según el relato que Tabar expuso ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la lista de mejoras incluyó instalación de una cascada ornamental, construcción de una piscina con sistema de climatización y un jacuzzi, además de otras remodelaciones. La cifra asociada a estos trabajos, conforme a lo que el profesional comunicó durante su declaración de este lunes, ascendería a US$245.000: US$55.000 abonados durante 2024 y US$190.000 restantes durante 2025, todos en formato efectivo y sin documentación fiscal que respaldara las transacciones.

La contracara del Gobierno y la amenaza de acciones legales

Desde la órbita oficial, la respuesta no tardó en llegar. Allegados al jefe de Gabinete cuestionaron directamente la cifra expuesta por Tabar, argumentando que quien conoce la vivienda sabe que su valuación está lejos de alcanzar ese monto. Desde la jefatura de Gabinete se articuló una postura que apunta a invalidar el testimonio del arquitecto, sugiriendo incluso que podría solicitarse una pericia técnica para que terceros especializados determinen el verdadero costo de las reformas efectuadas. Más allá del desacuerdo sobre dinero, el entorno de Adorni también cuestionó que Tabar nunca habría entregado la documentación facturada que supuestamente se había comprometido a proporcionar, lo que vendría a complicar la propia defensa del funcionario ante la Justicia. En un giro que suma dramatismo, voceros del Gobierno amenazaron con presentar denuncias contra el contratista si llegara a probarse que sus afirmaciones ante la Fiscalía contienen inexactitudes o malicia.

Pero hay un capítulo adicional que trasciende el debate sobre montos y pone en el centro de la escena el comportamiento de Adorni en relación con quien declara en su contra. Según trascendió a través de reportes especializados, el coordinador de Gabinete intentó comunicarse con Tabar poco antes de que este se presentara a testificar ante el juez. Los mensajes de WhatsApp utilizaban la función de auto-eliminación de contenido, un recurso que borra automáticamente los textos después de un lapso determinado. En esas conversaciones, Adorni expresó la necesidad de mantener un diálogo y ofreció asistencia tanto personal como de su equipo de trabajo para ayudar al arquitecto a prepararse para su declaración. Aunque Tabar inicialmente consideró la propuesta, finalmente rechazó el ofrecimiento tras recibir asesoramiento externo. La razón aducida fue evitar que terceros pudieran interpretar que ambas partes estaban coordinando una estrategia común antes de comparecer ante la autoridad judicial.

Contexto de la investigación y deuda pendiente

La pesquisa que mantiene a Adorni bajo escrutinio no se agota en la cuestión de la casa de campo. El funcionario enfrenta obligaciones económicas que están vinculadas con jubiladas a las que presuntamente les debe dinero. En concreto, se trata de acreencias que suman más de US$335.000 que deberían ser canceladas antes de noviembre próximo, según lo que el propio Adorni ha reconocido. A esto se suma lo que ya habría gastado en los últimos tiempos: más de US$100.000. La magnitud acumulada de estos montos, superando los US$435.000, contrasta notoriamente con la estructura de ingresos que un funcionario público de su rango típicamente percibe. Este desfasaje es precisamente lo que la Justicia busca dilucidar: cómo se financia semejante movimiento de capitales y de dónde provienen esos fondos.

El coordinador de Gabinete ha anticipado que presentará una declaración patrimonial que, según su criterio, esclarecerá todas las dudas sobre su situación económica. Adorni sostiene que no ha incurrido en enriquecimiento ilícito y que los gastos que ha realizado serán acreditados mediante la documentación que aportará a la Fiscalía en los plazos establecidos por la ley. Sin embargo, la consistencia de esa defensa dependerá de que pueda demostrar con documentación sólida el origen lícito de esos fondos. La causa continuará su marcha procesal este miércoles, cuando está prevista la declaración de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas a las que Adorni registra deudas pendientes. Miano además mantiene una relación comercial con Pablo Martín Feijoo, hijo de otra de las acreedoras, quien actuó como gestor en la transacción inmobiliaria del departamento de Caballito donde el funcionario actualmente reside.

El despliegue de la investigación judicial revela una madeja de conexiones y transacciones que será preciso desentrañar a través de testimonios sucesivos y análisis de documentación financiera. El hecho de que Adorni haya intentado comunicarse con Tabar mediante mensajes temporales antes de su declaración, aunque luego el arquitecto rechazara colaborar en una estrategia común, deja abiertos interrogantes sobre qué buscaba el funcionario lograr con ese contacto. Por su parte, la negativa a aceptar el monto de US$245.000 que Tabar consignó, junto con la promesa de solicitar pericias independientes, sugiere que la estrategia defensiva de Adorni pivota en cuestionar la credibilidad de quienes atestiguan en su contra. A medida que comparezcan más testigos y se analice la documentación, la Fiscalía dispondrá de elementos para triangular versiones y determinar si los hechos se ajustan a lo que el funcionario ha declarado o si existen inconsistencias que ameriten profundizar en la investigación. Las próximas semanas serán determinantes para establecer con claridad si los movimientos económicos de Adorni son susceptibles de justificación legal o si revelan operaciones que trascienden el marco de lo permisible para quien ocupa un cargo en el Ejecutivo nacional.