La investigación por enriquecimiento ilícito que rodea al jefe de Gabinete ha encontrado un nuevo eje de análisis al profundizar en las mejoras realizadas sobre una propiedad residencial ubicada en el exclusivo country Indio Cuá. Durante una declaración en los tribunales federales de Comodoro Py, un profesional del ramo de la arquitectura expuso detalles pormenorizados sobre trabajos de acondicionamiento que sumaron cifras considerables, con un monto superior a los 245 mil dólares estadounidenses. Lo relevante del relato radica en que estas transacciones se habrían realizado mediante pagos en dinero de curso legal, sin la correspondiente documentación comercial que sustentara tales operaciones.

El profesional que lideró estas intervenciones constructivas, identificado como Matías Tabar, comparecía ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para relatar cómo el funcionario nacional liquidó los gastos de obra en dos etapas distintas entre el año pasado y lo que va de 2025. Según los registros de desembolsos que pudo examinarse, el desglose específico de inversiones revela una estrategia integral de modernización de la propiedad, donde cada rubro encuentra justificación en mejoramientos estéticos o funcionales. Entre los renglones más onerosos se ubicaban trabajos vinculados al sector acuático: 3.500 dólares para la colocación de un espejo de agua en cascada destinado al jardín, 9.780 dólares canalizados hacia la instalación de un sistema de calefacción para la pileta existente, y la adecuación de cabezales especializados para un jacuzzi. En paralelo, la reforma de la parrilla —sector destinado a encuentros sociales— demandó un desembolso de 13.810 dólares.

Un catálogo de mejoras que abarcó toda la propiedad

El alcance de las intervenciones trascendía ampliamente el ámbito de las amenidades de recreación. Los trabajos ejecutados contemplaban una renovación prácticamente integral de los espacios, que partía por la reformulación del acceso principal mediante la remodelación de la entrada y la construcción o adaptación de estructuras de aparcamiento bajo pérgola. El interior de la vivienda no quedaba exento de transformaciones: se llevaron a cabo tareas de revestimiento en escaleras, cambios de herrería en accesos, ajustes en esquemas de iluminación y trabajos extensos en la cocina que incluyeron la instalación de mesadas, una isla central y un desayunador con características personalizadas. La galería fue modificada estructuralmente, y se procedió a la sustitución de revestimientos exteriores mediante la aplicación de materiales de terminación superior. El salón de usos múltiples —espacio polivalente común en propiedades de este segmento— también fue sometido a restauración.

En cuanto al reacondicionamiento de la piscina, los trabajos fueron particularmente exhaustivos. La estructura original fue rediseñada para alterar su profundidad, modificándola hacia menores dimensiones, y posteriormente se procedió a su forración interior con piedra natural y su terminación externa con mármol travertino, un material de elevado costo unitario. Las labores de pintura interior, enduido y reparación de superficies verticales formaban parte de este conjunto amplio de mejoras, junto con el cambio de coberturas de pisos que fueron reemplazadas por porcelanato en sectores estratégicos de la vivienda. Este catálogo extensivo de intervenciones pintaba un cuadro de modernización arquitectónica ambiciosa, realizada en el transcurso de apenas algunos meses.

El intento de contacto y sus implicancias procesales

Lo que agregaba un matiz de complejidad adicional al relato testimonial era un episodio ocurrido poco antes de la comparecencia del arquitecto ante las autoridades federales. Según la versión que Tabar proporcionó al fiscal, el funcionario nacional intentó establecer comunicación con él mediante una plataforma de mensajería que permite el borrado automático de intercambios. El contenido de esos mensajes temporales sugería una intención de ofrecer apoyo o asesoramiento en relación con su futura declaración judicial. Posteriormente, según narró el declarante, ambos mantuvieron un diálogo telefónico en el que el jefe de Gabinete le propuso explícitamente la posibilidad de que su círculo cercano le brindara asistencia para prepararse para la audiencia en Comodoro Py. Aunque el arquitecto reconoció haber considerado inicialmente la propuesta, indicó que tras recibir orientación legal decidió rechazar ese ofrecimiento. La razón esgrimida apuntaba a evitar la apariencia de que ambas partes estuvieran coordinando una postura común frente a la investigación, un extremo que podría derivar en interpretaciones adversas dentro del proceso.

Paralelamente, el funcionario ha sostenido públicamente en sus últimas intervenciones mediáticas que cuenta con los recursos y documentación necesarios para justificar los gastos en propiedades. Según sus declaraciones, ya habría invertido más de 100 mil dólares en estos emprendimientos inmobiliarios, con un saldo pendiente de aproximadamente 335 mil dólares a ser abonados antes de finalizar noviembre, exclusivamente en lo referido a activos del sector real estate. Esta posición defensiva contrasta con los hallazgos que van emergiendo en el curso de la investigación, donde documentos, testimonios y registros de movimientos económicos comienzan a tejer un panorama más complejo que el que había sido presentado inicialmente.

La indagación mantiene su evolución procedural conforme a los calendarios fijados por la justicia federal. El miércoles próximo se espera la comparecencia de Leandro Miano, quien ostenta una conexión dual con el caso: es hijastro de una de las jubiladas a las que el jefe de Gabinete habría contraído obligaciones crediticias, y simultáneamente actúa como socio comercial de Pablo Martín Feijoo, vástago de la segunda acreedora jubilada. Feijoo ha desempeñado un rol relevante en las operaciones inmobiliarias en cuestión, específicamente en la gestión de la compraventa del departamento ubicado en la zona de Caballito donde actualmente reside el funcionario. Este entramado de vínculos comerciales y familiares entre los actores involucrados añade capas adicionales de complejidad a un caso que continúa develando aspectos antes no conocidos públicamente.

Perspectivas sobre el desarrollo futuro de la causa

Los próximos capítulos de esta investigación por enriquecimiento ilícito prometen revelar información adicional respecto a las fuentes de financiamiento, la cadena de operaciones comerciales y los vínculos entre distintos actores económicos. El caudal de evidencia que va consolidándose —registros de trabajos realizados, testimonios de profesionales involucrados, detalles de transacciones económicas— constituye un acervo factual que las autoridades judiciales evaluarán conforme a estándares legales establecidos. Desde una perspectiva, algunos observadores consideran que estos elementos pueden resultar significativos para desentrañar la composición del patrimonio bajo investigación. Desde otra óptica, otros apuntan a la importancia de que cada aspecto sea examinado dentro del contexto integral de los ingresos, inversiones legítimas y operaciones financieras que el investigado pudiera demostrar. Lo cierto es que el despliegue de estas refacciones, sus montos, sus tiempos de ejecución y los mecanismos de pago empleados conforman un conjunto de datos que seguirán siendo objeto de escrutinio judicial en los meses venideros. La resolución final de esta causa, así como sus posibles implicancias sobre la continuidad funcional del jefe de Gabinete o sobre reformulaciones en las estructuras de fiscalización de patrimonio en el sector público, dependerá de cómo las autoridades competentes procesen y valoren toda esta información en el contexto del marco legal vigente.