Tras permanecer cinco días bajo cuidados médicos, Nadia Beller, abogada y activista de nacionalidad boliviana, recibió el alta clínica el sábado pasado y abandonó el establecimiento de salud donde se recuperaba del ataque armado que sufriera días antes. El suceso marca un punto de inflexión en una trama que continúa desplegándose en múltiples frentes investigativos, con nuevas capturas, expedientes adicionales y pistas que apuntan hacia estructuras de financiamiento opaco. Lo que comenzó como un incidente de violencia callejera se ha transformado en una investigación compleja que abarca desde delitos contra la integridad física hasta presuntos esquemas de movimiento ilegal de recursos económicos.

La salida de Beller del centro médico, documentada pasadas las 16:30 del sábado, se realizó bajo protección policial. La mujer descendió en silla de ruedas y fue trasladada en un vehículo escoltado por dos patrulleros, dejando entrever el nivel de vulnerabilidad que rodea a esta causa. La internación comenzó el martes, día posterior al episodio violento ocurrido el lunes alrededor de las 20:00 horas frente al hotel Swissôtel, situado sobre la avenida Canal Isuto, entre el cuarto y quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra. En aquel momento, dos individuos que se presentaban como repartidores se aproximaron en motocicleta, efectuaron disparos contra la abogada y le sustraeron su teléfono celular y cartera antes de huir del lugar.

Las declaraciones y el contexto del ataque

De acuerdo a lo manifestado por Beller durante su internación, ella se encontraba comunicándose telefónicamente con Fernando Cerimedo —identificado como asesor de la administración actual—, quien le habría solicitado que se desplazara para encontrarse con presuntos informantes. La versión de la activista sostiene que Cerimedo es responsable de concebir y planificar el ataque. Según informes médicos citados en la investigación, Beller cursaba un embarazo de cuatro semanas al momento de los hechos. Las acusaciones formuladas por los fiscales Yolanda Aguilera Lijeron y Herlan Rodríguez Cuevas vinculan deliberadamente el atentado con esta gestación y establecen un patrón de violencia de género que habría precedido al ataque. Beller indicó haber sostenido múltiples discusiones con Cerimedo respecto a su embarazo y refirió la existencia de un episodio anterior de agresión física, cuya divulgación pública había amenazado con realizar.

La detención de Cerimedo ocurrió en la madrugada del martes, cuando se disponía a viajar hacia Buenos Aires. Permanece en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, bajo régimen de prisión preventiva como resultado de una audiencia cautelar celebrada el viernes. Ante el tribunal, Cerimedo negó categóricamente su participación en la ideación del atentado contra Beller. La fiscalía cuenta con acceso al teléfono celular del acusado, incautado durante el procedimiento de detención, así como con evidencia técnica en proceso de análisis: dictámenes sobre el calibre del arma, trayectorias de proyectiles y otras pericias forenses que podrían resultar determinantes en el avance del caso.

Nuevas capturas y líneas de investigación paralelas

La investigación ha generado desarrollos adicionales que amplían el perímetro de indagación. Autoridades policiales capturaron a Róger A. C., individuo identificado como quien habría facilitado la pistola utilizada en el ataque contra la abogada. Este sujeto fue arrestado en el norte de la ciudad y deberá rendir declaración en las próximas horas. Simultáneamente, un ciudadano de nacionalidad colombiana, señalado como uno de los posibles autores materiales del tiroteo, se presentó voluntariamente ante la Policía tras enterarse de que era objeto de búsqueda. Al llegar acompañado por su madre, el individuo manifestó entre sollozos no poseer conocimiento alguno sobre los hechos, argumentando que su captura obedecía a una confusión: "Dicen que yo soy el sicario, pero no sé nada". Pese a estos avances, los dos atacantes permanecen prófugos, aunque las fuerzas de seguridad han declarado poseer identificaciones de los responsables y mantienen operativos activos para su localización.

Paralelo a la causa principal por tentativa de femicidio, una investigación complementaria ha abierto un nuevo expediente en contra de Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito. Esta línea de investigación se originó a partir de diversos allanamientos realizados durante los primeros estadios de la pesquisa en domicilios vinculados al asesor. Los procedimientos, que sumaron cinco operativos, revelaron cantidades sustanciales de efectivo en múltiples divisas: más de 500.000 bolivianos, además de dólares estadounidenses y euros en montos aún no oficialmente precisados. Los agentes también confiscaron decenas de teléfonos celulares y dispositivos satelitales. Uno de estos operativos se ejecutó en una casa de cambios. El fiscal Miguel Cardozo comunicó que las indagatorias preliminares sugieren que Cerimedo habría recibido aproximadamente US$400.000 a través de esa institución de cambio, funcionando aparentemente como centro de recepción y redistribución de fondos hacia terceros.

Durante uno de estos allanamientos, las cámaras de vigilancia registraron la fuga de un sujeto identificado como Fritz Juniors Gironda, individuo señalado como exmilitar, quien escapó por una ventana. Su defensor legal posteriormente explicó que la huida constituyó un error del acusado, pero enfatizó la inexistencia de vínculos entre Gironda y Cerimedo, así como su desvinculación total con el ataque contra Beller. No obstante, la Fiscalía Departamental de La Paz formalizó una imputación en su contra y solicitó se dispusiera su detención preventiva. Este elemento adicional contribuye a complejizar una trama que parece extenderse hacia circuitos de seguridad privada o militar.

Especulaciones, desmentidas y el rol de la abogacía

En las últimas horas circuló información sugiriendo que Cerimedo podría recibir representación legal en territorio argentino por parte de Alejandro Sarubbi Benítez, abogado identificado con sectores libertarios y vinculado al gobierno vigente, además de poseer conexiones con espacios de comunicación digital. Ante consultas al respecto, el letrado categóricamente desestimó tales afirmaciones, calificándolas como falsas. Argumentó que los hechos y la causa penal se circunscriben íntegramente a Bolivia, territorio donde se ejecutaron los delitos, y que por tanto la jurisdicción argentina carece de incidencia: "Es fake. Los hechos y la causa están en Bolivia. Nada tiene que hacer el derecho argentino ahí, y en consecuencia, yo menos". Hasta el presente no consta que se hayan presentado denuncias formales en contra de Cerimedo en jurisdicción argentina como resultado de estos sucesos.

Los despliegues investigativos en curso presentan múltiples aristas que trascienden el episodio puntual de violencia. La convergencia entre delitos violentos, presuntos circuitos de financiamiento opaco y redes de conexiones políticas genera interrogantes sobre estructuras más amplias que podrían estar involucradas. Los próximos pasos de la fiscalía, incluyendo el análisis de dispositivos telefónicos, los dictámenes periciales pendientes y las declaraciones de los detenidos recientemente capturados, determinarán si la investigación se expande o se concentra en los actores identificados hasta ahora. La recuperación física de Beller y su egreso del centro médico abren un nuevo capítulo donde la seguridad de la denunciante, la continuidad de la investigación y el acceso a la justicia permanecen como ejes centrales en una causa que evidencia la persistencia de violencia de género en contextos de poder y que simultáneamente expone posibles irregularidades en la gestión de recursos financieros.