La República Argentina se prepara para rendir cuentas ante los ojos más exigentes en materia de combate contra la criminalidad financiera. Entre el 15 y el 19 de junio próximos, una delegación de magistrados y funcionarios viajará a la capital francesa para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, el organismo que periódicamente evalúa las estrategias que cada nación implementa para frenar el movimiento de fondos ilícitos. La importancia de este encuentro radica en que Argentina continúa bajo un régimen de seguimiento reforzado que exige reportes anuales de progreso y fija un horizonte de tres años para demostrar mejoras sustanciales en sus mecanismos de prevención y sanción.

La comitiva que defenderá la posición argentina está conformada por Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia, quien encabezará la delegación, acompañado por el juez federal Ariel Lijo, el juez federal Sebastián Casanello, y Tomás Rodríguez Ponte, titular de la Dajudeco y especialista en peritajes de causas complejas. Se sumarán también Matías Álvarez, quien conduce la Unidad de Información Financiera, Agustín Flah, coordinador nacional de políticas antilavado, representantes del Banco Central, de ARCA, así como especialistas internacionales en la materia y funcionarios de diversas agencias del Estado con injerencia en estas cuestiones.

Un panorama de tres años de prueba para el país

La presencia de magistrados en esta misión no constituye una novedad en los anales de las relaciones institucionales argentinas. Previamente, otros jueces como Mariano Borinsky han participado en comitivas similares, al igual que fiscales y otros integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, lo que caracteriza el viaje próximo es la necesidad de Argentina de demostrar que ha asimilado las críticas formuladas durante la evaluación mutua de octubre de 2024. Tras ese ejercicio de auditoría internacional, el país quedó sujeto a reportes anuales sobre su desempeño en la materia, con un plazo de treinta y seis meses para corregir las deficiencias identificadas.

El primer informe de seguimiento intensificado fue presentado en diciembre de 2025 y recibió la aprobación del pleno del organismo en febrero de 2026. Los evaluadores tomaron nota de los progresos registrados e instaron al país a proseguir con las medidas correctivas. Ahora, con vistas a diciembre de 2026, Argentina debe presentar un segundo informe que demuestre continuidad en los esfuerzos. La reunión de París constituirá, en ese sentido, una oportunidad para exponer ante los pares internacionales la amplitud y profundidad del trabajo realizado por el Estado en múltiples frentes.

Cinco ejes de trabajo que moldean la estrategia estatal

A nivel doméstico, el Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos, presidido esta semana por Mahiques, desplegó su esquema de trabajo estructurado en torno a cinco mesas temáticas. Cada una de ellas se concentra en una dimensión particular del riesgo y la vulnerabilidad. La primera analiza las amenazas delictivas y las tipologías utilizadas para ocultar fondos ilícitos. La segunda examina vulnerabilidades generales del sistema, con especial atención en la economía informal, los controles fronterizos, los fenómenos de corrupción pública y privada, y la composición de personas jurídicas utilizadas para blanquear activos. Una tercera mesa se dedica a evaluar vulnerabilidades específicas del sector financiero y no financiero. La cuarta indaga en el ciclo de inteligencia financiera, es decir, la capacidad de recopilar, procesar y actuar sobre información de transacciones sospechosas. La quinta, finalmente, se concentra en aspectos particulares del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armamentos.

Este enfoque multidimensional responde a la necesidad de contar con un diagnóstico actualizado que sirva como brújula para las políticas públicas de prevención y combate en cada territorio específico. La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, cuya actualización está en curso desde 2025, constituye el instrumento mediante el cual el Estado intenta conocer en profundidad dónde están sus puntos débiles y cómo priorizarlos. En la reunión convocada por el ministro de Justicia participaron los titulares de la Unidad de Información Financiera y de la Comisión Nacional de Valores, el superintendente de Seguros de la Nación, subsecretarios especializados en política criminal y registración, así como delegados del Banco Central, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y organismos recaudadores.

Los funcionarios y magistrados consultados sobre la misión definen al viaje como una tarea fundamentalmente técnica, donde la República Argentina expondrá los avances alcanzados en esta dimensión de la política de Estado. Subrayan que los jueces viajan como comisionados de la Corte Suprema, listos para presentar el estado de las causas bajo su órbita en materia de lavado de dinero. Afirman que vincular esta delegación con asuntos de política doméstica o tensiones institucionales internas sería un interpretación desacertada de su propósito. El precedente de otros magistrados que han integrado comitivas similares en años anteriores refuerza este argumento sobre la naturaleza institucional y técnica del viaje.

Desafíos a futuro y múltiples lecturas del contexto

El panorama que Argentina enfrenta en los próximos meses es complejo y demanda coordinación entre múltiples actores estatales. El proceso de evaluación internacional no solo pone a prueba la efectividad de los mecanismos legales y administrativos existentes, sino también la capacidad de diferentes organismos para trabajar en conjunto hacia objetivos comunes. La presentación del segundo informe en diciembre de 2026 representa un momento crítico: de la calidad de los datos que se presenten y de la claridad con que se comuniquen los avances dependerá, en parte, la percepción internacional sobre el compromiso argentino. El régimen de seguimiento intensificado, aunque es una condición menos severa que otras sanciones disponibles en el sistema internacional, implica un escrutinio permanente que afecta la reputación del país en materia de gobernanza financiera y puede incidir en decisiones de inversión extranjera y en la confianza de contrapartes financieras internacionales. Los tres años de plazo establecidos son tanto una oportunidad como una presión: una ventana para demostrar cambios sustanciales, pero también una amenaza si los resultados no alcanzan el nivel de mejora esperado.