El panorama de seguridad y estabilidad que proyecta la Argentina hacia el exterior acaba de sufrir un golpe considerable. Según el Índice Global de Paz 2026 elaborado por el Instituto de Economía y Paz, una organización que funciona como referencia de evaluación para organismos como el Banco Mundial y la ONU, el país experimentó un deterioro significativo en sus indicadores de conflictividad interna. Esta caída posiciona a la nación en el puesto 72 entre 163 territorios evaluados, una merma de veinte lugares respecto del año anterior. El dato revela más que una cifra estadística: expone cómo dos fenómenos concretos del último año —el recrudecimiento de la violencia delictiva en Santa Fe y el incremento de enfrentamientos durante movilizaciones sociales— han impactado la percepción internacional sobre la capacidad del Estado para garantizar orden y protección.

La metodología que desata la controversia

Lo que genera tensión en torno a estos números es la cuestión de cómo se miden y cuándo comienzan a contabilizarse. El Instituto de Economía y Paz incorporó este año, por primera vez, las 114 muertes vinculadas a actividades del crimen organizado en territorio rosarino dentro de la categoría de "conflictos internos", un movimiento metodológico que alteró sustancialmente el puntaje final de la Argentina. Hasta ahora, estos hechos no figuraban en los informes anteriores. La explicación del organismo es clara pero genera debate: la cifra de fallecidos alcanzó los umbrales que los propios protocolos de medición establecen para clasificar algo como "conflicto interno". Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad Nacional se cuestionó esta decisión, argumentando que responde a una distorsión temporal en la metodología más que a un deterioro reciente de la realidad sobre el terreno.

La cifra global de deterioro en el puntaje de la Argentina fue de 6,1%, lo que constituye el peor desempeño porcentual de toda América del Sur en esta edición del ranking. El desglose de dónde radicó principalmente el problema es revelador: la categoría "conflictos en curso" se desplomó un 18,9%, mientras que el indicador de "seguridad y protección" retrocedió 3,1%. Dentro de esa última variable, el aumento en "manifestaciones violentas" fue de 71,4%, un número que refleja directamente los incidentes que ocurrieron durante las movilizaciones de 2025, cuando jubilados y otros sectores salieron a las calles en respuesta a las políticas de austeridad, con escenas de confrontación que dejaron heridos y generaron preocupación internacional.

Rosario en el centro de la tormenta estadística

La concentración geográfica de la violencia es otro dato que estructura el análisis. De las 114 muertes contabilizadas, 106 correspondieron al Gran Rosario (93% del total), mientras que el resto se distribuyó entre el Gran Buenos Aires (cinco casos), San Antonio de Areco (dos) y San Juan (una). El Instituto atribuyó estos hechos principalmente a la organización criminal conocida como Los Monos, responsable de 41 muertes en 37 episodios violentos, y a otra banda cuya identidad definitiva aún se encuentra en proceso de formalización. Según datos del Instituto, el 97% de las muertes correspondieron a "violencia unilateral" ejercida por bandas criminales contra civiles, mientras que el 3% restante (tres casos) se atribuyó a enfrentamientos entre facciones rivales. Este dato es relevante porque distingue entre la violencia sistemática de una organización contra población civil y los choques directos entre grupos delictivos.

Cuando consultores del Instituto de Economía y Paz explicaron en profundidad sus decisiones, aclararon que la documentación de la situación violenta en Rosario se remontaba años atrás. La diferencia radica en que recién en 2025 la escala de la problemática alcanzó los parámetros cuantitativos que sus sistemas de clasificación estipulan. En otras palabras: la violencia no emergió de la nada en el último año, sino que continuó una trayectoria que finalmente atravesó el umbral que obligaba a su inclusión en el cálculo de "conflictos internos". Este matiz es central para entender tanto la posición del instituto como la contracrítica que formularon desde la cartera de Seguridad.

La contrarréplica oficial: números alternativos

Las autoridades de seguridad no se quedaron pasivas ante la publicación del informe. Presentaron datos propios que construyen una narrativa alternativa sobre el estado real de la problemática. Según el Ministerio de Seguridad, el departamento Rosario cerró el primer semestre de 2026 con 40 homicidios, lo que representa una reducción del 70% respecto de los 150 registrados en el mismo período de 2023. A nivel provincial, la caída fue del 67%, cifra que el gobierno atribuyó a las acciones coordinadas en el marco del "Plan Bandera", una iniciativa de seguridad integral. Más allá de estos números recientes, la cartera oficial sostuvo que los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ubican la tasa de homicidios dolosos en 3,6 por cada 100.000 habitantes en 2025, la más baja de la historia argentina por segundo año consecutivo.

Profundizando en su crítica metodológica, el Ministerio de Seguridad calculó que aproximadamente el 80% de la caída argentina en el índice se explica por un solo factor: la incorporación tardía de la violencia narco rosarina en las mediciones. Bajo este razonamiento, sin ese desfase temporal el deterioro hubiera sido de apenas 1,3% en lugar de 6,1%, lo que habría significado un descenso de alrededor de cinco posiciones en el ranking en lugar de veinte, ubicando al país cerca del puesto 56. Este argumento pone el acento en la cuestión temporal: una realidad que existía desde hace más de una década, pero que recién ahora fue incorporada a los cálculos internacionales, generando una caída abrupta que no refleja necesariamente un empeoramiento reciente sino un cambio en los criterios de medición.

El contexto regional y global

Para dimensionar la caída argentina es necesario observar el panorama más amplio. A escala mundial, el Índice Global de Paz registró un deterioro general del 0,7%, consolidando una tendencia preocupante: este es el duodécimo año consecutivo de retroceso en la paz global. El fenómeno es tan generalizado que el Instituto de Economía y Paz lo engloba bajo el concepto de "gran fragmentación". En el podio de mayor estabilidad, Islandia mantiene su reinado en el primer lugar por decimonoveno año consecutivo, seguida por Nueva Zelanda y Suiza. En el extremo opuesto, Rusia ocupa el lugar menos favorable, adelante de Sudán, la República Democrática del Congo, Ucrania e Israel.

A nivel sudamericano, la región se consolidó como la segunda con mayor deterioro de paz a nivel planetario durante 2026, con una caída promedio de 2% en su puntuación general. De los once países analizados en el subcontinente, ocho empeoraron sus indicadores de estabilidad. Uruguay se mantiene como líder regional en el puesto 43 global, gracias a su estabilidad institucional y social. Colombia, por su parte, sigue siendo la nación menos pacífica del territorio sudamericano, ubicada en el puesto 141, con un retroceso de 4,7% impulsado por muertes internas y enfrentamientos entre grupos disidentes. En contraste, Chile logró la mayor mejora de la región con un avance de 0,8%, revertiendo tendencias previas a través de una reducción del 16,7% en manifestaciones violentas. Ecuador y Venezuela persistieron en crisis agudas: el primero retrocedió 3,8% manteniendo la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, mientras que Venezuela cayó 3,5% en un contexto marcado por tensiones políticas posteriores a procesos electorales.

Perspectivas abiertas y consecuencias múltiples

La situación que expone el Índice Global de Paz 2026 abre un espectro de interpretaciones y posibles consecuencias que trascienden lo meramente estadístico. Por un lado, existe una lectura que enfatiza el dato crudo: Argentina experimentó un retroceso considerable en su posicionamiento internacional en materia de seguridad, lo que puede impactar en decisiones de inversión extranjera, turismo y en la confianza que depositantes y operadores económicos mantienen en la estabilidad del país. Un ranking inferior en evaluaciones de paz y seguridad puede influir indirectamente en percepciones sobre riesgo país y, por extensión, en costos financieros. Por otra parte, existe una lectura que cuestiona la validez de incorporar cambios metodológicos retroactivamente y arguye que estos reflejan más un problema de medición que una realidad deteriorada en el corto plazo. La documentación de que Rosario viene experimentando violencia criminal severa desde hace más de una década sugiere que el deterioro relativo capturado ahora por el índice no es un fenómeno reciente sino la visibilización formal de una condición preexistente. Una tercera perspectiva considera ambas dimensiones: reconoce que la violencia narco es estructural y que los cambios metodológicos pueden ser legítimos, pero también señala que los indicadores de homicidios por 100.000 habitantes hayan alcanzado mínimos históricos sugiere una complejidad que los números simples no logran capturar completamente. La cuestión de si 2025 representó un año peor o simplemente un año en el que se comenzó a contabilizar realidades preexistentes permanece como un interrogante que define cómo se interprete el deterioro. Lo que es indudable es que la caída de veinte posiciones en un ranking internacional de referencia amplifica una discusión doméstica sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la verdadera magnitud de las amenazas que enfrenta el territorio nacional.