Un respiro en la gestión peronista

La jornada dejó atrás meses de tensión entre la administración provincial y los maestros bonaerenses. Después de que este 2024 registrara dos jornadas de paro en el sector educativo, el gobierno de Axel Kicillof logró desactivar el conflicto más delicado que enfrentaba en su territorio. Los sindicatos mayoritarios del Frente de Unidad Docente —la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba)— sellaron un pacto con la provincia que incluye una suba de bolsillo inmediata y compromisos adicionales en materia de derechos laborales. Se trata de un acuerdo que, de concretarse sin sobresaltos, podría reposicionar al Ejecutivo peronista en una relación que históricamente ha sido conflictiva.

La magnitud del sector en cuestión explica el peso político de este desenlace. Los 354.000 docentes bonaerenses representan más de la mitad del universo de trabajadores estatales provinciales, cuya nómina asciende a 530.000 personas. Esto convierte a los maestros en actores gravitantes no solo en materia presupuestaria, sino también en la capacidad de movilización y presión que el gremio posee. Cuando esta base se agita, el Estado provincial enfrenta una parálisis que afecta directamente el funcionamiento de escuelas en toda la región. Por eso, el cierre de esta negociación funcionó como un alivio para una administración que en los últimos meses había visto cómo la conflictividad se colaba en las aulas.

Los términos del acuerdo: dinero y derechos

La propuesta gubernamental contempla una estructura de dos tramos: un incremento del 5% en julio seguido de un adicional del 2% en agosto, totalizando un alza escalonada del 7%. Aunque las cifras pueden parecer modestas en el contexto inflacionario actual, los gremios consideraron que la composición de esta oferta —que no solo incluye dinero sino también conquistas en derechos laborales— justificaba el consenso. El acuerdo representa un cambio de postura respecto a la escalada que había caracterizado a las últimas semanas, especialmente después de que María Laura Torres asumiera como secretaria general de Suteba, reemplazando a Roberto Baradel, figura que había mantenido un perfil más negociador con Kicillof.

Más allá de los números salariales, la negociación incluyó componentes que los sindicalistas consideran tan o más importantes que el aumento nominal. En el caso de los docentes, se incorporó una adenda al Acuerdo Paritario destinada a la prevención y erradicación de la violencia y el acoso laboral. Este documento fortalece los mecanismos de protección y establece una Mesa Ad Hoc dentro de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad para el tratamiento de situaciones graves o complejas. En paralelo, la provincia lanzará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", que combina materiales de sensibilización, videos institucionales y acciones de capacitación. El programa también prevé trabajar en acuerdos de convivencia con participación de familias y establecimientos educativos, reconociendo que el fenómeno del acoso a docentes no es un problema aislado sino sistémico.

Para los empleados administrativos encuadrados en la Ley 10.430, el acuerdo fue similar en términos salariales pero incluyó beneficios diferentes. Se negoció el pase a planta permanente para el personal contratado entre 2024 y 2025, lo que implica estabilidad laboral para trabajadores que hasta el momento estaban en condición de precarización. Asimismo, se modificaron los procesos de selección para cargos jerárquicos y se conformaron mesas técnicas para continuar discutiendo convenios colectivos, carrera administrativa y otros temas pendientes. Este tipo de concesiones responden a demandas históricas del sector estatal provincial.

La cascada de negociaciones que sigue

El cierre de este acuerdo funciona como un antecedente inmediato para otras negociaciones en marcha. Los empleados judiciales, nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense, ya cerraron un acuerdo para el primer trimestre del año pero aún aguardan definiciones sobre el segundo trimestre. En la misma situación se encuentran los trabajadores de la sanidad. Ambos sectores esperan ser convocados por el ministro de Economía Pablo López en los próximos días para continuar las conversaciones. Históricamente, la paritaria docente marca el ritmo de las negociaciones en el sector público: lo que se acuerda con los maestros suele convertirse en piso o parámetro de referencia para el resto de los gremios estatales. De esta manera, el acuerdo bonaerense de hoy podría generar un efecto dominó que facilite o complique las conversaciones venideras según cómo se interprete.

Desde la cartera de Economía, López realizó una lectura satisfecha del resultado. En sus declaraciones, enfatizó el "enorme esfuerzo" que el Ejecutivo provincial hizo para alcanzar un acuerdo que reconozca el rol de quienes trabajan en seguridad, educación y salud. El mensaje apuntó a legitimar el costo fiscal de estas negociaciones en un contexto donde las arcas provinciales enfrentan presiones significativas. Por su parte, Walter Correa, titular de la cartera de Trabajo, destacó que el acuerdo fue "integral" y demostró que la negociación colectiva, el diálogo y la voluntad política pueden ampliar derechos. La narrativa oficial busca posicionar este desenlace como una victoria de la administración, mostrando que es posible satisfacer demandas sin romper los equilibrios fiscales.

Perspectivas y desafíos por delante

La consolidación de este pacto generará distintas lecturas según el actor que lo interprete. Para el gobierno bonaerense, representa el cierre de una crisis que amenazaba su gobernabilidad y reafirma su capacidad de diálogo con las bases sindicales que lo sostienen desde 2019. Para los gremios docentes, especialmente para Suteba bajo su nueva conducción, el acuerdo valida una estrategia más confrontacional que la anterior, mostrando que la presión y la amenaza de paros pueden traducirse en conquistas. Para los trabajadores en general, la suba del 7% en dos meses puede resultar insuficiente para recuperar poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente, aunque la incorporación de beneficios no monetarios mitiga parcialmente esa limitación. En cuanto a los otros gremios estatales, el acuerdo proporciona un parámetro negociador pero también genera expectativas que podrían ser difíciles de satisfacer si el gobierno considera que llegó al límite de su capacidad de gasto.