El imperio invisible bajo tierra y en los edificios blindados

La causa judicial contra Facundo Leal, extitular de Arsat, por hallazgo de casi US$ 2,5 millones en sus domicilios y la imputación por corrupción de al menos tres funcionarios más —entre ellos Gerardo Boschin, quien transitó desde la gerencia de compras de la empresa hasta la presidencia de Trenes Argentinos— no es simplemente un caso de malversación de fondos públicos. Lo que está bajo la lupa de los investigadores es el control de una de las infraestructuras más sensibles y menos visibles del país: una red de comunicaciones que sostiene operaciones estatales y privadas desde hace años, un centro de almacenamiento de datos con capacidades de procesamiento crítico, y un acervo de espectro radioeléctrico que fue objeto de disputa política durante el último cambio de administración. La discusión pública tiende a circunscribirse a los satélites cuando se menciona a Arsat. Pero la verdadera potencia de la empresa estatal radica en activos que permanecen fuera de la vista común: decenas de miles de kilómetros de fibra óptica enterrada que cruzan el territorio nacional, instalaciones blindadas donde residen sistemas de computación de alta disponibilidad, y una red de nodos que procesan información sensible de organismos de seguridad, fuerzas armadas, dependencias gubernamentales y entidades privadas que dependen de esa infraestructura para mantener sus operaciones diarias.

Durante casi dos décadas, Arsat construyó una posición prácticamente sin equivalentes en el ecosistema de telecomunicaciones nacional. A través de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO), desplegó tendidos que alcanzaron regiones donde ningún operador privado consideró viable invertir por falta de rentabilidad a corto plazo. Replicar una red de esa envergadura demandaría inversiones de miles de millones de dólares y períodos de retorno que hoy resultan económicamente inviables. Incluso grandes compañías privadas de telecomunicaciones terminan arrendando capacidad en esa infraestructura para complementar sus propias redes. Lo que comenzó como un proyecto de conectividad se transformó en una autopista digital por la que circulan comunicaciones, servicios de internet y datos que sostienen buena parte de la economía y la administración pública. La red también adquirió relevancia política por su capacidad de generar inteligencia a través de los nodos de información que la integran, aspecto que no siempre forma parte de la discusión pública pero que resulta crucial para entender por qué diversos actores muestran interés en influir sobre su gestión.

El centro de datos: donde reside la información que mueve al país

Junto a la fibra óptica, Arsat administra el Centro Nacional de Datos, una instalación diseñada con altos estándares de disponibilidad y seguridad que no solo aloja plataformas estatales. También funciona como proveedor de servicios para organizaciones privadas que requieren capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión de información. Dentro de esa infraestructura operan las llamadas "jaulas": espacios físicos cerrados donde bancos, compañías energéticas, entidades financieras y otros organismos instalan sus propios servidores y equipamiento. Aunque comparten la estructura general del centro, el acceso a esos equipos queda restringido exclusivamente a sus propietarios. Lo que confiere importancia estratégica a esas instalaciones no es solo el volumen de datos que albergan, sino la capacidad de cómputo y transmisión que concentran: miles de procesadores trabajan de manera permanente sosteniendo servicios que deben mantener operatividad durante las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

La dimensión estratégica de esas instalaciones se amplificó cuando se conoció el interés desplegado por nuevos actores que llegan al país. Hace algunos meses, un importante funcionario estadounidense visitó la estación de Arsat en Benavídez, encuentro que sucedió poco después de que se presentara públicamente el Criaco (Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado) junto a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el embajador estadounidense Peter Lamelas. Según distintas fuentes consultadas, esa visita se vinculaba con la intención de alojar en el centro nacional de datos los servidores necesarios para el funcionamiento del Criaco. Los sistemas provienen de Palantir, la empresa del empresario tecnológico Peter Thiel, quien se trasladó recientemente a la Argentina. No fue el único acercamiento de funcionarios estadounidenses a Arsat durante ese período: múltiples visitas sucedieron en los últimos meses, indicando un nivel de atención sostenido sobre las capacidades de la empresa estatal.

El espectro 5G: la joya que cambió de dueño en una resolución administrativa

Paralelamente a estas dinámicas, existe un aspecto que resulta central para comprender la importancia política y económica de Arsat: su relación con la tecnología 5G. Durante el proceso de licitación que definía qué empresas operarían las nuevas frecuencias para comunicaciones móviles —proceso supervisado por el Enacom— Arsat ya controlaba una porción fundamental de la infraestructura sin la cual esa tecnología no podría desplegarse masivamente. Las telefónicas pueden operar antenas y acceder al espectro, pero sin fibra óptica de alta capacidad, el 5G se convierte en un sistema limitado. Una antena 5G transmite enormes volúmenes de datos, pero si la red troncal que la respalda no posee la capacidad suficiente para procesar ese tráfico, el sistema funciona como un cuello de botella. En esa infraestructura mostró interés Huawei, la empresa china proveedora mundial de equipamiento para redes 5G —antenas, routers, componentes especializados—. Las reuniones entre directivos de Huawei y Facundo Leal fueron frecuentes, tanto en las oficinas de Arsat como en locaciones alternativas como Nordelta.

En 2023, Arsat recibió una asignación de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz para desarrollar un plan federal vinculado al 5G. La resolución oficial establecía que esas frecuencias serían utilizadas por Arsat para implementar una estrategia que definiría el Estado Nacional. Esta decisión generó controversia porque implicaba que Arsat accedía a un activo extremadamente valioso: espectro 5G que no había sido subastado como el de otros operadores. Algunos sectores analizaban la posibilidad de que Arsat se convirtiera en un operador mayorista de 5G, alquilando capacidad a empresas o impulsando cobertura en zonas donde las grandes telefónicas no invierten. En términos políticos y económicos, ese escenario ampliaba enormemente la relevancia de quienes conducían la empresa: ya no se trataba únicamente de administrar fibra óptica, satélites y centros de datos, sino de controlar espectro, uno de los recursos más codiciados del sector telecomunicaciones.

El panorama cambió cuando llegó la nueva administración. En 2024, el gobierno nacional anunció que esos 100 MHz reservados para Arsat serían incluidos en una nueva licitación, junto con otros bloques que quedaron vacantes en subastas anteriores. El espectro que había sido reservado pasaría a considerarse parte del stock a licitar al mercado abierto. Este anuncio fue realizado públicamente por el vocero presidencial Manuel Adorni, aunque hasta el momento la licitación aún no se ha concretado. La reversión de esa decisión implica una reducción significativa en los activos estratégicos disponibles para que Arsat desarrolle nuevas iniciativas, así como una reasignación de recursos que habían sido destinados a la empresa.

Deterioro presupuestario y vulnerabilidad de sistemas críticos

Mantener una estructura de esa magnitud requiere inversiones constantes y significativas. La operación de un centro de datos de alta disponibilidad demanda sistemas redundantes de energía, refrigeración, conectividad y seguridad física. Los equipos deben renovarse periódicamente y la infraestructura especializada exige contratos de mantenimiento costosos. Según distintas fuentes del sector, el deterioro presupuestario de los últimos años impactó particularmente en esas tareas de sostenimiento. Sistemas que requieren asistencia técnica especializada comenzaron a enfrentar dificultades para obtener soporte continuo. Equipamiento que demanda mantenimiento periódico pasó a depender de recursos cada vez más escasos. En el caso de la Red Federal de Fibra Óptica, los nodos y enlaces que la integran requieren supervisión técnica permanente, algo que se vio afectado por restricciones presupuestarias.

En infraestructura crítica, los problemas no suelen manifestarse de inmediato: típicamente emergen cuando ocurre una falla. La complejidad aumenta cuando se observan los servicios que Arsat presta a organismos del Estado. Fuerzas Armadas, áreas de seguridad, empresas públicas y dependencias gubernamentales utilizan distintas capacidades de la compañía. En algunos casos, la red debe extenderse hacia ubicaciones remotas donde el último tramo de conexión —la llamada "última milla"— obliga a contratar proveedores locales o realizar obras específicas para alcanzar instalaciones estratégicas. Esa realidad transforma a Arsat en administradora de información extremadamente sensible: no solo por el contenido de los datos que almacena, sino por el conocimiento operativo que posee sobre redes, enlaces, ubicaciones, capacidades y requerimientos de organismos públicos y privados. Una falla de ese conocimiento o una captura de esos datos podría tener consecuencias significativas para la seguridad del Estado y la continuidad de servicios esenciales.

Soberanía digital: hacia quién gravitan las decisiones sobre infraestructura crítica

En paralelo a las investigaciones judiciales en curso y a los cambios de política respecto del espectro 5G, existe un debate cada vez más presente en círculos académicos, empresariales y gubernamentales alrededor de la soberanía digital. La discusión central gira en torno a dónde se almacenan los datos críticos del país y quién controla la infraestructura que los procesa y transmite. Mientras buena parte de la economía mundial migra hacia plataformas de computación en la nube operadas por gigantes tecnológicos extranjeros, algunos sectores sostienen que determinadas capacidades y datos deben permanecer bajo jurisdicción nacional, como garantía de autonomía operativa y seguridad.

En ese contexto, Arsat representa tanto una oportunidad como un nudo de tensiones. Por un lado, es la única entidad capaz de ofrecer una infraestructura de alcance nacional sin dependencias de operadores privados extranjeros. Por otro, su gestión ha estado marcada por controversias administrativas, cambios políticos frecuentes, restricciones presupuestarias y —en el caso que ahora investiga la Justicia— acusaciones de corrupción. Las visitas de funcionarios estadounidenses interesados en alojar servidores de Palantir en sus instalaciones, las negociaciones con Huawei sobre infraestructura 5G, el retiro del espectro reservado y la reducción de recursos presupuestarios componen un cuadro en el que distintos actores disputan influencia sobre una empresa que controla datos, redes y capacidades de procesamiento que resultan fundamentales para el funcionamiento del país. Cómo se resuelvan estas tensiones —si a través de una gestión pública fortalecida, de asociaciones público-privadas, de mayor control estatal o de aperturas a operadores extranjeros— determinará en buena medida quién ejerce control sobre la infraestructura digital que sostiene la economía y la seguridad nacional en los próximos años.