La estructura judicial argentina volvió a cerrar las puertas a los intentos de la defensa de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, para echar al magistrado encargado de juzgar su caso. Una sala de apelaciones confirmó este miércoles que Diego Amarante seguirá a cargo de la investigación donde ambos dirigentes enfrentan acusaciones por apropiación indebida de recursos. El fallo llega como un golpe adicional para los imputados, toda vez que ya había sido rechazada una primera maniobra similar semanas atrás. Los jueces argumentaron que simplemente no hay prueba de que el magistrado haya perdido la objetividad necesaria para ejercer su función.
Los argumentos de la defensa y su rechazo
El equipo legal de Toviggino desplegó una estrategia defensiva para lograr la separación del juez Amarante, presentando dos líneas argumentativas diferentes. En primer lugar, citó la existencia de una publicación que asegurada señalaba que el magistrado había ofrecido a ARCA —la agencia recaudadora que originó la causa— presentar nuevas denuncias contra los dirigentes. Según la defensa, esto demostraba que Amarante tenía un interés personal en complicar a los acusados. Sin embargo, el camarista Roberto Hornos, quien integra la Cámara en lo Penal Económico, desestimó completamente este argumento. En su consideración, el magistrado señaló que el artículo periodístico carecía de cualquier sustento dentro de la carpeta judicial y que, por lo tanto, no podía servir como base para justificar la apartación del juez.
La segunda línea defensiva apuntaba contra una decisión procesal específica: la aceptación por parte de Amarante de una ampliación de denuncia que había presentado ARCA. Para los abogados de Toviggino, esta conducta representaba un clásico caso de "forum shopping", una táctica mediante la cual se busca mantener un caso ante un juez favorable permitiendo la incorporación de nuevos elementos. Interpretaban la aceptación de la ampliación como una maniobra deliberada para fortalecer la acusación. Nuevamente, la Cámara rechazó este razonamiento. Hornos argumentó que es absolutamente normal en cualquier investigación que surjan hechos novedosos directamente vinculados al caso en desarrollo, y que la aceptación de estos nuevos elementos no implica necesariamente que exista enemistad o que el magistrado haya abandonado su imparcialidad.
La magnitud de la investigación y los cargos
El trasfondo de este conflicto procesal es sustancial. La causa que investiga Amarante gira en torno a una acusación de envergadura: la retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales. Según la acusación, la Asociación del Fútbol Argentino retuvo estos fondos de sus empleados, proveedores y terceros, pero nunca los depositó en las arcas estatales en los tiempos requeridos por la ley. Este tipo de conducta, si se comprueba, constituiría una forma de apropiación ilícita de recursos públicos y de seguridad social, delitos considerados especialmente graves por la legislación penal Argentina.
El juez Amarante ha determinado en sus resoluciones previas que existe evidencia de que la organización futbolística retuvo y omitió depositar dinero correspondiente a aportes e impuestos durante un período que abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En su análisis, el magistrado describió la conducta como parte de un esquema deliberado. Sostuvo que detrás de estas acciones existía un "evidente plan" que buscaba depositar de manera tardía sumas enormes de dinero, con la intención clara de obtener beneficios financieros significativos mediante el uso prolongado de esos fondos. Este tipo de análisis es lo que los abogados defensores cuestionan al alegar falta de imparcialidad.
Las medidas impuestas y el camino procesal
Tras el procesamiento de Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino, el juez Amarante dispuso la implementación de una serie de medidas que ambos dirigentes deben cumplir obligatoriamente. Estas restricciones, que forman parte de las garantías de cumplimiento que la justicia suele imponer, se suman al embargo decretado como parte del proceso. La confirmación de Amarante como juez natural de la causa implica que estas medidas seguirán siendo aplicadas bajo su supervisión, y que todas las decisiones futuras en el caso continuarán emanando de este magistrado.
La historia de esta causa refleja una realidad compleja del sistema de justicia argentina: los conflictos de competencia, las recusaciones y los intentos de cambio de juez son instrumentos frecuentes en litigios de alto impacto político y mediático. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido estándares bastante exigentes para que un magistrado sea apartado de un caso. No basta con alegar que el juez puede ser parcial o que sus decisiones son cuestionables; es necesario demostrar hechos concretos y objetivos que evidencien una enemistad personal o un comportamiento que revele claramente la pérdida de imparcialidad. En este caso, la Cámara consideró que los argumentos presentados no alcanzaban ese umbral probatorio.
Las implicancias futuras del caso
Con esta confirmación, la causa contra los dirigentes de la AFA continuará su desarrollo bajo la dirección de Amarante. Las defensas deberán ahora concentrarse en otras estrategias procesales, como la presentación de pruebas que cuestionen los hechos imputados o que demuestren la inexistencia de los delitos alegados. La reiterada negativa a apartar al juez también envía una señal al mercado de litigios: este tribunal considera que tiene elementos suficientes para mantener su actuación y que los planteos defensivos no han logrado demostrar lo que constituiría una causal válida de recusación. Esto no significa necesariamente que el juez esté predispuesto a condenar, pero sí indica que considera tener argumentos sólidos en su análisis preliminar de los hechos.
La confirmación de Amarante como magistrado responsable del caso puede interpretarse desde múltiples perspectivas. Para quienes ven la investigación como legítima, representa la continuidad necesaria de una causa de corrupción administrativa. Para los acusados y sus abogados, constituye un obstáculo adicional en su estrategia defensiva. Para observadores institucionales, refleja cómo el sistema de pesos y contrapesos en la justicia funciona cuando se cuestiona la imparcialidad: requiere estándares rigurosos antes de permitir la sustitución de un juez, precisamente para evitar que cualquier defensa pueda simplemente cambiar de magistrado cuando sus argumentos no resulten persuasivos. El caso seguirá su curso, y las próximas decisiones sobre el fondo de la acusación determinarán si los fundamentos del magistrado eran o no acertados.
