Un hito relevante marca el avance de la pesquisa judicial que investiga presuntos desvíos de fondos y prácticas irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad durante los últimos años: la autoridad competente ha tomado la decisión de someter a análisis técnico especializado una serie de registros de audio que circulan en el expediente, generando con esta disposición un punto de inflexión en la estrategia defensiva de los implicados. Lo que parecía una causa centrada exclusivamente en documentación financiera y datos de sistemas informativos ha derivado ahora hacia un terreno donde la tecnología forense jugará un papel determinante. La razón por la cual esta medida reviste importancia trasciende el mero procedimiento: de confirmarse la autenticidad de esas grabaciones, la responsabilidad de los funcionarios involucrados podría consolidarse significativamente, mientras que si se acredita su manipulación, el fundamento de la acusación se vería minado en aspectos considerados medulares por la defensa.
El peritaje como bisagra procesal
El magistrado Ariel Lijo, quien asumió recientemente la titularidad del juzgado encargado del caso tras la finalización de la suplencia anterior, ha girado una orden a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional para que proceda con un análisis exhaustivo destinado a esclarecer si esos registros sonoros corresponden efectivamente a las voces de los acusados y si fueron objeto de alteraciones o manipulaciones. Este tipo de peritajes, basados en técnicas de análisis espectral y comparación biométrica de patrones vocales, constituyen herramientas cada vez más utilizadas en la justicia penal argentina para dilucidar cuestiones de autenticidad documental. La solicitud —que había sido planteada de manera reiterada tanto por Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, como por integrantes de la familia Kovalivker, propietarios de la farmacéutica Suizo Argentina— apunta a zanjar una controversia que ambas partes consideran fundamental para el desarrollo de los procedimientos.
Spagnuolo, quien fuera máxima autoridad del organismo durante el período bajo investigación, ya había sido procesado en febrero de este año por cargos que incluyen cohecho activo, fraude estatal y negociaciones incompatibles. Sin embargo, su posición ante el nuevo llamado a declaración ampliatoria resulta reveladora: este martes, el exfuncionario simplemente se abstuvo de responder los interrogatorios del tribunal. Entorno cercano al imputado comunicó posteriormente que Spagnuolo mantendría esa postura de silencio hasta tanto no se completen los análisis técnicos sobre los audios. La estrategia es explícita: la defensa considera que esas grabaciones, de resultar falsas o manipuladas, podrían desmoronar buena parte de la acusación fiscal, por lo que aguarda ese resultado antes de explayarse en su descargo.
La posición antagónica del fiscal y sus alcances
Franco Picardi, quien conduce la investigación desde la fiscalía, sostiene una perspectiva diametralmente opuesta. Según su interpretación de la causa, los audios no constituyen una prueba fundamental o esencial para sustentar la acusación que ampliara a principios de abril, sino que funcionan más bien como elementos complementarios o accesorios. Para el magistrado persecutor, el andamiaje probatorio descansa fundamentalmente en otros pilares: el análisis de dispositivos telefónicos incautados, el examen del sistema informático Siipfis de la agencia —que habría sido manipulado tanto por empleados como por individuos sin posición oficial en la institución—, y la documentación contable que evidenciaría movimientos de más de $75.000 en operaciones dudosas vinculadas a adquisiciones de medicamentos de alto costo y baja prevalencia.
El fiscal amplió significativamente su acusación en abril pasado, incorporando a 30 acusados adicionales a quienes sindicaba como integrantes de una supuesta red dedicada a la compra de fármacos mediante maniobras coordinadas con establecimientos farmacéuticos privados. Esa expansión de la nómina de imputados surgió precisamente del análisis de datos secuestrados en operativos previos. Según lo revelado en las actuaciones, las irregularidades identificadas por el fiscal no se limitarían al comercio de medicamentos, sino que se extenderían a la adquisición de otros insumos y materiales. Este espectro ampliado de hechos punibles sugiere un esquema organizacional más complejo que lo que inicialmente podría haber parecido una corrupción localizada.
La cadena de mando investigada y sus derivaciones
Junto a Spagnuolo, otros funcionarios fueron sindicados como jefes o coordinadores de esta presunta red delictiva. Daniel Garbellini, quien se desempeñaba como número dos en la estructura de la Andis, aparece en la acusación con un rol preponderante. También lo hace Miguel Ángel Calvete y el profesional Pablo Atchabahian, vinculado a la esfera médica del organismo. El magistrado Lijo ha convocado a Garbellini y Calvete para ampliaciones de sus indagatorias, con resultados hasta ahora similares a los de Spagnuolo: Garbellini también declinó prestar declaración este martes. Su defensor, Agustín Biancardi, ha manifestado que prepara un escrito con argumentaciones y descargos, aunque mantiene en suspenso su presentación a la espera de que se resuelvan otras cuestiones procesales en el expediente.
Es relevante mencionar que el procesamiento inicial de estos imputados fue dictado por el juez Sebastián Casanello, quien durante febrero de este año subrogaba la titularidad del juzgado 11 donde tramita la causa. Una vez vencida esa suplencia, la competencia pasó al juez Lijo. Esta transición de magistrados es habitual en la judicatura argentina, aunque introduce variables en la dinámica del caso, ya que cada juez puede adoptar criterios distintos respecto de cómo procesar las pruebas o evaluar las estrategias defensivas. Lijo aceptó el pedido de ampliación de Picardi, lo que evidencia una evaluación favorable de que existía material probatorio adicional relevante para profundizar la investigación.
El panorama actual presenta una confluencia de elementos que seguirá desarrollándose conforme avancen los procedimientos: por una parte, la ejecución del peritaje forense sobre audios; por la otra, la posible presentación de descargos escritos por parte de los imputados; y simultáneamente, la continuidad de la acusación fiscal basada en datos que los defensores consideran insuficientes o contaminados. El tiempo que demande el análisis técnico será determinante para los próximos movimientos procesales. Si los peritos de Gendarmería confirman que los audios son auténticos, Spagnuolo y sus coacusados enfrentarían evidencia adicional contundente; en cambio, si se detectan indicios de manipulación, los fundamentos de la acusación se verían substantivamente debilitados, lo que podría derivar en solicitudes de nulidad o reapertura de investigaciones paralelas sobre cómo esos audios llegaron a conformar parte del expediente.
Las implicancias de este punto de quiebre se proyectan más allá del caso específico: el resultado del peritaje incidirá no solo en la suerte judicial de los imputados, sino que también establece precedentes sobre la incorporación de material audiovisual como prueba en investigaciones de corrupción administrativa. Simultáneamente, la negativa de los acusados a declarar sin antes conocer el resultado de los análisis refleja una táctica defensiva sofisticada que, independientemente de sus resultados finales, ha logrado alterar la cronología y el ritmo que el fiscal pretendía imprimir al procedimiento. Los próximos meses determinarán si las pruebas documentales, contables e informáticas que Picardi considera pilares de su acusación logran consolidar responsabilidades, o si por el contrario, la eventual falsedad de los audios contamina percepciones sobre la integridad de todo el aparato probatorio que las acompaña.
