Un nuevo escalón en la investigación sobre el origen de los bienes de Manuel Adorni marca un giro hacia la verificación técnica de los argumentos que el exjefe de Gabinete presentó para justificar cerca de 600 mil dólares en su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó esta semana una batería de medidas que buscan corroborar, mediante peritos especializados, si efectivamente las operaciones con criptomonedas que Adorni reportó se condujeron tal y como las describió en sus respuestas. Lo que comenzó como un análisis documental de declaraciones patrimoniales se convierte ahora en un procedimiento que involucrará pruebas criptográficas y un rastreo minucioso de dos décadas de registros fiscales, laborales e inmobiliarios tanto de Adorni como de su esposa, Bettina Angeletti.
El desafío de la verificación cripto
El núcleo central de esta nueva etapa investigativa reside en comprobar la titularidad y operatividad de ocho direcciones de Bitcoin mediante las cuales, según la defensa de Adorni, se habrían movido fondos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Esas transacciones, de acuerdo a los cálculos presentados por los abogados del exfuncionario, resultaron en un monto de US$591.544,61, cifra que prácticamente coincide con los US$565.000 en efectivo que Adorni declaró bajo el rubro "venta de activos" en su documentación patrimonial. La coincidencia numérica, aunque notable, despertó interrogantes en la fiscalía sobre la necesidad de validar cada paso de esas operaciones digitales.
Para llevar adelante esta tarea, Pollicita diseñó un procedimiento técnico específico que requiere la intervención coordinada de múltiples actores. En primer lugar, se convocará al abogado de Adorni, Matías Ledesma, para que concurra a la dependencia fiscal junto con el perito de parte, portando el sobre cerrado y lacrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil. El especialista designado por la defensa deberá acceder a cada una de las ocho cuentas utilizando plataformas de administración de billeteras como Sparrow o Electrum, herramientas estándar en el ecosistema de criptoactivos que permiten firmar mensajes desde direcciones específicas. El procedimiento establece que desde cada dirección se firmará un mensaje que será entregado por la propia fiscalía durante el acto, generando evidencia que después será sometida a verificación criptográfica independiente.
Una vez completada esta fase, intervendrá personal técnico de la Policía Federal Argentina, que realizará una verificación criptográfica formal. Este equipo especializado cargará en sus sistemas los datos de las direcciones, el mensaje original proporcionado por fiscalía y la firma generada por la defensa, con el objetivo de determinar si existe correspondencia matemática entre esos elementos. El resultado de esta validación se documentará y registrará para cada una de las ocho direcciones. El procedimiento será grabado en su totalidad, y las claves privadas permanecerán bajo resguardo exclusivo de la defensa durante todo el proceso, una salvaguarda diseñada para proteger el acceso a esos activos digitales.
Más allá de Bitcoin: el rastreo de dos décadas
Sin embargo, la investigación no se detiene en la verificación de las criptomonedas. Pollicita decidió simultáneamente ampliar el alcance de la pesquisa hacia un terreno más amplio: la reconstrucción completa del historial económico tanto de Adorni como de Angeletti desde el comienzo de sus vidas laborales activas. La defensa había argumentado que buena parte del capital empleado desde 2014 provenía de ahorros acumulados con anterioridad, originados en los ingresos que ambos generaron a través de sus actividades profesionales. Ante esa respuesta, el fiscal consideró indispensable verificar la trayectoria patrimonial y los ingresos de la pareja desde sus inicios económicos hasta finales de 2011.
Con este propósito, Pollicita cursó un requerimiento a la ANSES solicitando la historia laboral completa de Adorni desde febrero de 1998 y la de Angeletti desde octubre de 2000, fechas que marcan sus respectivos accesos a la mayoría de edad. Ese historial debe incluir un detalle pormenorizado: todas las remuneraciones percibidas, los empleadores bajo los cuales trabajaron, los aportes realizados, los períodos específicos de desempeño y cualquier actividad desarrollada bajo regímenes de monotributo o como autónomos. Paralelamente, la fiscalía también requirió información exhaustiva respecto de todos los inmuebles y vehículos que hayan estado registrados a nombre de ambos durante ese extenso período, así como la identificación de posibles integraciones en sociedades, asociaciones, fundaciones o desempeño de funciones administrativas o de representación en cualquier tipo de entidad.
El fiscal también solicitó al juzgado federal que interviene en la causa la ampliación del levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para períodos económicos específicos de sus vidas. Si el magistrado autoriza esta medida, la administración tributaria nacional, representada por ARCA, deberá remitir el conjunto de declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, las actividades que fueron declaradas, las categorías tributarias bajo las cuales se encuadraron, información respecto de terceros intervinientes en operaciones, y cualquier adhesión a planes de blanqueo de capitales o moratorias fiscales. Adicionalmente, ARCA debe informar sobre todas las operaciones de compra de moneda extranjera registradas entre enero de 2011 y diciembre de 2015, con especificación de fechas exactas, montos movimentados, entidades bancarias intervinientes y el destino declarado de esos fondos.
Esta expansión investigativa surge después de que Adorni respondiera un cuestionario de veinte puntos elaborado por Pollicita para justificar la evolución de su patrimonio. Según la presentación efectuada por el exfuncionario, los beneficios generados a través de operaciones con criptomonedas fueron posteriormente canalizados hacia diversos gastos, inversiones y movimientos en el mercado inmobiliario. Entre las operaciones concretas mencionadas figuran las obras de mejora en el country Indio Cuá y la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito. La investigación abarca el período en el cual Adorni desempeñó funciones públicas, específicamente entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Las implicancias de una investigación en capas
La estrategia investigativa que Pollicita está desplegando revela una aproximación multinivel al análisis de patrimonio: primero busca validar los instrumentos digitales específicos invocados como fuente de fondos; luego, intenta reconstruir toda la trayectoria económica de las personas investigadas para establecer si efectivamente existen los ahorros previos que alegan. Este enfoque, aunque ambicioso en alcance, responde a un principio básico en investigaciones patrimoniales: la necesidad de conectar fondos declarados con sus orígenes verificables. En el contexto argentino, donde los ciclos económicos, los cambios regulatorios y las fluctuaciones de la moneda local han generado historias complejas de acumulación de capital, esta clase de reconstrucciones suele requerir el cotejo de múltiples fuentes documentales y registros administrativos que, frecuentemente, presentan inconsistencias o espacios en blanco. La amplitud del período bajo análisis —más de veinticinco años— añade complejidad al trabajo de verificación, toda vez que implica rastrear trayectorias a través de cambios en empleadores, modificaciones en regímenes tributarios y transformaciones en los mercados de activos que Adorni y Angeletti pudieron haber utilizado.
Las medidas solicitadas por Pollicita también pueden interpretarse como un reconocimiento de los desafíos técnicos que presenta la investigación de operaciones en criptomonedas dentro del sistema judicial argentino. Aunque las transacciones en Bitcoin dejan un registro permanente en la cadena de bloques —una característica que las hace potencialmente rastreables—, la identificación de quién controla realmente una dirección requiere validación técnica específica. La metodología propuesta, que combina periciaje de parte, verificación policial y documentación grabada, parece diseñada precisamente para evitar controversias posteriores sobre la autenticidad de los datos técnicos utilizados como prueba. Este enfoque también sugiere una intención de transparencia en un procedimiento que, de otro modo, podría parecer opaco: al permitir que la defensa mantenga las claves privadas bajo su resguardo y grabar todo el proceso, se busca descartar acusaciones de manipulación de evidencia.
La expansión de la investigación hacia décadas anteriores de la vida económica de Adorni y Angeletti abre interrogantes sobre qué patrones la fiscalía podría estar buscando. ¿Existen saltos inexplicados en el patrimonio? ¿Las inversiones inmobiliarias guardan proporción con los ingresos declarados? ¿Hubo períodos en los que los ahorros pudieron acumularse de manera realista? Estas preguntas subyacen a las medidas solicitadas y sugieren que Pollicita considera que la explicación de Bitcoin, tomada aisladamente, podría no ser suficiente sin un contexto más amplio de la trayectoria económica de ambos. La solicitud de información sobre adhesiones a blanqueos y moratorias también resulta significativa: implica que la fiscalía está considerando la posibilidad de que parte de los fondos investigados pudieran tener orígenes distintos a los alegados, posiblemente vinculados a períodos en los que se ofrecieron programas especiales de regularización fiscal.
Las consecuencias potenciales de esta investigación se proyectan en múltiples direcciones. Si la verificación técnica de las billeteras de Bitcoin confirma la titularidad de Adorni y la consistencia de las operaciones, la explicación sobre el origen de esos fondos ganaría solidez, aunque la fiscalía aún podría cuestionar otros aspectos del patrimonio. Si, en cambio, la verificación técnica genera dudas o inconsistencias, la credibilidad de la narrativa patrimonial de Adorni enfrentaría desafíos significativos. El análisis del historial laboral de dos décadas, por su parte, puede revelar períodos en los que acumular la cantidad de ahorros alegados habría sido económicamente implausible, o inversamente, puede corroborar que los ingresos reportados fueron suficientemente elevados como para permitir tales ahorros. La información tributaria solicitada a ARCA añade otro plano de verificación: los registros fiscales, aunque no necesariamente reflejan la totalidad de la actividad económica real de una persona, ofrecen un patrón documentado que puede cotejarse con las explicaciones patrimoniales. La investigación, en suma, se presenta como un ejercicio de triangulación de múltiples fuentes en busca de coherencia o de fisuras en la narrativa patrimonial presentada.
