La defensa contraofensiva en el banquillo
En medio de un juicio que se ha convertido en espejo de las tensiones políticas y judiciales que atraviesan a la Argentina desde hace casi dos décadas, Roberto Baratta decidió cambiar de estrategia. El exfuncionario que fuera brazo derecho de Julio De Vido durante la administración Kirchner volvió a la sala de audiencias con argumentos renovados y acusaciones directas contra quienes lo han señalado como intermediario de una estructura de pagos irregulares. No se trata de una simple respuesta a cargos, sino de una operación de comunicación judicial que busca reposicionar su narrativa frente a un tribunal y a una opinión pública fragmentada sobre los hechos que se debaten desde hace años en los estrados.
La ampliación de su indagatoria no fue un movimiento espontáneo. Según sus defensores, la complicación de su posición tras la declaración de directivos del conglomerado industrial Techint hizo necesario que Baratta regresara al ataque. El exsubsecretario de Planificación, quien en la estructura del gobierno pasado ocupó un lugar privilegiado para acceder a información sensible y tomar decisiones sobre asignación de obras públicas, decidió no solo negar los cargos sino cuestionar la arquitectura misma del proceso que lo tiene en el banquillo. Esta actitud refleja una estrategia defensiva que ya no se conforma con el silencio, sino que busca sembrar dudas sobre la credibilidad de quienes lo acusan y sobre la equidad del tratamiento que ha recibido frente a otros actores del caso.
El nudo de la asimetría: sobreseídos versus imputados
El punto medular del descargo de Baratta toca un aspecto que trasciende la anécdota procesal: la dispar situación en que han quedado los distintos participantes en esta saga de supuestos pagos. Mientras que Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, ejecutivos de Techint, fueron sobreseídos en un expediente separado tras ser considerados por la Justicia como actores que entregaban dinero bajo circunstancias diferentes a las vinculadas con obra pública —específicamente, durante la crisis que enfrentaba el grupo en Venezuela por una expropiación—, Baratta sigue siendo el único imputado elevado a juicio oral en este segmento del caso. Esta diferencia de trato resulta particularmente llamativa cuando se consideran las declaraciones de estos mismos directivos en calidad de testigos, admitiendo haber realizado pagos al exfuncionario. La pregunta implícita que Baratta plantea es inquietante: ¿cómo puede alguien ser testigo de un delito que supuestamente cometió, sin ser procesado por ello?
El exfuncionario fue explícito en su crítica. Sostuvo que existió "una clara diferenciación en el trato y en los procesos de la etapa de instrucción" y denunció una "clara asimetría procesal de Techint con respecto a otros empresarios". Esta caracterización no es menor en el contexto de un caso que ha sido ampliamente descrito como resultado de una "operación de inteligencia", según sus propias palabras. La noción de que la investigación pudo haber sido conducida con criterios selectivos, beneficiando a ciertos actores mientras se concentraba la imputación en otros, es una línea argumentativa que ha ganado tracción en diversos ámbitos durante los últimos años. Aunque Baratta no presentó apelación alguna de esos sobreseimientos, su silencio estratégico en ese momento contrasta con su vocalizacion actual de la injusticia que percibe.
Defensa mediante negación categórica y contexto político
El despliegue de Baratta en la sala incluyó un componente visual: diapositivas que acompañaban su narrativa y permitían reforzar su mensaje de inocencia. Una de ellas rezaba de manera contundente: "A mí no me pagaron nada". Luego amplió: "Ni Zabaleta ni Betnaza me dieron nunca ningún pago, nunca, a través de un llamado telefónico, de los cientos que tuve, les solicité nada". Esta negación rotunda es significativa porque evita el terreno de los grises. No argumenta que recibió dinero para fines lícitos, o que fue compensado por servicios legítimos. Directamente niega la premisa fundamental de la acusación. Sin embargo, y aquí radica una tensión visible en su propia defensa, los cuadernos del exchofer Oscar Centeno contienen anotaciones que lo vincularían a transacciones de dinero, y múltiples "arrepentidos" han declarado reconociendo su participación en el esquema supuestamente montado entre 2003 y 2015.
Su estrategia incluyó también una defensa de la gestión del gobierno bajo Cristina Fernández de Kirchner, combinada con críticas dirigidas hacia la administración posterior. Este giro político es revelador: Baratta no solo se defiende de cargos específicos, sino que busca recontextualizar los hechos dentro de una narrativa más amplia sobre la continuidad de políticas públicas y las discontinuidades administrativas. Al mismo tiempo, intentó identificar "presuntas contradicciones" en los relatos de Betnaza y Zabaleta, sugiriendo que sus declaraciones adolecen de consistencia interna. Este enfoque sigue una lógica clásica de defensa en casos complejos: si puedo demostrar que los testigos se contradicen, entonces sus acusaciones pierden peso. No obstante, el hecho de que no haya "aportado elementos que permitieran sostener que esos pagos no se ejecutaron" según relatos judiciales, mientras simplemente los negaba, deja en pie la pregunta sobre qué tan sólida es su posición.
El contexto histórico de la causa: años de investigación y complejidad
Los llamados Cuadernos de las coimasemergieron como un fenómeno de investigación periodística hace varios años, transformándose posteriormente en uno de los casos más complejos del sistema judicial argentino. La causa ha implicado a decenas de empresarios, funcionarios públicos y intermediarios, derivando en múltiples expedientes, sobreseimientos selectivos, y procesos que aún están en curso. Baratta, como figura central en la supuesta recaudación de fondos irregulares durante la era Kirchner, ha permanecido en el ojo de la tormenta durante todo este tiempo. Su situación, como ha señalado más de una vez, es considerada "una de las más comprometidas en el caso", tanto por las anotaciones de Centeno como por los testimonios de diversos actores que lo han identificado como participante activo en la estructura.
El hecho de que Baratta haya permanecido en silencio durante gran parte del proceso y luego decidiera ampliar su descargo sugiere una evaluación táctica de sus defensores. Posiblemente consideraron que el silencio inicial no era suficiente ante la acumulación de testimonio en su contra, y que era necesario "ocupar la cancha" discursivamente, presentando su propia versión de los hechos y cuestionando la arquitectura del proceso. Esta decisión también puede interpretarse como un indicador de preocupación genuina sobre cómo la prueba testimonial está siendo recibida por el tribunal. El hecho de que no haya contestado preguntas en esta ampliación de indagatoria mantiene su derecho a no autoincriminarse, pero también limita el alcance de lo que puede ser explorado por la fiscalía respecto de sus nuevos argumentos.
Implicancias procesales y caminos posibles
La ampliación del descargo de Baratta abre varios interrogantes sobre los próximos pasos en el proceso. En primer lugar, está la cuestión de cómo el tribunal procesará estas nuevas argumentaciones en relación con la prueba ya incorporada. Si bien Baratta ha presentado críticas a la "asimetría procesal" y ha cuestionado la naturaleza de la investigación, estos argumentos se sitúan más en el terreno de la impugnación procesal que en la refutación fáctica. Es decir, aunque logre convencer al tribunal de que hubo trato diferenciado entre acusados y testigos, eso no necesariamente lo exonera de los cargos específicos que enfrenta. Por otro lado, sus críticas a la gestión de la investigación y su caracterización de la causa como "operación de inteligencia" pueden tener resonancia en apelaciones futuras, si llegado el momento presenta recursos contra una sentencia condenatoria.
La declaración de Baratta también refuerza un patrón observable en casos de corrupción complejos: la tendencia de los acusados a cuestionar la legitimidad del proceso en lugar de refutar punto por punto los hechos específicos. Esto puede responder tanto a limitaciones probatorias reales como a cálculos estratégicos sobre dónde radica la mayor vulnerabilidad de la acusación. En jurisdicciones con sistemas acusatorios, la carga de la prueba recae en la fiscalía, pero cuando los testigos admiten hechos que podrían incriminar también a Baratta, la defensa enfrenta un desafío considerable. La negación categórica es una estrategia válida, pero su efectividad depende de cuán creíble sea en relación con la evidencia acumulada.
Consecuencias y proyecciones del conflicto procesal
Las consecuencias de esta ampliación de descargo pueden desplegarse en múltiples dimensiones. Desde una perspectiva estrictamente procesal, la incorporación de nuevos argumentos defensivos y la crítica a la asimetría del trato podrían fortalecer futuras apelaciones, independientemente del veredicto en esta instancia. Desde un ángulo político-comunicacional, Baratta ha buscado reposicionar la narrativa, sugiriendo que es víctima de un proceso discriminatorio, lo cual puede resonar con ciertos sectores que ya mantienen desconfianza respecto de las instituciones judiciales. Desde la perspectiva de la víctima potencial del delito que se investiga —es decir, el Estado y, por extensión, la ciudadanía—, la clarificación de estos hechos sigue siendo pendiente, independientemente de cómo se resuelva finalmente el caso.
El panorama que emerge es complejo y sugiere que la resolución de este litigio no cerrará definitivamente las preguntas sobre la naturaleza de la investigación, el trato diferenciado de los actores involucrados, o la responsabilidad de cada uno en la estructura que se analiza. Tanto si la sentencia resulta condenatoria como absolutoria, es probable que persistan debates sobre si el proceso fue justo, si se reunieron pruebas suficientes, y si la selección de acusados respondió a criterios objetivos o a consideraciones políticas. Estos interrogantes trascienden el caso específico de Baratta y tocan cuestiones fundamentales sobre el funcionamiento de la justicia penal en contextos de investigaciones sobre corrupción sistémica. La ampliación de su descargo, lejos de ser un cierre, abre nuevas aristas en un debate que posiblemente continuará mucho más allá de cualquier sentencia judicial.
