La provincia de Buenos Aires se prepara para implementar un mecanismo de contención frente a la adquisición de territorios rurales por parte de inversores del exterior. Mientras tanto, crece la presión política desde diferentes sectores del peronismo bonaerense que buscan mantener el control sobre los recursos territoriales más valiosos de la región. Esta movida legislativa responde a una estrategia más amplia que incluye movilizaciones callejeras y genera una tensión clara entre dos visiones antagónicas sobre el rol del Estado en la regulación del mercado de tierras.

En la Legislatura provincial se encuentran en trámite dos iniciativas de ley distintas pero complementarias, ambas orientadas a establecer límites a la inversión extranjera en predios rurales. Una de ellas, presentada en el Senado bonaerense, lleva por nombre "Régimen de Protección al Dominio Estratégico sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales" y cuenta con la firma de Malena Galmarini, Ayelén Durán, Pedro Borgini, Germán Lago, Jorge Paredi y Adrián Santarelli. La otra, impulsada desde la Cámara de Diputados por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, se denomina "Régimen de Protección al Dominio Provincial sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales". Ambos textos beben de la experiencia de la Ley Nacional 26.737 sancionada en el año 2011 bajo la administración Kirchner, que en su momento estableció criterios para limitar la extranjerización de la tierra a nivel nacional.

Los números clave del ordenamiento territorial propuesto

Las dos propuestas bonaerenses coinciden en puntos nodales. Ambas establecen que la propiedad en manos de extranjeros no puede exceder el 15% del total de tierras rurales, tanto a nivel provincial como en cada municipio. Además, imponen que las personas o empresas originarias de un mismo país no podrán concentrar más del 30% de ese cupo, evitando así la monopolización por nacionalidad. Un tercer piso de protección fija un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo, una clasificación que refiere a los territorios con mayor potencial productivo. Los textos legislativos prevén, asimismo, la anulación de operaciones que se realicen con el propósito de eludir estas restricciones.

Sin embargo, donde ambas iniciativas divergen es en el alcance y la profundidad del control estatal. El proyecto emanado del Senado se concentra de manera más acotada en la titularidad extranjera de tierras rurales, estableciendo restricciones especiales en zonas de frontera e inmuebles vinculados a cuerpos de agua permanentes. Por su parte, la iniciativa de la Cámara de Diputados, caracterizada por un enfoque más integral, incorpora criterios de ordenamiento territorial, preservación ambiental y defensa de la soberanía alimentaria. Este segundo proyecto identifica como "zonas de protección territorial estratégica" a cuencas hídricas, humedales, islas, litoral marítimo, reservas naturales, cinturones dedicados a la horticultura, espacios de agricultura familiar, áreas periurbanas y territorios sujetos a planes de vivienda o planificación territorial.

Diferencias administrativas y mecanismos de control

La propuesta senatorial prevé la creación de un Consejo Interministerial de Tierras Rurales, un organismo que agruparía a distintos ministerios del gobierno bonaerense para coordinar la implementación de la norma. En contrapartida, el proyecto de Diputados no contempla esta estructura específica, optando en cambio por delegar la designación de la autoridad de aplicación en manos del Poder Ejecutivo. No obstante, esta segunda iniciativa refuerza las capacidades del futuro Registro Provincial de Tierras Rurales, otorgándole facultades para fiscalizar estructuras societarias y rastrear a los beneficiarios finales de las operaciones. Ambos textos incluyen excepciones para extranjeros que demuestren arraigo territorial prolongado en el país: residentes permanentes con antigüedad, progenitores de ciudadanos argentinos o cónyuges de ciudadanos argentinos quedan exentos de estas restricciones, configurando un sistema de excepciones que busca equilibrar la protección territorial con el reconocimiento de situaciones consolidadas.

Esta iniciativa legislativa no ocurre en el vacío. El gobernador Axel Kicillof ha confirmado su asistencia a la manifestación prevista para el jueves en la capital nacional, donde miles de militantes peronistas se movilizarán para expresar su rechazo a los cambios que el gobierno nacional pretende introducir en la regulación de la compra-venta de tierras. Los intendentes bonaerenses se han sumado al llamado, organizando columnas desde múltiples territorios. Mario Secco, titular del municipio de Ensenada, liderará una de las caravanas más numerosas. Desde La Matanza, Fernando Espinoza también coordinará el transporte de manifestantes, al igual que Julio Alak desde La Plata. El ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis organiza la participación de San Martín. Estos nombres no son menores: varios de estos funcionarios se perfilan como posibles candidatos a la gobernación en próximos comicios, lo que sugiere que la defensa de la soberanía territorial se ha convertido en un tema de primer orden en la agenda política bonaerense.

Las consecuencias de esta batalla legislativa podrían ser significativas. Si estas iniciativas logran avanzar en la Legislatura bonaerense, establecerían un marco regulatorio que contrasta abiertamente con las políticas desreguladoras que promueve el gobierno nacional. Esto generaría una fragmentación normativa donde cada provincia podría establecer sus propias reglas sobre acceso a la tierra, con potenciales efectos sobre la atracción de inversión extranjera directa, el valor de los activos rurales y la estructura productiva regional. Algunos actores consideran que esta protección es esencial para preservar la soberanía alimentaria y evitar la concentración de recursos estratégicos en manos de inversores externos, mientras que otros argumentarían que restricciones excesivas podrían limitar flujos de capital, tecnología e innovación agrícola. La discusión que se avecinó trasciende entonces lo puramente legislativo, tocando cuestiones fundamentales sobre qué rol debe jugar el Estado en la regulación de los mercados de activos territoriales y cómo equilibrar la apertura económica con la defensa de intereses nacionales y provinciales.