La reactivación de las negociaciones parlamentarias en torno a la reforma electoral marca un punto de quiebre en la agenda legislativa de la administración nacional. Patricia Bullrich, en su rol como ministra coordinadora, logró destrabar una situación que amenazaba con enquistarse: la senadora Edith Terenzi, proveniente de Chubut, había presentado una moción para fijar fecha de tratamiento al proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que el PRO ha enarbolado como bandera histórica. La maniobra de Bullrich consistió en calmar las aguas y replantear la estrategia legislativa para los próximos meses, estableciendo que cuando se retome el debate en septiembre, ambos temas —Ficha Limpia y la eliminación de las PASO— serán discutidos en una única sesión, aunque con metodologías que aún se definen. Este movimiento revela las tensiones que existen dentro de la coalición gobernante y los equilibrios frágiles que sostienen las mayorías en el Congreso.

El dilema central: una reforma que divide al oficialismo

Desde la perspectiva del Ejecutivo nacional, el eje fundamental de la reforma política descansa en la supresión de las elecciones primarias. La argumentación oficial sostiene que el sistema vigente obliga al Estado a financiar procesos internos de los partidos políticos, lo que constituiría una injerencia indebida en decisiones que deberían permanecer bajo control exclusivo de las organizaciones partidarias. Según esta lógica, devolver a los partidos la potestad de elegir a sus candidatos sin financiamiento estatal representaría un retorno a principios de autonomía política. Pero la propuesta no se limita allí: el Gobierno también propone eliminar el financiamiento público de las campañas electorales, aunque mantendría los fondos destinados al funcionamiento institucional de los partidos. A estos dos pilares se suman otras modificaciones de calado: cambios en la estructura jurídica de las organizaciones políticas, ajustes en la cantidad de afiliaciones requeridas para conservar personería legal, restricciones a la participación de capitales extranjeros en campañas y alteraciones en el mecanismo de elección del Parlamento del Mercosur. Un paquete legislativo denso que concentra transformaciones sustanciales del sistema electoral argentino.

Sin embargo, lo que en Casa Rosada aparece como un conjunto armónico de iniciativas se fragmenta en el Congreso. La Libertad Avanza cuenta en la Cámara Alta con 21 senadores, un número insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta de 37 votos que exige la Constitución Nacional para modificaciones al régimen electoral. Esta exigencia constitucional, establecida en el artículo 77, se convierte en un cuello de botella permanente. Los aliados provinciales del Gobierno contribuyen con tres senadores del PRO y diez de la Unión Cívica Radical, sumando así una base de 34 legisladores. Aún así, persisten distancias profundas respecto a qué reformar y cómo hacerlo. El bloque radical, cuyo jefe de bancada es Eduardo Vischi, incluso ha presentado una propuesta alternativa: convertir las PASO en un sistema optativo, eliminando la obligatoriedad de concurrir a votar en esa instancia, pero preservando su existencia como mecanismo disponible. Una posición que refleja resistencias insoslayables dentro de la coalición.

Los fracasos previos que pesan sobre la negociación actual

La historia reciente del Congreso argentino incluye dos intentos fallidos de eliminar las primarias que generan un contexto de escepticismo difícil de ignorar. En 2024, cuando se debatía la Ley Bases —una iniciativa de alcance amplio que tocaba múltiples aspectos de la estructura estatal—, el Ejecutivo incluyó un capítulo destinado a la supresión de las PASO. La presión de los aliados y gobernadores fue tal que finalmente esa sección fue retirada del proyecto antes de la votación final, priorizando la aprobación del resto del paquete sobre una batalla que no se podía ganar. Un año después, en el ciclo legislativo de 2025, el Congreso solo logró suspender las PASO para un turno electoral específico, lo que equivale a un parche temporal más que a una solución permanente. Ese antecedente refleja la dificultad estructural de construir consensos alrededor de cambios al régimen electoral, un tema particularmente sensible para las provincias porque afecta directamente sus posibilidades de negociación política interna.

La estrategia de Bullrich: flexibilidad táctica versus rigidez doctrinaria

Lo que caracteriza el accionar de Bullrich en esta coyuntura es una metodología que prioriza la fragmentación estratégica del tratamiento legislativo cuando es necesario. Su entorno cercano ha explicitado que "necesitamos aprobar los proyectos, y para juntar los votos a veces hay que modificarlos y consensuarlos con los aliados". Esta declaración contiene una admisión: la Casa Rosada está dispuesta a sacrificar la pureza de su propuesta original si ello permite avanzar en legislación. La decisión de Bullrich de reapertura de la comisión que preside Agustín Coto, senador fueguino, respalda esta interpretación. Coto retomará el cuarto intermedio que su comisión decretó el 13 de mayo, cuando se presentó originalmente el proyecto. En aquel encuentro, los bloques de la UCR y el PRO solicitaron discutir por separado el capítulo de Ficha Limpia, que modifica la Ley de Partidos Políticos para impedir que condenados por delitos dolosos en segunda instancia participen como candidatos. El Gobierno inicial se resistió a esta segmentación, insistiendo en que el paquete debía tratarse de manera integral tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. Pero la presión legislativa y la amenaza de la moción de Terenzi obligaron a un replanteamiento.

La presencia en aquel primer encuentro de Giselle Castelnuovo, diputada nacional que se desempeñó como exsubsecretaria de Asuntos Políticos con responsabilidad sobre cuestiones electorales y que responde políticamente a Karina Milei y a Eduardo Lule Menem, añade una capa de complejidad. Estas conexiones revelan que las negociaciones legislativas tienen múltiples canales y que la Presidencia participa activamente en los detalles del proceso parlamentario. Cuando Bullrich afirmó ante la prensa que "vamos a avanzar con las cuestiones técnicas del proyecto", estaba anunciando que los ajustes vendrían más por la redacción y los alcances que por la convicción de los aliados. Coto aún no ha definido si habrá invitados para explicar las iniciativas, aunque ha dejado abierta esa posibilidad. Lo que sí está claro es que la comisión ampliará el espacio de discusión para abarcar todos los proyectos vinculados a cambios electorales, no solo la reforma enviada por el Ejecutivo.

La incertidumbre como reflejo de una coalición frágil

La propia Bullrich resumió el estado actual de las negociaciones con una frase reveladora: "Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos". Esa incertidumbre no es casual ni refleja falta de información de parte de la ministra coordinadora; expresa más bien la realidad política de una coalición donde los intereses de los gobiernos provinciales divergen significativamente de los de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza semanalmente la Mesa Política en Balcarce 50, donde se coordinan las acciones legislativas junto con Karina Milei. A pesar de esos esfuerzos sostenidos de coordinación, las reuniones constantes con gobernadores no han producido una convergencia suficiente. Los gobernadores cuentan con una palanca de influencia decisiva: su capacidad de dirección de los senadores aliados. Un mandatario provincial que se opone a la supresión de las PASO tiene pocos incentivos para permitir que "su" senador vote a favor si ello afecta su gobernanza local.

El PRO y la UCR han reiterado públicamente en "numerosas oportunidades" que no aceptarán la eliminación de las elecciones primarias. Esta unanimidad discursiva, incluso en el interior del bloque radical, sugiere que no se trata de posiciones negociables a cambio de concesiones menores. Para estos partidos, las PASO representan un instrumento que permite ciertos equilibrios internos y una competencia controlada que favorece a las estructuras tradicionales. Su supresión implicaría un cambio de las reglas del juego que podría beneficiar a estructuras políticas emergentes o a candidatos con capacidad de movilización directa, en detrimento de las organizaciones consolidadas. Por eso la propuesta radical de hacer las PASO optativas, presentada por Vischi, constituye un punto de llegada posible: preserva el mecanismo pero retira la obligatoriedad que lo hace universal.

El contexto más amplio: reforma política como agenda presidencial para la reelección

Desde la perspectiva de la Casa Rosada, la reforma política adquiere una dimensión que trasciende lo técnico. El Gobierno concentra sus esfuerzos legislativos en varias iniciativas de envergadura que se tramitan principalmente en el Senado: el super-RIGI —régimen de inversiones con beneficios fiscales extraordinarios—, cambios a la Ley de Biocombustibles, reforma de la Ley General de Sociedades, y en los próximos días la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central junto con modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal ya sancionadas por Diputados. Sin embargo, entre todos estos proyectos, la reforma electoral ocupa un lugar privilegiado en la agenda porque conecta directamente con la viabilidad política de la reelección presidencial. Un presidente que puede modificar las reglas electorales a su favor, o al menos influir en ellas, amplía sus posibilidades electorales futuras. Por eso la Mesa Política semanal que articula a Karina Milei y Santilli le dedica tanta atención, pese a que los gobernadores aún no han dado luz verde a la estrategia del Ejecutivo.

La expectativa anunciada es que en septiembre se reanude el debate con un tratamiento que combina Ficha Limpia y PASO en una única sesión. Pero la metodología específica aún se define, y la posibilidad de que se legislen por separado está claramente contemplada. Bullrich ya ha demostrado que está dispuesta a hacer este sacrificio si es necesario para obtener victorias parciales. Esta aproximación pragmática contrasta con la retórica inicial del Gobierno, que presentaba la reforma como un paquete indivisible. La realidad de los números en el Senado impone sus propias leyes, más rígidas que cualquier argumento político.

Proyecciones e incertidumbres que rodean el devenir legislativo

¿Qué podría ocurrir en los próximos meses? Existen múltiples escenarios posibles. Uno optimista para el Ejecutivo contempla la aprobación de Ficha Limpia con apoyo de aliados, una medida que el PRO impulsa hace años y que podría obtener respaldo más allá de las bancadas gubernamentales. Simultáneamente, las PASO podrían ser suspendidas nuevamente de manera temporal, ganando tiempo sin cerrar el debate. Un segundo escenario vería la fragmentación definitiva: Ficha Limpia se aprueba, pero las PASO permanecen, eventualmente en la versión optativa que propone la UCR. Un tercer escenario, el más complicado para la Casa Rosada, implica que ambos proyectos quedan estancados sin alcanzar mayorías, lo que reproduciría el patrón de 2024. Cada resultado tendría implicaciones distintas para la gobernabilidad legislativa del Ejecutivo durante lo que resta de su mandato y para sus posibilidades electorales futuras. La incertidumbre que rodea estos desenlaces refleja que estamos frente a un momento donde la política institucional aún define los términos de la competencia, y esos términos siguen siendo objeto de disputa entre actores con pesos relativos significativos pero con capacidades de veto mutuo.