A solo días de una nueva sesión parlamentaria, la cúpula del oficialismo selló los términos de una batalla legislativa que lleva semanas convulsionando los pasillos del Congreso. Patricia Bullrich, quien comanda la bancada gobernante en la Cámara Alta, y Federico Sturzenegger, ministro responsable de la cartera de Desregulación, protagonizaron el jueves un encuentro estratégico a puertas cerradas que buscaba despejar el camino para que un proyecto sobre derechos de propiedad avance sin mayores tropiezos. La cita duró casi dos horas —entre las 16 y las 17.40— y representó un punto de inflexión en una negociación que acumula al menos 15 versiones diferentes del texto y tres postergaciones consecutivas desde que el proyecto ingresó en deliberación legislativa.
Lo que estaba en juego iba mucho más allá de cuestiones técnicas o detalles menores. El proyecto en cuestión propone una transformación radical en la regulación de compraventa de tierras rurales en territorio argentino, eliminando restricciones que han permanecido vigentes durante décadas. Según la normativa actual, ningún inversor extranjero puede poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Además, existe una limitación por nacionalidad del 30% del cupo total, y ningún titular extranjero individual puede acumular más de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno propone desmantelar casi completamente estos cercos, dejando únicamente una prohibición específica para Estados extranjeros y sus organismos dependientes, con excepciones que podría autorizar el Poder Ejecutivo según criterios de seguridad nacional.
El punto de quiebre y la negociación en la sombra
La tensión había alcanzado un pico la semana anterior cuando la falta de consenso obligó a Bullrich a solicitar un cuarto intermedio durante una sesión programada, suspendiendo momentáneamente la discusión. Ese gesto, aunque formal en apariencia, reflejaba grietas profundas dentro de la propia coalición gobernante. Los legisladores aliados presentaban objeciones en múltiples frentes: algunos se preocupaban por cuestiones de soberanía territorial, otros argumentaban sobre el rol que deberían jugar las provincias en la autorización de ventas de tierras a inversores foráneos, y varios más cuestionaban si el Estado nacional mantendría control suficiente sobre áreas consideradas estratégicas para la defensa o la seguridad del país.
En particular, el capítulo sobre modificaciones a la Ley de Tierras Rurales había generado la mayor cantidad de ruido político y mediático. Los bloques aliados manifestaban inquietudes sustanciales respecto a cómo implementar la apertura sin comprometer intereses que consideraban vitales. Fue en ese contexto donde Bullrich y Sturzenegger decidieron convocar a una reunión de carácter resolutivo. Junto a ellos participaron María Ibarzabal Murphy, secretaria de Legal y Técnica del Estado, Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, y los equipos de Agustín Coto y Nadia Márquez, quienes presiden las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General respectivamente. Esta composición de participantes indicaba una intención de validar cualquier decisión tanto desde lo jurídico como desde lo legislativo.
La salida: mantener lo acordado y evitar nuevas turbulencias
Lo que emergió de esa sesión cerrada fue una decisión que varios analistas dentro del círculo oficialista describieron como táctica parlamentaria: el Gobierno definió no introducir cambios sustanciales al dictamen que ya había sido consensuado previamente en comisiones con sus socios políticos. Fuentes consultadas que participaban de las negociaciones expresaron que "entendieron la dinámica parlamentaria, que hay un momento donde no se puede tocar más una ley". Otro funcionario del oficialismo fue aún más explícito: "No hay cambios reales. Sí de redacción, una coma más, una letra menos, pero nada más que eso". Esta aproximación evidencia una estrategia de contención: en lugar de profundizar las transformaciones, se optó por congelar el texto en su versión negociada para evitar que nuevas fricciones lo descarrilen nuevamente.
Al abandonar la Cámara Alta tras la reunión, Bullrich proyectó un discurso de confianza calculada. Afirmó que "el oficialismo estaba tranquilo" y que habían elaborado "una buena ley, con aporte de todos". Destacó que en el proceso de elaboración del proyecto habían participado gobernadores y senadores de diversas provincias, lo que sugería una construcción con participación territorial. Sobre el piso de sus expectativas, declaró con convicción que "creemos que va a salir". Respecto a las garantías de soberanía, la senadora porteña enfatizó de manera reiterada que un Estado extranjero "no pueda de ninguna manera comprar un milímetro de tierra argentina" y que "la soberanía está absolutamente resguardada".
Sin embargo, cuando se le preguntó si el texto final incorporaría limitaciones específicas a la compra de tierras por parte de inversores extranjeros —personas naturales o sociedades—, Bullrich fue clara en su negativa. Argumentó que la Constitución Nacional otorga a los extranjeros los mismos derechos y responsabilidades que a los ciudadanos argentinos en materia de propiedad. Para ilustrar su postura, utilizó un ejemplo que refleja la amplitud de derechos que considera constitucional: "Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas". Este razonamiento trasunta una filosofía de mercado sin restricciones discriminatorias basadas en nacionalidad, aunque mantiene la excepción para actores estatales extranjeros.
El rol de las provincias en la nueva arquitectura
Un aspecto que continuaba siendo objeto de debate en los bastidores era precisamente el rol que ejercerían las provincias bajo el nuevo régimen. El dictamen que finalmente se aprobó en comisión otorgó a los gobernadores la facultad para autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción. Esta delegación de poder representaba una concesión a los gobiernos locales, pero permanecía sin resolverse completamente si esa facultad era exhaustiva o si el Estado nacional mantendría instrumentos de control sobre territorios estratégicos. La sesión prevista para el 6 de agosto constituiría el espacio donde estas definiciones se cristalizarían legislativamente, siempre que no surgieran nuevas objeciones durante el debate en plenario.
La carrera contrarreloj que caracterizó el proceso de este proyecto refleja las complejidades inherentes a cualquier reforma que toque dimensiones como la propiedad territorial, la soberanía nacional y el federalismo. Argentina cuenta con una larga historia de tensiones entre gobiernos centrales y gobiernos provinciales respecto a quién posee la autoridad sobre recursos naturales y tierras. La propuesta actual intenta resolver esa tensión distribuyendo competencias, pero la prueba de fuego será si esa distribución logra satisfacer tanto a los reformistas desreguladoras como a quienes advierten riesgos en la apertura sin límites. Las próximas semanas determinarán si la estrategia de congelar el texto y avanzar sin nuevas variables logra consolidar una mayoría estable, o si emergen nuevas objeciones que vuelvan a posponer una decisión que el oficialismo considera fundamental para su agenda de transformación institucional.
