La captura que cierra un capítulo de la crisis política local

El caso de una exfuncionaria municipal que operaba una estructura de distribución de drogas desde su cargo público terminó este jueves con su captura en el partido de Merlo, luego de permanecer en la clandestinidad durante más de dos meses. Lo significativo no es solo la detención en sí, sino lo que representa: el colapso de una red que había logrado operar desde adentro de la administración local, utilizando recursos estatales y una posición de confianza para desarrollar actividades ilícitas. El hallazgo de cocaína, una balanza digital y dinero en efectivo en el momento del operativo indica que no se trataba de un consumo personal, sino de una estructura con cierta complejidad logística. Este tipo de infiltración en organismos públicos es lo que genera mayor perturbación en la institucionalidad municipal, porque cuestiona los mecanismos de selección y control que debería ejercer cualquier gobierno.

Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, desempeñaba funciones como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón, un cargo que le daba acceso a espacios, información y contactos dentro de la estructura administrativa. Su caso adquirió dimensión pública a finales de mayo, cuando un allanamiento en su domicilio de Castelar reveló medio kilo de cocaína, 70 gramos adicionales en una bolsa separada y 15 gramos más distribuidos en tres envoltorios. Los investigadores secuestraron también una balanza digital y efectivo. Estos hallazgos evidenciaban que estábamos ante una actividad de distribución organizada, no ante posesión ocasional. El intendente Lucas Ghi, del Movimiento Derecho al Futuro vinculado al gobernador Axel Kicillof, procedió a desplazarla de su puesto inmediatamente después de conocerse el resultado del procedimiento policial.

La fuga, la búsqueda y el cierre del sitio

Después del allanamiento de mayo, Ortigoza desapareció. Durante más de sesenta días permaneció sin ser ubicada por las autoridades, lo que generó una búsqueda intensiva del Juzgado de Garantías 1 de Morón. Las acusaciones en su contra incluían tenencia ilegítima de estupefacientes con propósito de comercialización en dosis fraccionadas y tenencia ilegal de arma de fuego. La fuga en sí constituía un indicador adicional de que no era un caso menor dentro de la estructura judicial. El aparato de búsqueda se activó en distintos municipios del conurbano, considerando que alguien en situación de prófugo tiende a movilizarse por zonas donde pueda contar con redes de contención o donde la identificación resulte más dificultosa.

La División de Capturas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró ubicarla este jueves en el partido vecino de Merlo, específicamente sobre la calle José Miró al 1900. El operativo fue dirigido por efectivos especializados en tareas de búsqueda y aprehensión. En el momento de la captura, nuevamente se secuestró material incriminador: veinte envoltorios con sustancia que será sometida a análisis pericial, probablemente cocaína, una balanza y dinero en efectivo. El hecho de que en el segundo secuestro aparezcan nuevamente estos elementos sugiere que Ortigoza continuaba con la actividad delictiva durante su tiempo en fuga, o que al menos mantenía la infraestructura de distribución intacta.

La red más amplia y las transacciones virtuales

Lo que trasciende del expediente es que Ortigoza no actuaba sola. La investigación alcanza a seis personas más involucradas en la estructura. Uno de los detenidos en la causa declaró ante la autoridad judicial que adquirió drogas de la exfuncionaria en al menos dos o tres ocasiones distintas. Lo notable es que las transacciones se realizaban mediante plataformas virtuales de transferencia, un método que moderniza la operatoria tradicional del narcotráfico callejero. Esta modalidad, cada vez más frecuente en bandas de distribución media, dificulta la investigación porque deja rastros digitales menos evidentes que el intercambio físico de dinero, aunque sigue siendo rastreable con las herramientas forenses adecuadas. El uso de tecnología financiera para blanquear operaciones delictivas es un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años, transformando la forma en que funcionan estas redes.

El intendente Ghi expresó sentirse "profundamente decepcionado" por el accionar de la funcionaria y manifestó que todos los recursos disponibles serían aportados para que avance la investigación y que "todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia". Esta declaración refleja la necesidad política de marcar distancia respecto del caso y de demostrar que la administración municipal no toleraría ni encubriría este tipo de conductas. Sin embargo, el hecho de que alguien en ese cargo hubiera podido desarrollar estas actividades durante un tiempo sin ser detectado plantea interrogantes sobre los sistemas de control interno que funcionan en esos organismos.

Implicancias y perspectivas futuras

La captura de Ortigoza y la continuidad de la investigación sobre los seis involucrados abrirán distintas líneas de indagación. Por un lado, está el interrogante sobre cómo logró acceder a ese puesto público sin que mecanismos de verificación detectaran antecedentes o indicadores de riesgo. Por otro, la investigación deberá establecer si había otros funcionarios municipales que tuvieran conocimiento de estas actividades o que participaran indirectamente de ellas. La red de distribución que operaba utilizando canales virtuales también requerirá ser desmantelada en su totalidad: proveedores, distribuidores intermedios, y los canales de comercialización final. El acceso a registros bancarios y de plataformas de pago será crucial para rastrear la dimensión real de la operación y los montos involucrados. A nivel institucional, municipalidades de toda la provincia posiblemente revisarán sus protocolos de selección y supervisión de personal, buscando evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. La judicatura, por su parte, enfrentará un expediente complejo que involucrará pruebas digitales, testimonios de testigos y la materialidad de los secuestros realizados en dos oportunidades distintas.