Las últimas semanas han arrastrado a la administración de Javier Milei hacia aguas turbulentas. Mientras las turbulencias institucionales agitan el escenario político nacional, el ministro de Economía Luis Caputo y el vicepresidente Cristian Santilli se movilizan en el territorio, navegando entre reclamos de financiamiento de las provincias y la necesidad imperiosa de contener una crisis que amenaza con erosionar la legitimidad del Ejecutivo. El núcleo duro del oficialismo ha optado por una estrategia de fortalecimiento de alianzas regionales, consciente de que sin los gobernadores no hay gobernabilidad posible. Es en este contexto que cobra dimensión lo ocurrido en los últimos días: el bloqueo de una sesión interpeladora en Diputados, la suspensión del informe de gestión en el Senado, y los movimientos simultáneos de otros actores políticos que buscan aprovechar las fracturas del gobierno.
La arquitectura del blindaje parlamentario
Los números nunca mienten en la política legislativa. Cuando la oposición convocó a sesión ordinaria en Diputados para establecer fechas de análisis sobre la interpelación del jefe de Gabinete Manuel Adorni, el resultado fue contundente: faltaron 12 diputados para alcanzar el quórum de 129 votos necesario. La bancada oficialista, junto con sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical, orquestaron una ausencia coordinada que tumbó cualquier intento de avanzar con el trámite. Esto no fue casualidad, sino resultado de acuerdos previos sellados entre despachos. Los críticos más duros no tardaron en señalar esta maniobra: legisladores de la oposición como Pablo Juliano denunciaron que 117 diputados insistían en cuestionar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, pero el bloque radical "oficial" y el PRO paralizaron el proceso. Las acusaciones volaron rápidas. ¿Cuál es el cálculo de estos aliados? Especulaciones electorales para la próxima contienda, sugieren algunos. Lo cierto es que Adorni ganó tiempo, aunque el precio de esa victoria legislativa haya sido alto en términos de credibilidad pública.
La estrategia se replicó en el Senado. Allí, la jefa de la bancada oficial Patricia Bullrich solicitó directamente a Adorni que no concurriera a brindar su informe de gestión constitucional previsto para principios de julio. "Es un desgaste sin sentido", fue su expresión pública, aunque en privado circulaban interpretaciones más oscuras: evitar que la oposición tuviera una tribuna para cuestionamientos duros. Sin embargo, el jefe de Gabinete tenía otros planes. Con un tono desafiante, Adorni anunció a través de redes sociales que estaba "a disposición" para presentarse según marca la Constitución Nacional. El mensaje era claro: no se dejaría presionar, aunque luego la sesión fuera suspendida de todas formas. Esta tensión entre Adorni y Bullrich revela una grieta incómoda en la coalición gobernante: el PRO protege al funcionario porque necesita mantener la estabilidad del Gobierno, pero al mismo tiempo busca diferenciarse con gestos que la distancian de los errores ajenos. Un equilibrio frágil.
El despliegue territorial y los reclamos provinciales
Mientras el Congreso se convulsionaba, Caputo y Santilli realizaban tareas de consolidación política en territorio. La lógica es antigua: cuando la capital tiembla, hay que reforzar los lazos con quienes manejan recursos y votos en las provincias. Los gobernadores aliados constituyen un tablero crucial para la gobernabilidad. Caputo, especialmente, carga con el peso de ser quien debe responder reclamos sobre transferencias de fondos, coparticipación y presupuesto. Los encuentros que mantuvieron funcionarios de alto nivel con mandatarios provinciales no fueron eventos menores, sino operaciones de contención política. Detrás de cada reunión hay quid pro quos implícitos: apoyo legislativo a cambio de recursos, o permanencia en alianza a cambio de flexibilidad en negociaciones presupuestarias. El Gobierno de Milei ha concentrado poder en el Ejecutivo nacional, pero sigue siendo rehén de la fragmentación territorial. Sin gobernar las provincias, no es posible controlar los votos que llegan a Diputados.
Este escenario adquiere aún mayor relevancia considerando que el Gobierno impulsa un cambio electoral de fondo: la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, las legendarias PASO. Si esa reforma prospera, modificaría radicalmente la dinámica de las competencias internas partidarias, fortaleciendo a los aparatos y a los afiliados frente a los votantes en general. Es en este contexto que cobra sentido la campaña de afiliación masiva impulsada por el gobernador Axel Kicillof en el Partido Justicialista bonaerense. Con 1.152.203 afiliados registrados pero una edad promedio cercana a los 60 años, la estructura peronista busca rejuvenecerse y ampliar su base de cara a cambios regimentales que favorecerían a quien tenga más gente inscrita en las filas partidarias. La pelea no es solo por cargos hoy, sino por la arquitectura que regirá las competencias electorales del mañana.
Las grietas que se profundizan en el peronismo
Mientras el oficialismo teje alianzas, el peronismo bonaerense experimenta sus propios conflictos internos de alcance considerable. El círculo cercano a Kicillof insiste en mantener un "contacto indirecto" con Cristina Kirchner, un eufemismo incómodo que revela tensiones sobre cómo se posiciona la exmandataria en la estructura política actual. Máximo Kirchner, durante un acto en el Parque Lezama, cuestionó duramente a quienes proclaman unidad pero ni siquiera se acercaban a visitar a la expresidenta en San José de Costa Rica. El reclamo contiene varias capas: primero, la acusación de hipocresía a sectores que hablan de cohesión sin actuar; segundo, una demanda implícita de que el Gobierno bonaerense se muestre más próximo a la figura de Cristina; y tercero, una crítica a quienes cuestionaron la conducción de la expresidenta una vez que enfrentó procesos judiciales. Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial y mano derecha de Kicillof, salió a responder en radio que efectivamente hay comunicación con Cristina a través de "distintos contactos", y que el gobernador la visitó hace poco más de un año. Pero inmediatamente trasladó el tema: el verdadero enemigo no es Cristina ni es Axel, sino Milei. Es la fórmula para contener internamente: redirigir las críticas hacia el adversario exterior común.
Esta disputa peronista ocurre mientras otros actores judiciales continúan moviendo fichas. Lázaro Báez, el empresario cercano al kirchnerismo acusado de enriquecimiento ilícito durante los gobiernos de Cristina Kirchner, sigue alojado en el penal de Ezeiza tras ver rechazado por segunda vez su pedido de arresto domiciliario. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 consideró que sus dolencias crónicas —hipertensión, diabetes tipo 2, EPOC, obesidad leve y adenoma de colon con displasia de alto grado— se encuentran estables y bajo tratamiento, condiciones que permiten su permanencia en detención. El caso Báez es otro de los hilos que conecta el pasado con el presente, recordando constantemente a la coalición peronista que existen deudas judiciales pendientes.
Los datos económicos como munición política
En medio de la crisis institucional, el Gobierno encontró un elemento para respirar: la información macroeconómica. Caputo comunicó que en el primer trimestre de 2025, el Producto Bruto Interno creció 0,7 por ciento trimestral desestacionalizado y 2,3 por ciento interanual, alcanzando un "nuevo máximo histórico" tanto en series desestacionalizadas como en indicadores de tendencia-ciclo. Se trata del octavo trimestre consecutivo de expansión, según subrayó el ministro. Además, el consumo privado también habría registrado máximos históricos. El crecimiento se distribuyó con "alta difusión", con 12 de los 16 sectores de actividad mostrando expansión respecto al mismo período del año anterior. Milei, eufórico, compartió los datos con el hashtag MAGA (Make Argentina Great Again) y su consabido VLLC. Los números económicos son el oxígeno del Gobierno libertario. Cuando la política se convulsiona, los funcionarios se aferraban a las métricas que muestren gestión exitosa. Pero hay un matiz: estos son datos de crecimiento, no necesariamente de recuperación hacia los niveles pre-crisis o de mejora sustancial en la calidad de vida. Un crecimiento de 2,3 por ciento interanual, después de una caída muy profunda, es recuperación técnica más que expansión robusta. De todas formas, para un Gobierno acosado, son munición política valiosa.
Otros movimientos en el tablero político-judicial
Por otra parte, el escándalo que involucra a Jésica Cirio, funcionaria que fue filmada exhibiendo fajos de dólares en efectivo, tiene sus propias derivaciones. El empresario Elías Piccirillo, investigado por presuntamente haber plantado drogas y un arma a su exsocio Francisco Hauque, solicitó a través de su abogado que se intimen a la Policía Federal Argentina para que envíe de inmediato el acta y elementos probatorios de la reconstrucción de hechos realizada en Puerto Madero el 10 de junio. Es el clásico movimiento defensivo en una causa: acelerar procesos formales, cuestionar procedimientos, buscar grietas en la investigación. Estos movimientos judiciales ocurren en paralelo a los procesos políticos, recordando que la corrupción y el enriquecimiento ilícito no son cargos formulados únicamente contra cuadros del Gobierno anterior, sino que también tocan al actual.
En otro orden de cosas, el exministro de Planificación Julio de Vido fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional en la causa que investigaba la ampliación de dos gasoductos adjudicados en 2006 y 2008 a la constructora brasileña Odebrecht SA. La sentencia resuena como recordatorio de que los procesos de corrupción con raigambre en gobiernos anteriores continúan seu curso judicial, independientemente de cambios en la administración. La Justicia sigue su marcha, aunque a ritmo lento.
Hacia dónde van los tiros: perspectivas divergentes
Las dinámicas aquí retratadas permiten varias interpretaciones sobre lo que viene. Para algunos analistas, el Gobierno ha logrado lo más importante en el corto plazo: contener la interpelación a Adorni, evitar que se convierta en una tribuna de cuestionamiento permanente, y mantener la gobernabilidad legislativa a costa de algunos acuerdos incómodos con sus aliados. La obtención de datos económicos positivos, aunque sea de recuperación técnica, le permite cambiar de narrativa y presionar hacia adelante con su agenda. Los encuentros de Caputo y Santilli con gobernadores refuerzan la idea de que la administración sigue controlando los hilos de la coalición gobernante y que puede seguir operando sin grandes fracturas institucionales. Desde esta perspectiva, se trata de una gestión de crisis exitosa, mediante el uso de alianzas, procedimientos parlamentarios y mensajes económicos.
Pero hay otras lecturas posibles. El blindaje a Adorni, conseguido mediante ausencias coordinadas en el Congreso, genera un deuda política que eventualmente habrá que pagar. El PRO y la UCR "oficial" pueden terminar pidiendo contrapartidas que debiliten la capacidad de decisión del Gobierno. Además, la suspensión de la sesión de informe en el Senado, aunque evitó un desgaste inmediato, no resuelve la pregunta de fondo: ¿puede un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito seguir en su cargo sin que ello erosione la legitimidad institucional? El Gobierno parecería estar apostando a que sí, siempre que controle el calendario parlamentario. Sin embargo, cada bloqueo legislativo, cada sesión caída, refuerza la percepción opositora de que el oficialismo usa procedimientos dilatorios para proteger a sus cuadros. En términos de gobernanza democrática, eso tiene un costo que no siempre se mide en votos inmediatos, sino en la acumulación de hartazgo institucional.
Respecto a las alianzas provinciales, estas también contienen fricciones latentes. Los gobernadores aprueban encuentros con Caputo porque necesitan fondos, pero ello no significa lealtad automática en votos legislativos futuros. El peronismo bonaerense, particularmente, sigue tensionado entre su pretensión de ser oposición pero también de gobernar una provincia que depende de transferencias nacionales. Este dilema será particularmente agudo de cara a la reforma de las PASO: si el Gobierno logra eliminarlas, los aparatos partidarios ganarán poder y los gobernadores peronistas tendrán más capacidad para definir candidaturas a su gusto, pero también significará que el Gobierno nacional tiene menos control sobre cómo se estructuran las competencias electorales en provincias de signo político distinto.
Por último, la pregunta más amplia: ¿puede el Gobierno seguir gobernando con un jefe de Gabinete cuestionado? La historia argentina ofrece precedentes de funcionarios que permanecieron en sus cargos bajo investigación, así como también de otros que fueron removidos por presiones políticas o judiciales. Lo que ocurra con Adorni en los próximos meses —ya sea su continuidad, su renuncia forzada, o su vindicación política mediante un fallo judicial favorable— marcará un punto de inflexión en cómo se entiende la relación entre investigación judicial, presión política y gobernabilidad en esta administración. Los movimientos actuales sugieren que el Gobierno optará por mantenerlo mientras pueda controlar el calendario legislativo, pero eso dependerá de que las alianzas se mantengan firmes y de que la erosión política no alcance un punto de no retorno. En política, como se sabe, nada es para siempre.
