El entramado de intereses que rodea la investigación por la propiedad de una estancia en Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino volvió a tensionarse cuando Elisa Carrió, máxima referente de la Coalición Cívica y autora de la denuncia original, presentó un escrito formal cuestionando la permanencia de uno de los magistrados convocados a decidir sobre el destino del expediente. La maniobra judicial marca un nuevo capítulo en una causa que desde sus inicios ha estado atravesada por sospechas sobre la independencia de quienes deben juzgarla. Lo que suceda en los próximos días podría determinar si la investigación permanece en manos de la Cámara de Casación o regresa a jurisdicciones anteriores, un debate que trasciende lo meramente procesal para cuestionar la credibilidad del sistema judicial frente a posibles maniobras de los investigados.
La solicitud y sus argumentos: cuestionar la distancia necesaria
Carrió dirigió su pedido específicamente contra Diego Barroetaveña, uno de los tres camaristas que integran la sala que debe resolver el futuro jurisdiccional del caso. En su presentación, la dirigente opositora argumenta que existen "circunstancias objetivas capaces de generar una duda razonable acerca de la apariencia de imparcialidad que debe rodear la actuación de todo tribunal". El punto nodal de su impugnación radica en que Barroetaveña ocupó la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA hasta finales del año pasado, un cargo que ostentaba desde diciembre de 2021, cuando comenzó como vicepresidente antes de ascender al máximo rango de esa estructura interna de la entidad futbolística.
No se trata de una vinculación casual ni de aquellas que surgen del contacto social habitual. Según documentan los escritos presentados ante los tribunales, Barroetaveña participó activamente en expedientes internos de la AFA que llevaban como objeto al actual titular de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia. En particular, integró la sala que debatió un asunto identificado como "Claudio Tapia s/PEP", donde se evaluaba si el dirigente futbolista debía ser catalogado como una persona políticamente expuesta. Esta intervención directa en procedimientos disciplinarios relacionados con quien hoy encabeza la AFA genera, desde la perspectiva de Carrió y sus abogados, un conflicto que no puede soslayarse con la sola invocación de que se trata de cargos formales distintos. El tiempo transcurrido entre su salida de esa posición y su actual intervención como camarista no logra, en la visión de los recusadores, establecer una distancia institucional suficiente.
Contexto procesal: una batalla sobre jurisdicciones que avanza rápido
La causa por la adquisición de la propiedad denominada estancia Villa Rosa ha transitado un camino accidentado a través del aparato judicial. Luciano Pantano, un monotributista, y su madre Ana Conte, jubilada, figuran como propietarios formales del inmueble, aunque sus perfiles patrimoniales no guardan proporción con el valor del terreno que aparentemente adquirieron en 2024 bajo la estructura de la sociedad Real Central S.R.L. Los datos sobre su capacidad económica han levantado sospechas sobre quién se encontraría detrás de esta operación, alimentando las hipótesis de testaferrismo que motivaron la denuncia inicial.
La competencia para investigar este asunto ha sido objeto de un tira y afloja constante. En un primer momento, el juzgado de Adrián González Charvay en Campana retuvo el caso, lo cual beneficiaba los intereses de los investigados. Luego, la Cámara en lo Penal Económico revirtió esa decisión y trasladó la investigación a su fuero, modificando las reglas del juego. Finalmente, la Cámara de Casación habilitó una nueva revisión, permitiendo que el expediente volviera a debatirse en instancias superiores. Esa decisión de la Casación fue votada por Mariano Borinsky y Barroetaveña, dos de los tres camaristas que ahora deben pronunciarse sobre si el caso permanece bajo su control o si regresa a instancias inferiores. La audiencia determinante está agendada para este miércoles a las 11.30 en Comodoro Py, y se rumorea que la resolución sobre la recusación podría conocerse horas antes de ese encuentro.
Las pruebas de la vinculación y los pedidos subsidiarios
La presentación de Carrió no se limita a cuestionar la permanencia de Barroetaveña. Solicita, en forma subsidiaria, que en caso de que su recusación sea rechazada, se le corra vista al fiscal Mario Villar, quien oficia en la Casación, para que emita su posición respecto de la participación del magistrado en el expediente. Pero hay más: la dirigente demanda que se requiera la elaboración de un informe específico sobre Barroetaveña acerca de su eventual "presencia en actividades sociales en la estancia de Villa Rosa" durante el período en que la sociedad Real Central S.R.L. ha tenido la propiedad del inmueble. Este pedido apunta a investigar si el juez ha mantenido algún contacto directo o indirecto con los involucrados en la causa, más allá de sus responsabilidades formales en órganos de ética futbolística.
La solicitud de Carrió también recupera un antecedente que cimbró toda la estructura de confianza en la causa meses atrás. A principios de año, trascendió que Carlos "Coco" Mahiques, quien integra también la Cámara de Casación y es padre del actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, había celebrado uno de sus cumpleaños en la misma estancia que hoy se investiga. A esa celebración habrían asistido otros magistrados del Poder Judicial. El escándalo fue tan significativo que Mahiques decidió renunciar a la subrogancia que ejercía en su sala, evitando así emitir voto en cualquier cuestión relacionada con la quinta. Sin embargo, el juez nunca aclaró públicamente el grado de su vinculación con los propietarios formales o con quienes pudieran estar detrás de la operación; simplemente argumentó que su apartamiento obedecía a la acumulación de trabajo en su vocalía. Ese episodio dejó instalada en el imaginario público la preocupación de que los investigados contaban con capacidad para acceder a espacios y círculos próximos a órganos del Estado encargados de procesarlos.
El timing de la presentación y sus implicancias estratégicas
El envío del escrito solicitando la recusación llegó a la Cámara de Casación apenas 24 horas antes de la audiencia que podría resultar definitoria para el rumbo procesal de toda la causa. Esto no es un dato menor. Los tiempos en la litigancia tienen significado; pueden reflejar estrategias procesales, urgencias, o cambios en las líneas de pensamiento sobre cómo proceder. El hecho de que Carrió haya esperado hasta este momento para formalizar sus cuestionamientos sobre Barroetaveña, cuando ya estaba todo prácticamente preparado para la audiencia, sugiere que los abogados de la Coalición Cívica evaluaron con precisión cuándo activar este movimiento táctico. La expectativa, según lo que circula entre los operadores judicales, es que la Cámara resuelva sobre la recusación en la mañana del miércoles, antes de que den comienzo los argumentos orales sobre competencia jurisdiccional.
En términos de la batalla estratégica, el pedido de Carrió busca limpiar el tribunal de lo que ella considera obstáculos para una evaluación imparcial. Si la recusación prospera, Barroetaveña quedaría apartado y la decisión recaería únicamente en Borinsky y Slokar, alterando la composición del órgano decisor. Si fracasa, el panorama se mantiene tal como está. En ambos escenarios, la Casación deberá decidir si mantiene el caso en su fuero o lo devuelve a jurisdicciones inferiores, pero la legitimidad de esa decisión estaría condicionada por cómo resuelva el incidente de recusación.
La pregunta de fondo: ¿Quién garantiza la imparcialidad cuando los jueces tienen historiales?
Más allá de los movimientos tácticos y los expedientes que circulan por Comodoro Py, subyace una pregunta que cuestiona los cimientos de cualquier investigación judicial: ¿hasta qué punto las vinculaciones previas de un magistrado con instituciones o personas relacionadas con investigados pueden comprometer su capacidad para juzgar con independencia? La jurisprudencia argentina contempla figuras como la recusación y la inhibición precisamente porque se reconoce que las circunstancias pueden generar dudas razonables sobre imparcialidad, incluso sin que exista evidencia de corrupción explícita. El desafío que enfrenta la Cámara de Casación consiste en evaluar si la presidencia anterior de Barroetaveña en el Tribunal de Ética de la AFA y su participación en expedientes internos vinculados a Tapia llegan al umbral de "circunstancias objetivas" capaces de justificar su apartamiento, o si se trata de un cuestionamiento que busca manipular procedimientos válidos mediante críticas a los antecedentes profesionales de los magistrados.
Lo cierto es que la sucesión de episodios —la presencia de Mahiques en la estancia, ahora el cuestionamiento a Barroetaveña por sus funciones previas— ha instalado en el debate público una narrativa sobre la fragilidad del sistema judicial frente a intereses poderosos. Cada nuevo movimiento en este litigio parece confirmar, para los críticos, que las estructuras de control están permeadas por vínculos que comprometen su efectividad. Para los defensores de los investigados y del sistema en general, en cambio, se trata de tácticas dilatatorias que buscan contaminar procedimientos legítimos mediante cuestionamientos caprichosos.
Las consecuencias potenciales de lo que suceda en los próximos días
El desenlace de la audiencia de este miércoles y la resolución previa sobre la recusación proyectarán sus sombras sobre varios planos simultáneamente. En lo procesal inmediato, la determinación sobre competencia jurisdiccional fijará el escenario donde continuará la investigación: si permanece en Casación, si retorna a Penal Económico, o si termina finalmente en el juzgado de Campana. Cada opción implica magistrados distintos, ritmos procesales diferentes, y probabilidades diversas de que la causa avance con celeridad o se dilate. En lo institucional, la manera en que se resuelva el incidente de recusación enviará mensajes sobre cuáles son los estándares de exigencia que tienen los tribunales superiores respecto de sus propios miembros: si prevalece una interpretación restrictiva de los motivos de recusación, se mandaría un mensaje de tolerancia con los antecedentes profesionales; si prevalece la expansiva, se subrayaría que las apariencias de parcialidad son tomadas con seriedad. Finalmente, en lo político más amplio, el resultado impactará sobre la percepción pública de si el aparato judicial está efectivamente equipado para investigar a figuras de poder sin que esos poderes logren contaminar los procedimientos, una pregunta que excede con mucho esta causa en particular.
