La puja por la autonomía municipal vuelve a ocupar el centro de la escena política en la provincia de Buenos Aires, esta vez desde un pequeño distrito del sur bonaerense que pone en jaque la arquitectura constitucional vigente hace décadas. Lo que comenzó como un reclamo de descentralización administrativa y mayor capacidad de decisión en asuntos locales ha derivado en un proyecto de reforma institucional que reabre viejas heridas sobre los alcances del poder territorial y, más aún, sobre quién decide hasta dónde llega la autonomía de cada municipio.
El disparador fue la presentación, a mediados de julio, de una iniciativa legislativa en el Concejo Deliberante local que busca sancionar la primera carta orgánica municipal de Castelli, un territorio de apenas 12.000 habitantes donde el mismo intendente gobierna de manera ininterrumpida desde 2011. La propuesta no es meramente administrativa: abre la puerta a que cada municipio bonaerense pueda redactar sus propias reglas electorales, definir límites a las reelecciones y concentrar facultades que actualmente dependen del gobierno provincial en materia sanitaria, tributaria, de seguridad y regulación comercial.
La autonomía municipal como bandera de campaña
Francisco Echarren, intendente de Castelli y miembro del peronismo, argumenta que su propuesta responde a una necesidad histórica: reconocer lo que, según su lectura, ya está inscrito en la Constitución Nacional desde 1994. El artículo 123 de la Carta Magna, sostiene, establece que cada provincia debe garantizar la autonomía municipal, pero la Constitución bonaerense nunca lo reglamentó. Durante la pandemia de Covid-19, recuerda, los municipios terminaron gestionando decisiones que habían sido delegadas sin marco legal: controles de precios, movilidad ciudadana, horarios comerciales, seguridad. Esa experiencia de facto, argumenta, debería convertirse en reconocimiento formal.
La justificación presentada en el proyecto de ordenanza es específica: mientras otras provincias han avanzado en el reconocimiento de la autonomía municipal, Buenos Aires permanece como un caso atípico, ejerciendo un control centralizado sobre sus 135 municipios. Echarren llegó a presentar una acción judicial ante la Corte Suprema en 2019 reclamando precisamente la inconstitucionalidad del ordenamiento bonaerense, aunque la corte rechazó el amparo indicando que debía tramitarse ante la justicia provincial.
El mecanismo propuesto es ingeniero: la creación de una convención constituyente que redacte la carta orgánica local. Esa convención estaría integrada por diez concejales del distrito (ocho de los cuales responden al intendente) más otros diez miembros elegidos por voto popular, probablemente en noviembre de este año. Una vez conformada, tendría entre tres y seis meses para redactar el documento que regularía, entre otras cosas, el sistema electoral municipal, la composición de los cuerpos colegiados y, crucialmente, las posibilidades y limitaciones para la reelección de autoridades.
El fantasma de la reelección indefinida
Es en este punto donde la propuesta se vuelve politizada y enciende alertas en distintos sectores. Aunque el intendente insiste públicamente en que su objetivo no es habilitarse para más mandatos y que, por el contrario, cree que debe haber límites temporales, el artículo 16 del proyecto deja abierta la puerta para que cada municipio establezca su propio régimen electoral sin restricciones explícitas. La redacción es cuidadosa: menciona "un régimen electoral directo para el intendente municipal y los concejales" con "representación proporcional y participación efectiva de minorías", pero no define límites claros.
La Ley de Municipios de Buenos Aires establece actualmente que los intendentes pueden ser reelectos una única vez consecutiva, lo que significa que Echarren se encuentra en su cuarto mandato desde 2011 (siendo el iniciado en 2019 contabilizado como el primero bajo la normativa vigente). Según la legislación bonaerense, ya no podría presentarse nuevamente. Sin embargo, si cada municipio redactara sus propias reglas electorales, esa limitación podría quedar sin efecto en Castelli.
Un diputado provincial de la oposición, Alejandro Rabinovich, interpretó públicamente que Castelli fue elegida como "laboratorio político" para experimentar con una reforma que, más allá de su rótulo de autonomía municipal, buscaría fundamentalmente permitir la perpetuación en el poder. Señaló que la elección de este distrito bonaerense no sería casual: es un bastión histórico peronista donde el mismo intendente gobierna hace más de 14 años y medio, incluso siendo reemplazado interinamente por su propio hermano durante una licencia. Desde esta perspectiva crítica, la autonomía municipal sería una cortina de humo para concentrar poder.
Por su parte, Echarren rebatió esta lectura argumentando que la propuesta busca empoderar a los municipios en general, no específicamente al intendente. Señaló ejemplos concretos: le tomó cuatro años lograr que el Ministerio de Salud provincial habilitara un hogar de ancianos en su jurisdicción, un trámite que podría ser más ágil bajo un régimen municipal autónomo. Insistió en que no todos los municipios bonaerenses tendrían por qué elegir el mismo camino: mientras Castelli podría optar por límites de mandatos, otros distritos más poblados como La Matanza podrían decidir otra cosa. La autonomía, desde esta óptica, sería precisamente la capacidad de cada territorio de elegir sus propias reglas según sus características.
Las grietas en el interior de la oposición local
Dentro del propio Concejo Deliberante castellense, el debate no fue unánime. Malena Massara, concejala de la Unión Cívica Radical, reconoció que la autonomía municipal es efectivamente un derecho consagrado en la Constitución Nacional que Buenos Aires nunca reglamentó formalmente. Destacó que la diversidad de necesidades entre los 135 municipios bonaerenses podría justificar regímenes institucionales diferenciados. Sin embargo, advirtió sobre cómo el proyecto fue estructurado: la mayoría absoluta necesaria para aprobar la convención constituyente fue fijada en once votos en un concejo de veinte miembros, lo que significa que el intendente con sus ocho ediles necesitaría apenas tres votos adicionales para controlar el proceso.
Massara también hizo una predicción sobre los próximos pasos: aunque formalmente la vigencia de una carta orgánica local quedaría subordinada a una reforma de la Constitución provincial (que tampoco ha avanzado en décadas), es probable que una vez sancionada municipalmente, el asunto termine en los tribunales, con argumentos sobre la "voluntad del pueblo" y derechos constitucionales no reconocidos. La judicialización del conflicto federativo no sería un epifenómeno accidental, sino parte de la estrategia institucional.
Antecedentes políticos y alineamientos
Echarren no es un personaje menor en la política bonaerense. Su trayectoria incluye pasantías en gobiernos de distinto signo: entre 2016 y 2017 fue subsecretario de Tierras, Vivienda y Hábitat bajo la gobernadora María Eugenia Vidal (Pro), y entre 2021 y 2022 ocupó el cargo de director de Obras en el Ministerio de Transporte nacional bajo la administración de Alberto Fernández. Actualmente se encuentra en uso de licencia en su rol de intendente. Su alineamiento político lo posiciona como cercano a Axel Kicillof en la interna peronista, particularmente en los choques con el cristinismo.
Este contexto importa porque la propuesta de autonomía municipal no es una iniciativa técnica abstracta, sino que emerge de alguien con capacidad de transitar distintos gobiernos y con poder territorial consolidado. La combinación de ambos factores sugiere que el proyecto tiene respaldos que trascienden lo meramente local y que busca sentar precedentes a nivel provincial.
Las consecuencias posibles de una reforma institucional
Si bien el proyecto de Castelli puede parecer una cuestión de ordenamiento administrativo menor, sus implicancias son profundas y multidimensionales. Por un lado, una expansión genuina de autonomía municipal podría mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos locales a problemas específicos de sus territorios: la sanitaria en un distrito rural no es la misma que en uno industrial o de periferia metropolitana. La descentralización ha mostrado históricamente beneficios en otras provincias argentinas y en jurisdicciones de otros países.
Sin embargo, existe el riesgo opuesto: que la autonomía municipal se convierta en una herramienta para esquivar controles democráticos y permitir la consolidación de liderazgos locales sin límites institucionales claros. En un contexto donde muchos municipios bonaerenses viven bajo gobiernos monocrómicos desde hace décadas, la ausencia de límites a la reelección podría reforzar estructuras oligárquicas muy alejadas del espíritu federalista que se invoca.
Las perspectivas sobre este dilema varían. Desde la visión de Echarren y sus aliados, se trata de completar un proceso constituyente inconcluso hace tres décadas, dando a los municipios herramientas que les fueron negadas. Desde la posición crítica de Rabinovich y sectores de la oposición, se trata de un uso especulativo de la autonomía para perpetuar el poder local. Para Massara, el debate es más matizado: reconoce el derecho pero cuestiona los mecanismos de implementación y los riesgos de que quede capturado por intendentes en busca de perpetuarse.
Lo cierto es que la iniciativa de Castelli abre un interrogante que probablemente trascienda al pequeño municipio: ¿bajo qué condiciones la descentralización de poder fortalece la democracia y bajo qué condiciones la debilita? ¿Puede haber autonomía municipal sin mecanismos de control supramunicipal? ¿Qué tipo de regulación de las reelecciones es compatible con la autonomía misma? Estos serán los ejes sobre los que se medirán las consecuencias políticas e institucionales de lo que suceda en los próximos meses en Castelli.
