La trayectoria de Armando Cavalieri al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó ayer un nuevo hito: la posibilidad concreta de gobernar sin oposición visible durante su próximo período. A los 89 años de edad, después de cuatro décadas sosteniendo el liderazgo de la organización, el veterano dirigente gremial se perfila para iniciar su undécimo mandato consecutivo en una jornada electoral que transcurrirá prácticamente sin disputa. La razón no radica en una abrumadora popularidad, sino en una decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, durante la madrugada previa a los comicios, determinó la exclusión de la única lista que se atrevía a desafiar su continuidad.
El tribunal integrado por los magistrados Víctor Pesino y María Dora González —jueces que previamente se pronunciaron a favor de mantener vigente la reforma laboral impulsada por la administración Milei— resolvió que la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Gisela Paredes, no cumplía con los requisitos estatutarios para participar. Según el dictamen, la nómina opositora no había logrado reunir la cantidad mínima de avales exigidos por la normativa interna del gremio. Para esta convocatoria, el estatuto demandaba que cada lista presentara firmas equivalentes al 3% de los afiliados activos con los aportes al día, cifra que en números absolutos se traducía en 1.504 avales como piso inalcanzable.
El trasfondo de una exclusión cuestionada
La Junta Electoral del sindicato concluyó que la Lista Celeste-Verde había presentado 1.649 firmas de apoyo, cantidad que parecería suficiente a primera vista. Sin embargo, el análisis caligráfico ordenado por la justicia electoral determinó que 1.238 de esas rúbricas presentaban observaciones técnicas, lo que reducía dramáticamente el total válido de avales. De este modo, la nómina encabezada por Paredes quedaba por debajo del umbral requerido, con lo que se cerraba la única puerta para una contienda electoral competitiva. Paralelamente, la lista oficialista de Cavalieri —identificada como Azul— había presentado más de 15.000 avales, una cantidad que superaba ampliamente cualquier exigencia estatutaria.
La reacción de Paredes, quien se desempeña como secretaria de la Mujer dentro del gremio y anteriormente cumplió funciones como delegada en la cadena Carrefour, fue inmediata y contundente. La dirigente anunció su intención de apelar la sentencia y acusó al oficialismo de haber incurrido en lo que denominó "forum shopping": la práctica de seleccionar tribunales considerados favorables para dirimir una controversia. Según su lectura de los hechos, Cavalieri habría recurrido a magistrados "amigos" para evitar enfrentar a una rival en las urnas. Paredes destacó además que su equipo legal había solicitado formalmente la recusación tanto de Pesino como de González, argumentando conflictos de interés vinculados con decisiones previas de estos jueces respecto de cuestiones laborales de envergadura.
Cicatrices del enfrentamiento previo
Las tensiones entre Paredes y la estructura de poder actual del sindicato tienen raíces profundas que exceden lo meramente electoral. Hace poco tiempo, la dirigente presentó una denuncia penal acusando al gremio de incurrir en presuntos sobreprecios durante la adquisición de pañales, con un monto cuestionado que ronda los $9.500.000. Paredes asocia su posterior despido de Carrefour —trabajo del cual gozaba de protección gremial derivada de su condición de delegada sindical— y su salida de la administración provincial de Buenos Aires con lo que describe como "una operación" orquestada por Carlos Pérez, presidente de Osecac, la obra social del sindicato. Este último funciona como el articulador entre la cúpula dirigencial y los delegados de base, ejerciendo influencia determinante en los supermercados de la cadena Coto, donde en tiempos pasados había tenido presencia significativa Ramón Muerza, otro de los históricos retadores de Cavalieri.
La historia de Cavalieri frente al gremio constituye un fenómeno de longevidad política poco común en el movimiento sindical argentino. Durante las décadas de 1980 y 1990, mientras se desempeñaba como secretario de prensa de la CGT bajo la conducción de Saúl Ubaldini, logró transitar los complejos vericuetos de la negociación con distintas fuerzas militares. Posteriormente, durante la etapa democrática ininterrumpida que comenzó en 1983, cultivó relaciones fluidas con gobiernos de diferente signo político, estableciendo un patrón de diálogo continuo y aceitadas conexiones con las estructuras del poder ejecutivo. Su capacidad para mantener la cohesión interna del gremio mientras negociaba con gobiernos de variada orientación ideológica se consolidó como una característica distintiva de su gestión.
Esta tercera contienda electoral consecutiva en la cual Cavalieri se ve enfrentado por un rival constituye un indicador de las fracturas que se abren en el liderazgo. Primero fue Oscar Nieva quien se atrevió a plantear un desafío al establishment sindical. Posteriormente llegó Ramón Muerza, veterano adversario que nuevamente buscaba desplazar al líder histórico. Ahora es Paredes, quien durante su permanencia en la administración Kicillof en el Ministerio de Trabajo bonaerense, adquirió experiencia en gestión pública que la posicionaba como una alternativa. Curiosamente, los tres aspirantes comparten un trasfondo común: todos realizaron sus intentos de desafío desde posiciones identificadas con sectores que podrían considerarse vinculados con el oficialismo de turno, ya sea en términos provinciales o gremiales.
La voz oficial y lo que sigue
A través de un comunicado, Cavalieri evaluó la resolución judicial como la confirmación de un principio fundamental del proceso electoral: que todas las agrupaciones que compiten deben respetar las reglas y requisitos establecidos previamente. Desde la óptica de la conducción sindical, la justicia habría validado un procedimiento riguroso en el cual se verificó la autenticidad de cada firma, descartando aquellas que presentaban inconsistencias documentales. La cifra que subraya el oficialismo —los más de 15.000 avales presentados por su lista— se propone como evidencia de un apoyo amplio y consolidado entre los afiliados.
Sin embargo, el conflicto dista de haber llegado a su término. Paredes ha manifestado su intención de continuar impugnando la decisión judicial en instancias superiores, lo que abre la posibilidad de que nuevos fallos modifiquen el escenario. Paralelamente, existen indicios de que la cantidad total de afiliados en condiciones de votar ronda los 50.000, aunque este dato permanece bajo debate según las distintas interpretaciones de qué constituye "estar al día" con las obligaciones hacia el sindicato. El universo electoral de referencia, por lo tanto, sigue siendo una cuestión sometida a interpretación.
Las consecuencias mediatas de este proceso electoral trascienden las meras estructuras gremiales del comercio porteño. Un triunfo de Cavalieri sin competencia electoral plantea interrogantes sobre los mecanismos internos de democracia sindical, las garantías de equidad en procesos electorales donde la máquina dirigencial posee recursos desproporcionados, y la efectividad de los controles judiciales sobre cuestiones que afectan derechos políticos de trabajadores afiliados. Simultáneamente, desde otra perspectiva, la aplicación estricta de requisitos estatutarios podría interpretarse como necesaria para mantener orden y transparencia en procesos electorales que, sin reglas claras, corren el riesgo de caer en procedimientos arbitrarios. La tensión entre estas dos lecturas —una que prioriza la participación inclusiva y otra que enfatiza el cumplimiento de formalismos— define el debate de fondo que subsiste más allá de la resolución de este caso específico.
