Las primeras imágenes de Fernando Cerimedo en custodia judicial boliviana dejaron una estampa que combinaba el desmoronamiento emocional con la negación sistemática de los hechos que lo rodean. El exasesor político, quien hasta hace poco desempeñaba funciones en el círculo cercano del presidente de Bolivia, fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia que resultaría suspendida antes de siquiera comenzar, según los registros de los procedimientos. Su aparición pública, la primera tras su arresto en territorio boliviano, marcó un punto de inflexión en un caso que ha captado la atención de múltiples jurisdicciones y que involucra acusaciones de gravedad extrema.
El consultor derechista fue abordado por la prensa momentos antes de dirigirse a la sala de audiencias. Cubierto con una capucha y escoltado por efectivos de las autoridades locales, Cerimedo emitió una única frase con contenido sustantivo: solicitó poder reunirse con sus hijos. Esa petición fue acompañada por un llanto que no cesó durante el breve intercambio con los periodistas presentes. Más allá de esa declaración, su estrategia consistió en responder mediante gestos corporales: negaciones de cabeza, encogimientos de hombros, y un silencio deliberado que su defensa legal evidentemente había recomendado mantener. La gestión de su comunicación en ese momento sugiere una defensa que prefiere no agregar declaraciones a un expediente que crece cada día con nuevos elementos de investigación.
Las preguntas sin respuesta y la estrategia de defensa
Cuando los periodistas le formularon interrogantes sobre la autoría intelectual del ataque, sobre si fue él quien citó a Nadia Beller al sitio donde ocurrió el tiroteo, y sobre el contenido de sus últimas conversaciones con la víctima, Cerimedo optó por no emitir palabra alguna. Su negativa física fue el único recurso expresivo que utilizó en esos casos. La pregunta sobre si había amenazado a Beller recibió un intento de negación verbal, aunque débil y casi inaudible. La consulta respecto de su paternidad respecto del embarazo que cursa Beller —según informes médicos de al menos cuatro semanas de gestación— fue completamente eludida. En un momento de particular tensión, cuando se le pidió que se defendiera de las acusaciones, Cerimedo se cubrió el rostro con las manos y mantuvo el mutismo más absoluto. Finalmente, antes de ingresar al ascensor que lo conduciría a las plantas superiores del edificio judicial, logró articular apenas tres palabras: "no puedo hablar".
Esta conducta refleja una estrategia legal común en casos de alta complejidad: preservar el derecho a no autoinculparse y evitar que declaraciones espontáneas o bajo presión mediática puedan ser utilizadas en su contra durante los procedimientos formales. Sus abogados, encabezados por Margarita Arce, han adoptado una posición defensiva que va más allá de la negación de responsabilidad. Arce ha presentado una narrativa alternativa: sugiere que el episodio de violencia constituyó un "autoatentado" orquestado por la propia Beller con el propósito de desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, a quien Cerimedo asesoraba hasta antes de su detención. Esta teoría se fundamenta, según la defensa, en los antecedentes políticos de Beller como activista vinculada históricamente al Movimiento al Socialismo, la organización política de Evo Morales que gobernó Bolivia durante casi dos décadas hasta 2019.
Un contexto político complejo y una audiencia diferida
El trasfondo de esta acusación no es menor. Bolivia ha experimentado en los últimos años una polarización política significativa, con tensiones recurrentes entre distintas facciones que compiten por la hegemonía del poder estatal. La llegada de Cerimedo al círculo asesor del presidente Paz representaba, en ese contexto, la incorporación de un consultor de línea derechista con experiencia en Argentina, donde había trabajado en la órbita de Javier Milei. Su presencia en La Paz simbolizaba cierto alineamiento ideológico con corrientes políticas que difieren sustancialmente de las que dominaron Bolivia durante la era Morales. El hecho de que Beller tuviera trayectoria en el MAS añade una capa adicional de complejidad a la narrativa que construye la defensa de Cerimedo: la sugerencia implícita de que conflictos políticos profundos podrían estar operando detrás del incidente violento.
La audiencia que debería haberse realizado ese jueves no llegó a efectuarse. Los registros judiciales indican que ni Cerimedo ni los representantes del Ministerio Público se presentaron a tiempo en la citación, lo que obligó a las autoridades judiciales a reprogramar la sesión para el día siguiente. En esa nueva fecha, la fiscalía presentaría formalmente su solicitud para que Cerimedo fuera colocado bajo prisión preventiva por 180 días, acusado de ser el autor intelectual del ataque a balazos. Mientras tanto, Cerimedo se negaba a prestar declaración indagatoria en la justicia boliviana siguiendo las recomendaciones de su equipo legal. Un aspecto notable de su comportamiento en el Palacio de Justicia ocurrió dentro del ascensor: una vez que las puertas se cerraron, se desmoronó físicamente, arrojándose al piso y continuando con su llanto sin control aparente.
Este caso ilustra la intersección de múltiples dimensiones: la violencia de género, que constituye un problema estructural en América Latina; la política internacional y los movimientos de asesores entre países; y las complejidades de los sistemas judiciales nacionales cuando se enfrentan a delitos que involucran a figuras públicas o personas conectadas con círculos de poder. Las próximas etapas del proceso determinarán si Cerimedo permanecerá detenido, si se producen nuevas revelaciones sobre los hechos, y cómo se desenvuelve la narrativa que sus abogados intentan establecer sobre la naturaleza de lo ocurrido. Las implicancias se extienden más allá del caso individual: tocan temas de seguridad, responsabilidad penal de asesores políticos, y la capacidad de los sistemas de justicia para procesar casos que trascienden las fronteras nacionales. Los diferentes actores involucrados —la víctima, los investigadores, la defensa, y el sistema judicial boliviano— seguirán dialogando a través de los mecanismos formales en los próximos meses, mientras la sociedad boliviana observa cómo se resuelven estas interrogantes.
