La grieta entre el ruido digital y la violencia física

En los últimos días, un episodio de sangre ocurrido en una habitación de hotel en Bolivia se convirtió en detonante de una cascada de revelaciones que sumergen nuevamente a la Casa Rosada en turbulencias. Fernando Cerimedo, quien durante años operó como asesor presidencial en el círculo íntimo de Javier Milei, ha quedado envuelto en una trama que mezcla delito común, espionaje interno, lavado de dinero y una red internacional de agitadores digitales. Lo que parecería ser un hecho criminal aislado —el ataque a balazos contra Nadia Beller, expareja de Cerimedo, quien se encontraba embarazada— se transformó en la punta de un iceberg que expone las prácticas, los vínculos y los métodos de una clase política que opera en los márgenes del sistema democrático, utilizando herramientas que hace apenas una década no existían.

La relevancia de este caso trasciende lo criminal. Se trata de la materialización de una pregunta que ha perseguido a los analistas de la política contemporánea: ¿qué distancia existe entre la violencia que se ejerce a través de palabras e imágenes en las plataformas digitales y la violencia que se ejecuta con armas en la realidad física? Cerimedo no es un personaje marginal. Durante años construyó su carrera como el maestro de ceremonias de una maquinaria de agresión simbólica que ha llegado a infiltrarse en las estructuras más delicadas del Estado argentino. Su caso funciona como un espejo —turbio, deforme, pero funcional— en el cual la democracia puede mirarse y reconocer algunas de las patologías que la están transformando desde adentro.

El oficio invisible: cómo se ejerce el poder sin figurar en el organigrama

Durante mucho tiempo, los gobiernos se estructuraban sobre la base de ministros, secretarios y subsecretarios que respondían a jerarquías visibles. Sus nombres aparecían en boletines oficiales, sus despachos tenían direcciones registradas, sus competencias estaban escritas en decretos. Esa arquitectura ha sido parcialmente desmantelada. Emergió una nueva especie de funcionario: el asesor que no figura en organigrama alguno, cuyo poder supera al de cualquier ministro pero cuya existencia formal es fantasmal. Cerimedo representó ese arquetipo. No tenía cargo oficial. Nadie podría haber encontrado su nombre en ningún documento administrativo. Sin embargo, sus instrucciones eran ejecutadas, sus estrategias se implementaban, su palabra contaba en la toma de decisiones que afectaban a millones de personas.

El servicio que prestaba era específico: la orquestación de campañas en redes sociales. En una confesión que realizó ante autoridades judiciales, Cerimedo admitió ser el comandante de lo que denominó "una legión de trolls": cuentas que proliferan en plataformas digitales con el propósito de irritar, injuriar, desviar conversaciones y crear conflictos. Algunas de esas cuentas son operadas por personas reales; otras son autómatas, programadas mediante software para emitir mensajes coordinados. La lógica detrás de estas operaciones es simple pero efectiva: si se logra contaminar el espacio digital con ruido, si se consigue que determinados temas dominen la agenda a través del odio dirigido, entonces la realidad política comienza a moldearse según esos impulsos.

Esta metodología no es Argentina. Existe documentación sobre cómo funciona en otros países y contextos. Un ensayista italiano, Giuliano da Empoli, analizó estas estrategias en una obra que se volvió influyente entre analistas de comunicación política. Su síntesis es lapidaria: la política contemporánea podría reducirse a una ecuación básica que combina sentimientos viscerales con mecanismos automatizados de difusión. Cerimedo no inventó esta técnica. Simplemente la trasladó a Argentina, la adaptó a su contexto local y la puso al servicio de una fuerza política emergente que le brindaba protección, recursos y legitimidad.

De Bolivia a la Casa Rosada: cómo un crimen revela una red de complicidades

El ataque contra Beller en Santa Cruz de la Sierra tiene características peculiares. Cerimedo había recomendado que ella se hospedara en ese hotel específico para "estar a resguardo". Mientras los agresores la golpeaban y le disparaban, él permanecía comunicándose con ella por teléfono. La víctima alegó posteriormente que Cerimedo le había entregado información sensible sobre corrupción en Bolivia, supuestamente relacionada con Evo Morales. ¿Se trataba de un setup? ¿De una operación que salió mal? ¿De un castigo por algo que Beller sabía? Las preguntas permanecen abiertas, pero lo que sí quedó documentado es que Beller, después de recuperarse, decidió revelar información que había recibido de Cerimedo.

Esa información tocaba un punto sensible para el gobierno argentino. Según los relatos de Beller, Cerimedo le había confesado ser la fuente de unos audios en los cuales el entonces director de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, narraba presuntamente acuerdos de corrupción. En esas grabaciones, Spagnuolo afirmaba que Karina Milei y sus primos Eduardo y Martín Menem obtenían comisiones equivalentes al 3% de los contratos suscritos en el organismo. La misma acusación fue luego repetida por Cerimedo ante el fiscal Franco Picardi, quien investiga lo que los medios denominaron "la causa ANDIS". Las palabras exactas que Cerimedo empleó fueron reveladoras: "Spagnuolo me dijo que los Menem se están choreando casi un palo por mes".

El impacto de estos testimonios fue significativo. Lo que pudo haber permanecido como un incidente criminal aislado en un país vecino se convirtió en munición política doméstica. Para Karina Milei y los hermanos Menem, las declaraciones de Cerimedo funcionaron como validación de sus presunciones sobre quiénes estaba conspirando contra ellos. Identificaron como responsable de filtraciones y sabotajes a Santiago Caputo, el asesor estrella conocido en círculos políticos como el "Mago del Kremlin", una referencia oblicua a su capacidad para maniobrar en las sombras. Según el relato que circula en el entorno presidencial, Cerimedo habría formado parte de los equipos digitales que rodean a Caputo, lo que lo convertía en un agente directo de esta supuesta conspiración.

Las redes como arma de guerra política: una historia que cruza fronteras

Lo que emerge del caso Cerimedo es que su operación no se limitaba a Argentina. Mientras trabajaba para Milei en el territorio nacional, también intervenía activamente en procesos electorales de otros países. Durante la campaña presidencial brasileña, Cerimedo participó en operaciones digitales a favor de Jair Bolsonaro. Su participación fue detectada por autoridades electorales brasileñas, y el Tribunal Superior Electoral de Brasil ordenó la cancelación de las cuentas desde las cuales él emitía contenido político. El juez que firmó esa resolución fue Alexandre de Moraes, una figura que ha ganado notoriedad internacional por sus decisiones contra actores de derecha. Años después, Milei se referiría a Moraes con un insulto durante un viaje a San Pablo, lo que reveló la profundidad del conflicto entre ambos personajes.

Después del intento de golpe de Estado brasileño del 8 de enero de 2023, Cerimedo fue investigado nuevamente, aunque sin que recayeran sanciones sobre él, por canalizar información en redes que habría movilizado a participantes de ese conato insurreccional. La sospecha de que operadores digitales como Cerimedo cumplen un rol en la coordinación de movimientos políticos radicales entre países es significativa. Sugiere la existencia de una infraestructura internacional de agitación ideológica que opera sin fronteras, coordinándose alrededor de figuras políticas y empresariales que financian estas operaciones.

Las conexiones de Cerimedo se extendían hacia otros continentes. En Estados Unidos, se le atribuye haber facilitado encuentros entre Milei y Tucker Carlson, un comentarista conservador influyente en medios de comunicación estadounidenses. En Honduras, asesoró al presidente Nasry Asfura. En España, se asoció con Javier Negre, un periodista vinculado a Vox, el partido de ultraderecha español. Esta red internacional forma lo que podría denominarse una "cadena de agitadores ideológicos" que comparte métodos, financiamiento y objetivos comunes: ejercer presión sobre gobiernos, influir en elecciones y crear un clima de polarización que facilite la llegada al poder de fuerzas políticas afines.

El ecosistema opaco: dinero, negocios y poder entrelazados

Lo que las revelaciones de Beller pusieron en evidencia fue que las operaciones de Cerimedo no eran meramente ideológicas. Detrás de las campañas digitales, de la agitación de masas en redes, de la creación de tendencias de opinión, existía una estructura de negocios cuyas características Beller describió con términos como "lavado de dinero" y "manejo poco claro de recursos". Estos indicios se conectan con una realidad más amplia que ya estaba siendo documentada por investigaciones judiciales: la existencia de un círculo de empresarios y operadores que se benefician simultáneamente del acceso al Estado y de la realización de negocios con entidades estatales.

Leonardo Scatturice representa este patrón de manera notable. Empresario cercano a Caputo —aunque los últimos rumores sugieren que esa proximidad se ha enfriado—, Scatturice ha sido beneficiario de contratos estatales en el área de ferrocarriles. Bajo su responsabilidad está el tendido de fibra óptica para estaciones de trenes. Pero su portafolio se extiende más allá. Adquirió Flybondi, una línea aérea que antes de su compra estaba al borde de la insolvencia, y OCA, una empresa de correos con antecedentes de crisis operativa. Ambas compañías eran consideradas inviables en sus mercados respectivos. Sin embargo, bajo la dirección de Scatturice, ambas continúan operando, aunque Flybondi ha cancelado aproximadamente el 80% de sus vuelos en los últimos meses, generando pérdidas masivas para pasajeros y empleados.

Lo intrigante es la pasividad de las autoridades regulatorias. Oscar Villabona, responsable de la Administración Nacional de Aviación Civil, no ha abierto sumario alguno contra Flybondi, no ha aplicado multa alguna, ni siquiera ha emitido comunicado público sobre la situación de la aerolínea. Esta inacción no es accidental. Villabona depende administrativamente de Santiago Caputo, el mismo asesor que gravita alrededor de Scatturice. Los últimos trascendidos indican que Flybondi se fusionaría con OCA en una entidad logística que llevaría por nombre OCAIR —una denominación que algunos analistas señalaron con ironía, dado que "ocaer" suena fonéticamente al verbo caer—. La operación sugiere un rediseño de activos para canalizar recursos de manera más opaca a través de múltiples plataformas corporativas.

Fracturas en la máquina del poder: los primeros síntomas de derrumbe

El sistema que Caputo ha construido muestra señales de fatiga. Los negocios de Scatturice están generando problemas financieros que obligan a aportes de capital imprevistos. Además, se disolvió el contrato que vinculaba a la consultora Tactic Global con la SIDE, el organismo de inteligencia nacional. Esa consultora era importante para Caputo porque su director era Barry Bennett, presentado como asesor de campaña de Donald Trump, lo que permitía a Caputo alardear de poseer acceso privilegiado a los círculos de poder en Washington. Pero cuando Peter Lamelas, auténtico representante de Trump en Argentina, llegó a la embajada estadounidense, la utilidad de Bennett desapareció. Este cambio de guardia en la diplomacia estadounidense debilitó la posición de Caputo.

En otras áreas de su dominio, Caputo enfrenta obstáculos similares. En Salud, los directivos de PAMI, Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, presentaron sus renuncias pero aún no han sido reemplazados. El organismo enfrenta una crisis de prestaciones comparable a la de Flybondi. Un subordinado de Cristian Ritondo, Guido Giana, fue expulsado acusado de conductas irregulares. En Telecomunicaciones, Diego Santilli, actuando en nombre de Karina Milei, ha desplazado a figuras que respondían a Caputo, incluyendo a Dario Genua en la Secretaría de Innovación, y ha asumido control directo del Enacom. Estos movimientos indican que la influencia del "Mago" está siendo erosionada desde múltiples flancos.

La tormenta desatada por la revelación de Beller llega en un momento de fragilidad institucional. Luis "Toto" Caputo, el ministro de Economía, ha estado pidiendo "orden político" para tranquilizar los mercados, pero la Casa Rosada continúa sacudida desde que cayó Manuel Adorni como vocero presidencial. En este contexto de inestabilidad, la figura de Mauricio Macri ha ganado relevancia. El expresidente se ha acercado al gobierno actual, aunque mantiene cautelosamente una posición de no-alianza formal. Sin embargo, esa alianza ya funciona de facto: múltiples funcionarios provienen de filas de su partido Pro, incluyendo a Patricia Bullrich, el mismo Luis Caputo, Santiago Bausili, Quirno, Santilli, Federico