El cronómetro legislativo avanza sin piedad. Apenas quedan poco más de sesenta días para que expire el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, y en ese estrecho margen temporal el oficialismo pretende impulsar una transformación profunda de las reglas electorales del país. La encrucijada no es menor: se trata de modificaciones sustanciales sobre cómo los argentinos elegirán al próximo mandatario, justamente cuando falta un año para que Javier Milei pueda o no renovar su mandato presidencial. Lo que en principio podría parecer un debate técnico sobre procedimientos se ha convertido en una batalla política de envergadura, donde chocan perspectivas irreconciliables sobre qué es legítimo hacer y cuándo hacerlo en un sistema democrático.

Una advertencia desde los estrados judiciales

Los magistrados de la Cámara Nacional Electoral—Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas—decidieron intervenir en el debate mediante un instrumento inusual pero contundente: una acordada que funciona como un toque de atención al poder político. El documento no favorece a ningún bando ideológico en particular; simplemente plantea un principio que ha regido en múltiples democracias alrededor del globo. La esencia de aquel pronunciamiento puede resumirse así: no corresponde alterar los mecanismos electorales cuando ya se aproxima el momento de competir bajo esas reglas. Es una máxima que trasciende las simpatías partidarias y se ancla en una lógica elemental: si modificás los términos de un enfrentamiento electoral cuando los contendientes ya están preparándose para disputar bajo esas condiciones, vulnerás los fundamentos mismos de la competencia democrática.

Tal advertencia cobra mayor relevancia al considerar que el proyecto debatido en el Senado implica cambios electorales de magnitud. No se trata únicamente de cuestiones administrativas. El texto que cursa en la Cámara Alta incluye disposiciones que transformarían aspectos centrales de cómo funciona hoy el sistema de candidaturas, alianzas y confrontación pública de propuestas. La Justicia Electoral, en su rol de guardiana de procedimientos, señaló un sendero claro: hay una ventana temporal para estas transformaciones, y esa ventana está por cerrarse. Después de que transcurra esta sesión legislativa ordinaria, cualquier cambio a las reglas electorales deberá esperar hasta después de que concluyan los comicios presidenciales del año siguiente. Eso marca una diferencia radical entre actuar ahora o postergarse hasta marzo del próximo año, cuando la Cámara reabre sus sesiones.

Las presiones internas y los rechazos externos

Dentro de la administración nacional reina una peculiar división de aguas. Karina Milei, figura política insoslayable en el gabinete presidencial, ha estado ejerciendo presión sobre gobernadores y fuerzas políticas aliadas. Su mensaje ha sido directo: quien no ayude a sancionar la eliminación de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas—conocidas como PASO—no podrá contar con pactos electorales de cara a los próximos comicios. Es una jugada de poder clásica: condicionar acuerdos políticos a cambio de apoyo legislativo para una agenda específica. Sin embargo, esa estrategia ha chocado frontalmente contra murallas que no se dejan derribar con amenazas.

La oposición a estas reformas proviene de actores que el gobierno consideraba aliados o, al menos, actores con los que podría llegar a acuerdos. Pro, el partido de Mauricio Macri, ha mantenido una posición firme: no votará a favor de la eliminación de las PASO. Esa decisión fue tomada tiempo atrás y ha sido ratificada en las últimas jornadas. Los gobernadores, por su parte, tampoco están dispuestos a negociar cuestiones que atañen al sistema electoral, según han dejado trascender sus máximos referentes legislativos. Mientras que pueden dialogar sobre recursos fiscales, transferencias presupuestarias o políticas de gasto, el territorio de las reglas electorales permanece vedado. Existe, en las provincias, una convicción profunda: el sistema electoral no es materia de comercio político.

Simultáneamente, dentro del entorno presidencial circulan versiones contradictorias. Mientras Milei mantiene su discurso público sobre la necesidad de eliminar primarias que considera costosas e impopulares, otros voceros cercanos al primer mandatario sugieren un cálculo distinto. Según ellos, el Presidente estaría reconsiderando la intensidad con que desea pelear esta batalla legislativa. Preferería, en su evaluación, concentrar sus energías políticas en impulsar reformas económicas antes que desgastarse con los aliados por una cuestión electoral. Eduardo "Lule" Menem, colaborador influyente de la vicepresidenta, habría estado sondeando la posibilidad de dilatar el debate hasta marzo, cuando reabre la legislatura. Pero esos sondeos no han retornado con noticias alentadoras para quienes impulsan la postergación.

Las motivaciones reales detrás del cambio de reglas

El gobierno ha presentado públicamente argumentos sobre la impopularidad de las PASO y el gasto estatal que generan. Ambas afirmaciones contienen algo de verdad. Sin embargo, funcionarios cercanos a la administración han reconocido, en conversaciones reservadas, cuáles son las motivaciones profundas detrás de esta iniciativa. La eliminación de primarias perjudicaría significativamente al peronismo, la principal fuerza opositora, porque le impediría resolver sus conflictos internos a través de una competencia electoral legítima. Sin mecanismos de primarias, el peronismo se vería obligado a presentar múltiples candidatos en los comicios generales, dividiendo sus votos y debilitando su capacidad de competencia.

Pero hay más. Dentro del gobierno existe otra preocupación: la propia. Funcionarios han expresado, con cierto grado de paranoia admitida, que la eliminación de las PASO impediría que dirigentes que comparten la orientación política del gobierno pero discrepan con sus formas, imaginen candidaturas alternativas dentro del mismo espacio político. En otras palabras, Milei ve en las primarias obligatorias una amenaza a su liderazgo dentro de su propia coalición. Esto explica por qué Karina Milei ha estado especialmente interesada en este cambio: buscaba, simultáneamente, debilitar al adversario peronista y asegurar su propio espacio político sin competidores internos. Esa es la razón real, no siempre explicitada, que impulsa la reforma.

Las complejidades legislativas y los cambios que trascendieron

Cualquier modificación al sistema electoral requiere, en Argentina, contar con mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas. Esto significa que se necesitan 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, independientemente de cuántos legisladores estén presentes en el recinto. Es un piso extremadamente exigente, diseñado deliberadamente para que los cambios a las reglas de juego no sean cosa de gobiernos pasajeros. El oficialismo no posee esa mayoría de manera automática, lo que explica por qué ha necesitado presionar a aliados y gobernadores. La resistencia de Pro en la Cámara Baja es particularmente relevante, ya que ese bloque tiene un peso numérico muy significativo en esa cámara, mucho más que en el Senado, donde mandan los gobernadores.

El proyecto de reforma política enviado al Congreso no se agota en la cuestión de las PASO. Incluye también la implementación del sistema de "ficha limpia", que impide ser candidato a cualquier persona condenada por delitos dolosos. Este componente resulta particularmente relevante porque ha sido histórica bandera del macrismo. La diputada Silvia Lospennato, en su momento, fue la cara visible de esta lucha, y quedó una imagen icónica de su frustración cuando el proyecto no pudo ser tratado en su tiempo. Ahora Pro tiene la oportunidad de lograr lo que no consiguió años atrás, pero para ello debiese acompañar una reforma que incluye la eliminación de las primarias, que Pro rechaza. Existe una salida: votar a favor del proyecto en general pero negar el voto en particular al artículo que afecta las PASO. Tal estrategia legislativa es técnicamente viable, aunque políticamente incómoda.

Otro aspecto que ha quedado relegado de la discusión pública es la supresión de la obligatoriedad de los debates presidenciales. Actualmente existe una disposición legal que obliga a los candidatos presidenciales a enfrentarse públicamente en debates para exponer y contrastar sus ideas. El proyecto del gobierno simplemente eliminó el capítulo que contenía esta obligación, sin hacer explícita la derogación. Fue una maniobra de baja visibilidad mediática pero significativa en términos sustantivos. Los debates adquirieron particular importancia en los últimos comicios presidenciales, y su precedente más recordado es el que enfrentó a Mauricio Macri contra Daniel Scioli en 2015.

Buenos Aires como pieza movible del tablero electoral

Un rumor circula entre los círculos políticos respecto de intenciones del gobernador bonaerense, Axel Kicillof: estaría considerando unificar las elecciones provinciales con las nacionales el año próximo. El trasfondo de esta posibilidad radica en lo sucedido hace poco tiempo: Kicillof ganó ampliamente las elecciones legislativas bonaerenses, pero perdió de manera estrepitosa los comicios legislativos nacionales realizados poco tiempo después. La lógica detrás de la unificación sería evitar ese nuevo desgaste. Sin embargo, tal unificación presenta un problema de complejidad institucional notable.

En la provincia de Buenos Aires se utilizan sistemas de votación diferentes según el nivel electoral. Mientras que a nivel nacional rige la boleta única—mecanismo más transparente y moderno—, en las elecciones provinciales bonaerenses persiste el antiguo sistema de boletas partidarias. Si ambas elecciones se llevaran a cabo simultáneamente en el mismo acto electoral, los ciudadanos deberían votar dentro de la misma cabina empleando dos sistemas completamente distintos. Esto requeriría un período previo de enseñanza y capacitación para que la población pudiera comprender cómo ejercer correctamente su voto en ambas categorías. Los líderes políticos del conurbano bonaerense han resistido históricamente la implementación de sistemas de votación más modernos. Para ellos, la boleta única representa una amenaza a los mecanismos tradicionales de control que han ejercido durante décadas. Representa, en sus propios términos, un salto al vacío hacia una transparencia que erosionaría formas de hacer política profundamente arraigadas en esa región.

Implicancias prácticas y logísticas del cambio de reglas

Más allá de las motivaciones políticas y los cálculos de poder, existen consideraciones prácticas y operativas que han sido poco discutidas públicamente. Los cambios en el sistema electoral—ya sea la eliminación de primarias, la modificación de sistemas de votación, la unificación de elecciones en distintos niveles, o la eliminación de debates obligatorios—generan complejas implicancias logísticas. La Justicia Electoral, encargada de administrar el proceso electoral en su totalidad, requiere tiempo significativo para preparar, capacitar a autoridades de mesa, producir material electoral, establecer nuevos circuitos de fiscalización, y comunicar a la ciudadanía los cambios en los mecanismos de votación.

No se trata de cuestiones menores ni de trámites que puedan resolverse a último momento. Un cambio a las reglas electorales que se sancione en el mes de noviembre o diciembre, cuando apenas restan semanas para el cierre del año legislativo, deja un margen temporal sumamente acotado para que el sistema electoral se prepare adecuadamente. Si la reforma electoral se postergara hasta marzo del próximo año, el plazo sería aún más estrecho, ya que los comicios presidenciales se desarrollarían solo nueve meses más tarde. Esto hace que la advertencia de la Cámara Electoral tenga un contenido práctico además del puramente democrático: o se hace ahora o no se hace, porque después simplemente no hay tiempo material.

El escenario abierto y sus múltiples desenlaces posibles

A apenas dos meses de que venza el plazo legislativo ordinario, el panorama permanece abierto a diversos escenarios. El gobierno puede insistir en sus presiones sobre aliados y gobernadores en busca de los votos necesarios. Pro puede mantener su rechazo a la eliminación de las PASO mientras acompaña otros aspectos de la reforma, particularmente la "ficha limpia". Los gobernadores pueden continuar con su negativa de negociar cuestiones electorales, sin importar qué beneficios económicos se les ofrezca a cambio. Kicillof puede o no avanzar con la idea de unificar elecciones en su provincia. El Presidente puede recalcular sus prioridades y decidir que no vale la pena gastar capital político en esta batalla.

Lo que suceda en estas semanas próximas no es trivial. Define cómo se estructurará la competencia electoral el próximo año. Define si el peronismo podrá resolver sus conflictos internos en una primaria legítima o si será obligado a fragmentarse en los comicios generales. Define si el gobierno de Milei tendrá garantizada una competencia sin desafíos internos o si deberá enfrentar candidatos alternativos dentro de su propia coalición. Define si los debates presidenciales seguirán siendo obligatorios o quedarán librados a la voluntad de los candidatos. Define, en última instancia, bajo qué reglas los argentinos elegirán a su próximo presidente. Las instituciones democráticas, a través de la advertencia judicial, han plantado una bandera: existen límites a lo que puede hacerse a último momento. Ahora corresponde que los actores políticos decidan si respetan esos límites o si insisten en empujar los cambios hasta el borde mismo del abismo temporal.