La administración nacional enfrenta este martes una nueva batalla en su empeño por reconfigurar las reglas del juego político argentino. Desde las 15.30 en la Cámara alta, legisladores debatirán un ambicioso paquete de reformas que abarca desde la eliminación de un sistema de selección de candidatos hasta profundas modificaciones en cómo se financian las campañas electorales. El desafío, sin embargo, trasciende los aspectos técnicos: el Gobierno carece de los números mínimos requeridos para hacer pasar su proyecto por la vía de la mayoría absoluta que la Constitución Nacional exige para estos cambios estructurales. Esto explica por qué en las últimas semanas las negociaciones políticas se han intensificado a niveles raramente vistos, extendiendo conversaciones desde el recinto legislativo hacia los despachos provinciales.

El proyecto que se someterá a consideración constituye, en realidad, un catálogo de transformaciones profundas al sistema de partidos y competencia electoral vigente en el país. La propuesta contempla, entre otros aspectos, la supresión de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), un mecanismo que desde su implementación ha generado debates recurrentes entre quienes lo defienden como garantía democrática y quienes lo critican por considerarlo costoso e innecesario. Sumado a esto, el Gobierno propone rediseñar completamente el financiamiento de los partidos políticos, modificar el sistema de boleta única de papel que se utiliza en los comicios, e introducir lo que se conoce como Ficha Limpia: una barrera legal que impediría a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos acceder a cargos electivos. El paquete incluye, además, cambios en los requisitos para que un partido mantenga su reconocimiento legal, ajustes en los umbrales de votación necesarios, y alteraciones en mecanismos como la publicidad política gratuita y los debates presidenciales obligatorios.

El arduo camino de las mayorías constitucionales

Para que una reforma de estas características sea sancionada en la Argentina, la Constitución establece un requisito exigente: se necesita el voto afirmativo de 37 de los 72 senadores, es decir, la mayoría absoluta de la cámara. Este piso legislativo representa un desafío monumental para la administración actual. La Libertad Avanza, el espacio gobernante, apenas concentra 21 bancas en el Senado, lo que significa que depende completamente de acuerdos con otras fuerzas políticas para alcanzar el objetivo. Este déficit de votos es el factor que explica, en buena medida, la frenética actividad negociadora de las últimas semanas en los pasillos del poder ejecutivo.

Los esfuerzos de captación de apoyo se concentran en dos direcciones principales. Por un lado, está la negociación directa con los bloques parlamentarios, particularmente con el PRO y la Unión Cívica Radical, dos espacios que históricamente han tenido diferencias en cómo conciben la estructura electoral argentina. El PRO, por ejemplo, mantiene una posición algo esquiva respecto a algunos aspectos del paquete. Su titular de bancada, Martín Goerling Lara, ha expresado su oposición a la eliminación completa de las PASO, proponiendo en cambio que estas sean optativas para los partidos —un matiz que señala que incluso dentro de los potenciales aliados existen reservas significativas. Por su parte, los radicales, quienes disponen de diez senadores, también presentan una composición heterogénea. Varios de sus legisladores responden a gobernadores provinciales de diferentes siglas, lo que los hace sujetos a presiones contradictorias según los intereses de sus respectivas provincias.

El factor gobernadores: negociaciones en cascada

La segunda vía de negociación, y probablemente la más determinante, pasa por los gobiernos provinciales. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva semanas manteniendo encuentros con mandatarios provinciales, en algunos casos recibiendo a los aliados en la Casa Rosada y en otros viajando él mismo a los distritos. Esta estrategia respondería a una lógica clara: muchos senadores, aunque no todos, actúan en función de las orientaciones de sus gobernadores locales. Por eso mismo, si el Gobierno logra cerrar acuerdos a nivel provincial —particularmente involucrando temas que interesan a los ejecutivos subnacionales, como el presupuesto federal 2027 y la asignación de obras públicas— es probable que gane apoyo en el Senado de manera indirecta. Los gobernadores que hasta ahora mantienen conversaciones activas con funcionarios nacionales incluyen a mandatarios de provincias del interior como Catamarca, Tucumán y Salta, espacios geográficos donde las negociaciones abarcan no solo la reforma política sino también cuestiones presupuestarias e inversión en infraestructura.

Sin embargo, existen fricciones que complican este esquema de negociación. En Santa Fe, por caso, el gobernador Maximiliano Pullaro pertenece a un espacio político diferente al del Gobierno nacional, y además ha manifestado su intención de mantener las PASO como parte del sistema electoral. Esto genera una tensión con sus senadores provinciales, Carolina Losada y Eduardo Galareto, quienes podrían estar bajo presión tanto desde la Casa Rosada como desde la gobernación santafesina. Situaciones similares se repiten en otras provincias donde la fragmentación política es mayor. La senadora chubutense Edith Terenzi, del espacio Despierta Chubut vinculado al gobernador Ignacio Torres, ha presentado su propia iniciativa sobre Ficha Limpia, lo que sugiere que el oficialismo está incorporando versiones alternativas del proyecto para ampliar su base de apoyo y demostrar flexibilidad a potenciales votantes.

Un aspecto particularmente relevante en el debate sobre las PASO proviene de un análisis defensivo de estas primarias. Desde la senadora Terenzi y otros legisladores se ha argumentado que las PASO funcionan como un mecanismo que impide que la selección de candidatos dependa únicamente de acuerdos entre élites partidarias o de la capacidad de movilización de estructuras organizativas, sino que la anclan en la participación de ciudadanos afiliados. Este argumento sugiere una preocupación más profunda sobre cómo se reclutan y seleccionan los dirigentes políticos en un sistema donde el Gobierno busca flexibilizar estas reglas. La tensión entre la eficiencia electoral que pregona el oficialismo y la apertura democrática que defienden otros sectores refleja visiones divergentes sobre cómo debe funcionar un sistema de partidos en una república.

El contenido de la propuesta: cambios que van más allá de las PASO

Más allá del debate sobre primarias, el proyecto de reforma contiene elementos que tienen implicancias directas en la competencia electoral futura. Propone elevar significativamente el porcentaje de votación privada que pueden recibir los partidos, pasando del 2% al 35%, mientras que elimina el financiamiento estatal de las campañas y la publicidad gratuita en medios. Estos cambios podrían favorecer a fuerzas políticas con mayor capacidad de recaudación privada, potencialmente alterando el equilibrio competitivo entre partidos grandes y pequeños. También se plantea la eliminación de los debates presidenciales obligatorios, mecanismo que ha caracterizado los últimos comicios nacionales y que obligaba a los candidatos a exponer sus posiciones públicamente.

Respecto a Ficha Limpia, el proyecto tipifica una serie de delitos dolosos vinculados con la administración pública —como fraude, cohecho, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el cargo, enriquecimiento ilícito— como causal de inhabilitación para candidaturas. La iniciativa requeriría que la condena esté confirmada en segunda instancia, estableciendo así un estándar legal claro aunque con implicancias que pueden afectar a dirigentes de diversas fuerzas políticas, incluyendo algunas aliadas al Gobierno. Además, la reforma propone aumentar los umbrales de votos y afiliación necesarios para que un partido mantenga su personería jurídica, una medida que podría resultar en la pérdida de reconocimiento legal para espacios que no alcancen esos pisos. Este aspecto ha generado inquietud incluso entre actores políticos cercanos al oficialismo, dado que la viabilidad de fuerzas medianas quedaría cuestionada.

Finalmente, la propuesta incluye cambios en la designación de representantes ante el Parlamento del Mercosur, pasando de una elección directa a una designación indirecta a cargo del Congreso. Este cambio, aunque menor en términos de impacto electoral doméstico, refleja una intención más amplia de redefinir mecanismos de representación. El proyecto completo abarca 79 artículos y representa, en conjunto, un rediseño integral del andamiaje institucional que ha regido la competencia política argentina en las últimas décadas.

La Cámara Nacional Electoral ya ha enviado señales de preocupación al Congreso respecto de estos cambios. Ha advertido sobre la necesidad de que cualquier reforma electoral sea definida con suficiente anticipación respecto a futuras contiendas electorales, especialmente teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales de 2027 no se encuentran demasiado distantes en el calendario. Esta advertencia institucional subraya los riesgos de introducir modificaciones radicales sin el debido tiempo de anticipación, ya que el sistema electoral requiere cierta estabilidad para funcionar adecuadamente y permitir que los actores políticos y la ciudadanía se adapten a nuevas reglas.

Las perspectivas abiertas y los escenarios posibles

La jornada de debate del martes en el Senado revelará el estado real de las negociaciones y permitirá visualizar qué tan cerca o lejos está el Gobierno de conseguir los apoyos necesarios. Sin embargo, más allá de ese acto legislativo específico, la dinámica de estas negociaciones plantea interrogantes más profundos sobre cómo se produce el cambio institucional en la Argentina. El hecho de que reformas de envergadura constitucional dependan fundamentalmente de acuerdos entre el Ejecutivo Nacional y gobernadores provinciales sugiere que el verdadero poder de decisión sobre la estructura electoral reside menos en los senadores individuales que en las negociaciones entre distintos centros de poder territorial. Los gobernadores, en tanto jefes políticos con recursos propios y capacidad de movilización, se convierten en actores decisivos en una cadena de transacciones donde la reforma electoral se entrelaza con cuestiones presupuestarias e inversión pública.

Desde distintas perspectivas, este esquema de negociación tiene consecuencias que merecen consideración. Por un lado, quienes apoyan la reforma argumentan que los cambios modernizarían un sistema electoral que ha mostrado rigideces y que la Ficha Limpia representaría un avance en la lucha contra la corrupción. Por el otro, críticos señalan que algunos de los cambios propuestos podrían consolidar ventajas competitivas para fuerzas ya establecidas en detrimento de espacios emergentes, y que la dependencia de acuerdos con gobernadores podría resultar en concesiones de índole presupuestaria o territorial que afecten las prioridades fiscales nacionales. Asimismo, el resultado de estas negociaciones establecerá un precedente sobre cómo se procesan en el futuro las reformas institucionales de gran alcance en el país, señalando si prevalecerá la construcción de mayorías amplias e inclusivas o si continuarán predominando los arreglos puntuales y transaccionales entre actores con poder territorial.