La provincia de Córdoba se ha convertido en un escenario de complejidades políticas que trascienden los límites provinciales. El proyecto de La Libertad Avanza de competir seriamente por la gobernación en 2027 convive con una realidad incómoda: la necesidad simultánea de negociar respaldos legislativos con el peronismo local para impulsar reformas estructurales que el Gobierno nacional considera prioritarias. Esta tensión entre ambiciones electorales de corto y mediano plazo, por un lado, y necesidades de gobernabilidad inmediata, por el otro, configura un dilema que expone las limitaciones de una estrategia política que pretende avanzar simultáneamente en múltiples frentes.
El mapa de candidaturas y sus implicancias
Dentro del espacio libertario cordobés existe un escenario poblado de aspirantes con perfiles y bases de apoyo distintas. Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de diputados nacionales, emerge como la opción respaldada por la estructura oficial del movimiento. Su trayectoria dentro de La Libertad Avanza desde sus inicios le confiere legitimidad interna, y cuenta con el respaldo de figuras como Karina Milei, Martín Menem y Eduardo "Lule" Meme. La denominación de "puro" que utilizan sus aliados para referirse a él subraya una percepción de autenticidad libertaria, aunque también refleja implícitamente dudas sobre la pureza ideológica de otros competidores internos.
Por su parte, Luis Juez representa una variable distinta. Su condición de senador nacional y su vinculación histórica con La Libertad Avanza le permiten reclamar legitimidad propia, pero su trayectoria política anterior generaba suspicacias entre sectores libertarios ortodoxos. Sin embargo, los datos electorales le favorecen: en los comicios de 2023, cuando fue candidato a gobernador sin ser entonces aliado del oficialismo nacional, obtuvo 41,86% de los votos, quedando apenas cuatro puntos porcentuales por debajo de Martín Llaryora, quien se impuso con 45,2%. Esa cercanía electoral posiciona a Juez como la carta más competitiva según evaluaciones que circulan en espacios políticos locales.
La intervención pública de Martín Juez, hijo del senador y concejal, resulta reveladora. Sus afirmaciones sobre la competitividad de su padre y sus veladas amenazas respecto a posibles pactos entre libertarios y peronismo si Juez no resultara candidato, demuestran que la tensión interna no es meramente especulativa sino que refleja cálculos estratégicos concretos. Este tipo de declaraciones públicas, supuestamente informales, funcionan como señales de negociación en un mercado político donde cada actor busca mejorar su posición.
Las complejidades de la alianza radical y el juego de De Loredo
Rodrigo de Loredo introduce una tercera dimensión al tablero. El referente radical, quien ya ha lanzado su candidatura a la gobernación, interpela públicamente la necesidad de unificar fuerzas opositoras. Su convocatoria, formulada luego del triunfo de Germán Font, el candidato oficialista provincial, en el municipio de Marcos Juárez, adquiere relevancia no solo por lo que plantea sino por lo que implica implícitamente: la fragmentación del voto opositor favorecería la permanencia peronista. En esa elección municipal, la Unión Cívica Radical compitió con lista propia sin sumarse a otras fuerzas, lo cual tensiona su propio llamado a la unificación.
Para los libertarios, particularmente para sectores cercanos a Juez, las palabras de De Loredo generan desconfianza. Interpretan su prédica sobre la unidad como un movimiento táctico para posicionarse como árbitro de futuras coaliciones. La lógica política subyacente es clara: si los radicales logran colocarse como bisagra entre libertarios y otros espacios, su poder de negociación aumentaría significativamente. En contextos electorales provinciales, los terceros espacios frecuentemente se benefician de dinámicas fragmentadas donde ninguna fuerza logra mayoría clara.
La negociación nacional como palanca provincial
Subyacente a todas estas maniobras locales existe una negociación de orden superior que condiciona las posibilidades de cada actor. La Casa Rosada necesita obtener respaldos legislativos para avanzar con reformas que considera estructurales, particularmente la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Este mecanismo electoral, introducido en 2009, amplió significativamente la participación interna de los partidos pero también generó costos financieros y organizacionales considerables, tema que ha sido objeto de debate constante en círculos políticos especializados.
La reunión de Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional, con Bornoroni y Juez a fines de julio no fue casual. El comunicado oficial enfatizó la necesidad de generar "una alternativa potente" desde Córdoba para respaldar el proyecto nacional, pero el contexto reveló dinámicas más complejas. Este encuentro se produjo después de un diálogo previo entre Santilli y Llaryora, durante el cual comenzaron a circular interpretaciones sobre posibles acercamientos entre libertarios y el "cordobesismo". La especulación política sugiere que la Casa Rosada no descarta negociaciones con el gobernador peronista si ello resultara funcional para obtener votos en el Senado, donde se tramitan iniciativas legislativas relevantes para el Gobierno.
Esta lógica genera una paradoja incómoda: mientras La Libertad Avanza busca derrotar electoralmente a Llaryora en 2027, simultáneamente requiere su cooperación legislativa en 2025 y 2026. Esta contradicción no es exclusiva de Córdoba sino que se reproduce en otros distritos donde el peronismo gobierna pero el oficialismo nacional tiene capacidad electoral. La complejidad de la gobernabilidad legislativa en un contexto de fuerzas fragmentadas obliga a negociaciones cruzadas que desafían las categorías binarias de aliado y adversario.
Los resultados recientes como indicadores
Los datos electorales de los últimos procesos proporcionan información valiosa para entender el escenario. En 2023, Milei ganó cómodamente la segunda vuelta presidencial en Córdoba, lo cual fue interpretado como validación de un proyecto político antiperonista en un distrito donde la coalición gobernante había sido hegemónica durante décadas. En 2025, la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza obtuvo una victoria que dirigentes nacionales calificaron como "muy importante". Estos resultados alimentan la percepción en la Casa Rosada de que Córdoba representa una oportunidad real de transferencia de poder, no una ilusión electoral.
Sin embargo, estos triunfos presidenciales y legislativos no automáticamente se traducen en capacidad de ganar una gobernación. Las dinámicas de competencia electoral varían significativamente según la escala territorial y el tipo de contienda. Una elección presidencial donde un candidato antiestablishment moviliza voto de castigo es notoriamente distinta a una gubernatorial donde entran en juego estructuras organizacionales locales, máquinas administrativas en funcionamiento y enraizamiento territorial. El margen de 3,34 puntos porcentuales que separó a Llaryora de Juez en 2023 es estrecho pero también indica que la capacidad peronista de resistencia no debería subestimarse.
Las incertidumbres y la toma de decisiones
La ausencia de definiciones claras sobre quién será el candidato libertario refleja tanto las dificultades internas como los costos políticos de cada opción. Si se privilegia a Bornoroni, se corre el riesgo de que Juez busque acuerdos alternativos que lo fortalezcan personalmente pero fragmenten el voto opositor. Si se prioriza a Juez, debe resolverse la desconfianza de sectores libertarios sobre su trayectoria previa. Si se pretende una alianza con radicales como propone De Loredo, debe definirse en qué términos y cuál sería la distribución de candidaturas que los satisfaría sin alienar a libertarios internos. Cada camino tiene costos diferenciales.
La incógnita sobre si La Libertad Avanza negociará con Llaryora respecto a las PASO adquiere aquí relevancia estratégica. Si el Gobierno decide priorizar sus iniciativas legislativas por sobre sus ambiciones electorales provinciales, podría resultar en acuerdos con el gobernador peronista que, mientras facilitan reformas nacionales, debilitan la capacidad de construir una oposición gubernamental sólida en el territorio. Inversamente, si se priorizan las ambiciones electorales, se sacrifica gobernabilidad legislativa. Ambas opciones conllevan consecuencias que se desplegarán a lo largo de los próximos años.
El escenario cordobés funciona como microcosmo de dilemas que atraviesan la política nacional argentina. La fragmentación de fuerzas políticas, la volatilidad electoral, la necesidad simultánea de construir poder territorial y de garantizar gobernabilidad legislativa inmediata, generan tensiones que las estructuras políticas tradicionales no siempre logran resolver de forma coherente. Los próximos meses evidenciarán si La Libertad Avanza logra construir una estrategia unificada o si las contradicciones inherentes a su posición provocan fragmentaciones que favorezcan a sus adversarios. Lo que suceda en Córdoba probablemente no sea determinante para 2027, pero sí será indicativo de cómo el oficialismo nacional resuelve las tensiones entre ambición y gobernabilidad en territorios clave.
